Edición extra

Las falsedades del ´Grupo activista abuelas´

Estas mujeres son simplemente agitadoras políticas,  madres de terroristas marxistas caídas en la guerra de los 70´ y por ende abuelas de los huérfanos de esas mujeres criminales, que asesinaban por la espalda a víctimas indefensas, robaban, secuestraban y ponían bombas, para peor, todo eso para convertir a la República Argentina en una tiranía como el paraíso cubano  del dictador Fidel Castro). Son miles las madres argentinas que han perdido hijos en ambos bandos de esa guerra, cruel y violenta como todas, pero la mayoría y a diferencia de estas activistas apoyadas por cuantiosos recursos y campañas, recuerdan a los suyos con dolor y respeto, en la sincera intimidad, sin este vergonzante comercio de la muerte y demás consecuencias del duro conflicto.

Para anular el engaño a los ciudadanos por los ex terroristas sobrevivientes y sus cómplices ideológicos - o idiotas útiles - que repiten monocordemente mentiras en la web y en la prensa formal, nada mejor que recurrir a las fuentes, a trabajos basados en los datos de la realidad, concretos, comprobados y documentados, que ya han sido agregados por las defensas a las canallescas causas judiciales iniciadas contra las FFAA por estos temas.

La mentira es siempre derrotada por la verdad, a la larga. ¿Porqué creen los lectores que la causa judicial sobre un inexistente y hasta ridículo plan sistemático de robo de menores, iniciada en 1996, hace seis años, está totalmente paralizada en el juzgado federal donde todavía se labra el ¨sumario` previo al juicio oral? Es que el expediente contiene lo que la jerga de Tribunales se llama ¨basura¨  efectista pero vacía  y saben que de elevar esa causa a un Tribunal Oral - que son profesionales y no politizados - no solo sería despedazada la querella, también habría juicios a granel por alevosos y contradictorios falsos testimonios, es más,  algunos jueces y ex jueces deberían afrontar a la justicia.

Recordemos que como en el Gulag soviético, tenemos aquí varios ciudadanos militares y de la PNA arbitrariamente detenidos, con la causa judicial congelada, por lo tanto sin derecho a defensa alguna y a los cuales, como en una burla se les ha negado la excarcelación por el tiempo sin arribar a  condena alguna

Veamos en el siguiente trabajo los datos de la realidad, lo que tantos periodistas y funcionarios de los tres poderes saben, pero callan:

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"FORO DE LA VERDAD HISTÓRICA"

(ver en: www.geocities.com/forocombat/)

"Informe de la Causa judicial por el presunto plan sistemático de apropiación de menores, una operación política contra las Fuerzas Armadas"

'Separata Nro. 5'

(ver en: www.geocities.com/forocombat/5ta_separata.htm)

(actualizada al 22 de mayo del 2002)

"Un análisis detallado de los 66 niños presuntamente robados y localizados por el grupo activista de las Abuelas, con las pruebas de sus falsedades"

Introducción

Haremos esta introducción antes de encarar el Análisis, para ubicarlo en el contexto completo de la causa judicial por un presunto 'plan sistemático de apropiación de menores' y enlazarlo con lo ya tratado en las cuatro primeras separatas de este Informe, que es ineludiblemente dinámico.

1 - Resumen de lo ya expuesto en el trabajo.

En 1984 la comisión CONADEP recibió denuncias posteriormente transferidas a diversos juzgados y a la Cámara Federal de Buenos Aires, a cargo del juicio a los ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas (Causa 13/84, donde se juzgó 'al sistema' con el cual se combatió).

Entre tales denuncias habían unos 180 presuntos casos de niños robados, que en realidad comprendían a aproximadamente 140 mujeres supuestamente embarazadas al ser apresadas y los 40 restantes a niños menores de 10 años. También fueron transferidas a la Causa 13 y en paralelo, a los jueces federales o de instrucción correspondientes a la jurisdicción de cada hecho puntual.

Como es público, hasta hoy en solo unos 12 de esos casos puntuales los jueces comprobaron apropiaciones de niños y ya han aplicado la ley. Al respecto conviene resaltar tres circunstancias:

a)     Ninguno de los jueces intervinentes en los 12 casos, como así tampoco en los restantes no comprobados, dictaminó que formaran parte de plan sistemático alguno. Tanto es así que el juez Bagnasco no los considera en su actual causa.

b)     En solo 2 de los 12 casos los apropiadores fueron miembros de las FFAA.

c)     Esa reducida cantidad no puede ser indicio de un plan sistemático, en una guerra que duró años, con 8.500 muertos y desaparecidos denunciados con sus datos identificatorios. De ellos casi la mitad - unas 4000 - eran mujeres; haciendo los cálculos más conservadores se infiere que al menos 2000, la mitad de ellas, estarían casadas o en pareja, y a su vez una mitad de ese número tendría como mínimo un hijo o estarían embarazadas. Se deduce que hubo al menos unos 1.000 hijos huérfanos y obviamente no robados.

En la causa 13, partiendo de las mencionadas denuncias ante la CONADEP, se concluyó "que no hubo una acción sistemática para apropiarse de hijos de detenidos" y los fiscales retiraron la acusación al respecto. Hasta 1996, por lo actuado en la CONADEP, Causa 13 y decenas de jueces individuales, estaba claro que solo hubieron unas pocas apropiaciones aisladas no sistemáticas, en el contexto de la larga guerra civil, con 'operaciones militares encubiertas' contra 'organizaciones terroristas clandestinas'.

A principios de 1996, las activistas de ´abuelas´ comenzaron una campaña de prensa y agitación, con inocultable apoyo desde la Subsecretaría de DDHH Nacional – a cargo de la ex terrorista Montonera Alicia Pierini - , manifestando falazmente que tenían nuevas pruebas que indicarían el robo de "más de 500 niños" hijos de desaparecidos.

A poco andar la campaña redujeron mágicamente tal número a "240 niños", tomando datos de viejas denuncias de archivos CONADEP, y como veremos, solo denunciaron formalmente aun menos, tan solo 194. Son los viejos 180 casos de la CONADEP - en su mayoría solo presuntas embarazadas - aumentados apenas en 14 más en 16 años.

A fines de 1996 el juzgado federal del Dr. Bagnasco inició su causa, una verdadera repetición de la Causa 13 y de las antiguas causas puntuales en curso; es más, se basa en un 99% en las mismas acusaciones y testigos presentados ante la Conadep y Causa 13. Los pocos testigos nuevos - conocidos agitadores - son por demás falaces y desconfiables, según se expuso en la Separata 1.

Luego de más de dos años con pocos trámites valederos y mucha prensa, en enero de 1999 el juez Bagnasco – con alevosa ligereza - procesó a varios oficiales por el total de esos 194 presuntos casos, careciendo de toda prueba para ello.

Pero luego de la correspondiente apelación, a fines de 1999 dicho auto de procesamiento fue totalmente anulado por la Cámara Federal, la cual expresó textualmente los siguientes motivos: "una total ligereza en la fundamentación de los casos y las probanzas" por parte del juzgado.

En el segundo procesamiento, dispuesto en escasos días sin casi trámites y sin nuevas evidencias, el juzgado redujo bruscamente el número de casos inculpados a solo 34 en toda esa guerra. Barrió así de un plumazo 160 casos por los cuales había procesado, sin justificar tal cambio con una sola palabra en el expediente.

Este segundo auto fue apelado y luego de largos meses a consideración, en julio del 2000 la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó los procesamientos, pero reduciendo nuevamente el total, de 34 a solo 22 casos hoy remanentes. Por demás extraño plan sistemático con tan escuálidos números, que aun hoy no han sido probados en su mayoría.

Comenzaron en 1996 hablandole al público inadvertido de 500 inexistentes casos, pronto reducidos a 240; arribados al tribunal solo denunciaron 194, luego reducidos a 34 y de los cuales solo quedan hoy 22 en proceso. (Recientemente, en el 2002, han intentando agregar otros diez casos, algunos de los cuales habían sido ya rechazados; el nuevo juez – tercero en esta causa desde su lejano inicio -, aun no ha resuelto al respecto)

Según se demostró en la Separata 1, los 34 casos carecían de evidencias serias, calificación que es extensible a los 22 de ellos aun remanentes.

Como contrapartida, en la Separata 2 se detallan los al menos 227 casos plenamente probados de menores devueltos por las FFAA. El contraste entre estos números es por demás elocuente.

Finalmente:

• no se ha encontrado evidencia alguna de tan solo un caso de menores vendidos por las FFAA , como acusaba irresponsablemente el grupo abuelas ,

• tampoco de presuntas 'listas de espera' de familias militares sin hijos y

• menos de que hubiera existido tal plan sistemático, en forma escrita o por ordenes verbales.

• Por el contrario, en las Separatas 3 y 4 se exponen pruebas documentales contundentes, incorporadas a la causa, como la Orden de Operaciones del Comandante de la Zona 1 de 1977, que disponía la devolución de todo menor y como hacerlo, avalada en su autenticidad por los Fiscales Moreno Ocampo y Strassera en la Causa 13.

• más una orden similar del Ministerio del Interior a la Policía Federal.

2 - Aparición en paralelo del tema central de esta Separata, el de los 66 niños alegadamente robados, que las Abuelas activistas pregonan falazmente en los medios como localizados y recuperados por ellas.

Desde los comienzos de la causa por Bagnasco, el grupo de las abuelas desplegó en los medios una intensa acción de propaganda de acompañamiento sobre la opinión pública, contando con la evidente colaboración de las autoridades entonces a cargo de la Subsecretaría de DDHH – además de Alicia Pierini, hasta miembros del grupo activista H.I.J.O.S son empleados públicos allí, por ejemplo la ex Montonera Claudia Carlotto - a lo cual se sumaron las frecuentes apariciones mediáticas del Juez y del Fiscal Freiler.

En paralelo a esa campaña - que se apoyaba en dicha causa y giraba alrededor de aquellos 194 casos denunciados, hoy reducidos a 22 - desde 1998 las activistas instalaron en la sociedad otro tema, una suerte de telenovela por entregas, con falsos mensajes, donde plantean sucesivos hallazgos propios de una labor casi detectivesca, adjudicándose a troche y moche la ubicación y recuperación de niños robados.

En tal camino, comenzaron en 1996 manejando números cercanos a 40 niños hallados y los fueron aumentando hasta llegar a los 64. Desde un principio llamó la atención de algunos abogados defensores que:

• La mayoría de esos presuntos "localizados" no son denunciados en la causa de Bagnasco,

• tampoco se hacen acusaciones formales en otros juzgados con causas individuales y

• no mencionan procesos judiciales en curso por ellos.

En la misma línea, en enero de 1999 se detectó que los primeros 40 niños cuya "localización y recuperación" se adjudicaban - y pese a ser parte de la lista de los famosos 194 incorporados a la Causa en 1998 por el "denunciante" D'Andrea Mohr y profusamente publicada - sorpresivamente no eran incluidos por el juzgado en el primer procesamiento, pero se mantenía el mediáticamente promocionado número de 194.

Al cotejar tal lista y el mencionado auto de procesamiento, quedó claro que en este último, esos 40 fueron reemplazados por igual número de otros casos extraídos por el juzgado de archivos CONADEP, casos que ni el mismo D'Andrea había mencionado por no poseer las menores evidencias. Eran los que, sumados a los 194 denunciados, cerraban las cifras de aproximadamente 240 mencionadas inicialmente por las activistas al comienzo de su campaña.

Se mantuvo así - casualidad ? - el promocionado "número mágico" de 194 casos, pero solo por un tiempo más. Todos esos reemplazos de último momento, sin excepción, cayeron como castillo de naipes al anularse ese primer acto procesal, como parte de los 160 casos eliminados de un plumazo.

Arreciaron entonces las sospechas de que los 40 reemplazados fueran niños devueltos, junto con algunos casos más ajenos a apropiaciones ilegales. En muchos de ellos, el mismo denunciante D'Andrea Mohr agregaba en su presentación testimonial leyendas tipo: "localizados en tal año, la justicia decidió que sigan viviendo con los adoptantes de buena fe, decidieron seguir viviendo con la familia adoptante legal, etc. ". Tal panorama no lucía como de robos precisamente.

El mero objetivo de propaganda y activismo de las acciones de estas mujeres y del mencionado denunciante que para ellas trabaja, más la casi compulsión del diario Página 12 en agredir a las FFAA, fueron irónicamente el mejor aliado de las defensas de los militares: proveyeron información invalorable, evidenciando burdas contradicciones en sus datos, descubriendo la trampa informativa y como la querella "construía la causa".

Cuando se publicaron la primeras cuatro Separatas de este trabajo, las activistas reaccionaron mal y con un pié en falso ante la pérdida de la iniciativa, por primera vez no eran impunes en sus acciones.

Acumulando errores salieron al aire en varios medios, alegando a la defensiva que "no son solo 12 los niños robados, que ellas ya descubrieron otros 64 robados", como queriendo compensar el bochorno ante las públicas pruebas objetivas y documentadas de sus falacias, sobretodo ante los datos de al menos 227 niños devueltos por las FFAA.

Pero el golpe final sobre sus falsedades provino insólitamente de ellas mismas, en diciembre de 1999, al publicar una nueva edición de su libro - base del análisis de esta nueva 5ta. Separata. Allí sí dicen la verdad, pese a su eufemística y malintencionada redacción, se desmienten pública y documentadamente sobre sus famosos 64 casos, que en realidad suman 66 según veremos.

La Verdad Histórica - esencia del nombre de este Foro - está de nuestro lado; no brindamos datos falsos a la ciudadanía ni a la Justicia y allí reside nuestra verdadera fuerza, de índole exclusivamente moral.

Del análisis que sigue de esos 66 casos, surgirá meridianamente claro que:

• 12 de ellos son los ya demostradamente robados y
• todos los demás son niños devueltos por las FFAA o caen en otras situaciones particulares.

Les será difícil desmentir nuestra palabra, porque nuestros testigos son ellas mismas, y las evidencias están en su libro. Su credibilidad está irremediablemente perdida.

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Análisis de los 66 casos de menores localizados, hecho principalmente sobre los datos del libro del grupo abuelas.

Las descripciones completas de cada uno de los 66 casos están al final de esta separata, agrupados en las Cuadros 1 al 6 según sendas situaciones básicas.

Como metodología de análisis comenzaremos por brindar los principales rasgos del conjunto, pasando luego a comentar los aspectos más importantes y dejando los detalles a la lectura directa de los cuadros, con los datos inéditos y por demás ilustrativos que las mismas activistas han brindado en su libro.

De las seis situaciones básicas surgen los siguientes datos principales:

A continuación se analizarán cada uno de los recién Cuadros mencionados.

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Según se detalla en el Cuadro 1 , 29 de los 66 casos corresponden a niños comprobadamente devueltos a sus familiares o entregados por las Fuerzas Armadas a la Justicia de Menores.

De estos 29 casos surgen las siguientes conclusiones:

• La Justicia en cada caso adoptó diferentes soluciones como es norma ante menores en desamparo, disponiendo su guarda por familiares o personas idóneas, en oportunidades confirmando luego la adopción legal. En 19 de estos 29 casos, los involucrados permanecieron con las familias adoptantes, en 9 volvieron con la biológica y 1 falleció por enfermedad incurable congénita, en un hospital y bajo guarda legal judicial.

• Salvo en uno de los 29 casos, no se conoce que hallan realizado juicios por apropiación ilegal; todos se aclararon entre pocos días del hecho y 1986, excepto dos que lo fueron a principios de los 90'.

• Años después (1998) D'Andrea Mohr trabajó con los archivos de las Abuelas y de la ex CONADEP (depositados en la Subsecretaría de DDHH), recabando datos para presentarse como testigo y sin embargo testimonió estos 29 casos en 1998 ante el juez Bagnasco como presuntos robos por militares; ya se sabia que no era así, en consecuencia, habría incurrido en 29 falsos testimonios.

• Merece un comentario aparte el conocido caso de Ximena Vicario, quien recién nacida fue entregada a una Casa Cuna por las FFAA acorde a la ley. Luego fue allí apropiada e ilegalmente registrada como propia por una enfermera del lugar. Esto quedó claro en el juicio que dispuso su restitución, no hay militares procesados ni acusación de plan sistemático alguno. Fue entregada legalmente, siendo el robo independiente y posterior a los sucesos militares.

• En el caso Sebastián Rosenfeld Marcuzzo (o Mancuzzo) el bebé fue entregado rápida y directamente a su abuela materna en Mar del Plata, a días de nacer en 1978, pero las Abuelas inicialmente denunciaron el caso como de "localización y recuperación en 1983". Ahora aclaran que ellas lo encontraron para los abuelos paternos, "quienes no ubicaban a los maternos" o sea representaron una especie de gestoría de problemas domésticos entre familias, algo muy diferente a "localizar y recuperar niños robados". Es palmaria su mala fe en la presentación del tema al público y a la justicia.

• Un caso paradigmático, para evidenciar el descarnado aprovechamiento político del drama de los niños huérfanos de guerra, es el de Emiliano Ginés, cuyos padres mueren en un tiroteo al allanar el domicilio. El bebé tenía síndrome de Dawn agudo desde su nacimiento y es entregado por las FFAA al Juez de Menores, quien dispone internarlo en un hospital, adonde fallece diez meses después por esa enfermedad. La Abuelas habían presentado primero el caso como "un asesinato" del menor, luego intentaron instalar mediáticamente la idea de posible mala praxis y ahora en el libro insinúan vaporosamente que ese mal incurable "se agravó por descuidos médicos". Por supuesto no mencionan causa judicial al respecto, no siendo creíbles en absoluto.

• El origen, denominador común y factor desencadenante del drama de los niños huérfanos en desamparo, fue sin duda la criminal actividad terrorista de sus padres, con quienes eran llevados a vivir clandestinamente y sometidos a los riesgos y tensiones más extremas a sus cortas edades. Muy avieso el pretender equívocamente dar el vuelta el argumento, echando las culpas a los militares y policías que debieron jugar sus vidas para detener las salvajadas de los irresponsables padres. Interesante preguntarnos que cuota de esa irresponsabilidad le cabe además a las que hoy se presentan como dolientes abuelas, las madres de los entonces terroristas, no pocas de las cuales reivindican abiertamente las tropelías de esos hijos. Muy bien se cuidan, por otra parte, de demostrar el menor dolor por los huérfanos de las víctimas del terrorismo revolucionario, jamás lo han hecho.

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Según el Cuadro 2 , 12 de los 66 casos son los más que conocidos y relativamente pocos casos puntuales de menores comprobadamente apropiados por miembros de las FFAA o Policiales. De estos 12 casos surgen los siguientes comentarios:

• En solo 2 de los 12 casos los apropiadores responsables directos fueron militares.

• Son los únicos 12 casos hasta hoy probados en toda una guerra de años de duración, difícil esgrimir ese número como la evidencia de una acción sistemática y es sabida la falta de otras evidencias de tan absurdo presunto plan.

• Ninguno de los jueces intervinientes en los 12 casos dictaminó que formaran parte de plan sistemático alguno.

• El juez Bagnasco no los consideró en la causa sobre un presunto plan sistemático.

• No se han incluido un par de casos más de aparentes inscripciones ilegales, por no haberse aun comprobado que los niños fueran hijos de desaparecidos. Debe tenerse en cuenta que el lento sistema de adopciones - particularmente en esos años - ha fomentado durante décadas el negocio de la inscripción directa y como propios de niños cedidos o robados, con miles de casos totalmente ajenos a la guerra contra el terrorismo; es más, sigue ocurriendo a la fecha el problema, como es público y notorio.

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Según el Cuadro 3, 6 de los 66 casos corresponden menores apropiados ilegalmente por otros compañeros de militancia terrorista o vecinos, no entrando evidentemente en la clasificación de menores robados por las FFAA y/o localizados por las Abuelas. De estos 6 casos surgen los siguientes comentarios:

• En 4 de los 6 casos (Garbarino, Spoturno, Moscato y Hernandez Hobbas) fueron apropiados ilegalmente por otros compañeros de militancia. Llama mucho la atención que no haya causas judiciales por estos delitos - algunas hasta con transporte al exterior - hecha por aparentes militantes; es evidente que la Abuelas solo denunciaron formalmente apropiaciones ilegales cuando supusieron que involucraban a las FFAA y las omitieron cuando esos delitos fueron cometidos por terroristas.

• El juez Bagnasco no procesó por estos casos en la investigación del presunto plan sistemático de apropiación de menores, lo cual llama la atención y crea un interrogante: aparentemente tendría el libro de las Abuelas incorporado al expediente, por lo cual debería tal vez haber actuado de oficio.

• En 2 de los 6 casos (Arce y Scaccheri) fueron apropiados ilegalmente por vecinos sin que se involucre a las FFAA, pero solo en el segundo caso intervino la justicia; es sospechoso que no haya actuado en el caso Arce.

• 4 de los 6 casos fueron presentados bajo testimonio por el finado D'Andrea Mohr como presuntos robos por militares; ya se sabia que no era así, en consecuencia, acumul hasta aquí en este análisis 33 posibles falsos testimonios.

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Según el Cuadro 4 , 11 de los 66 casos corresponden a niños que estuvieron desaparecidos sin haberse configurado robos, como producto de situaciones anormales de diversos tipo (crisis matrimoniales, fugados al exterior sin avisar a la familia, casos poco claros, etc.). De estos 11 casos surgen las siguientes conclusiones:

• 7 de los 11 casos corresponden a situaciones poco claras, con informaciones muy escuetas y sin datos sobre apropiaciones ilegales de los niños por las FFAA (casos García Hernandez, Gatica, Catnich, Villanueva, Alvarez, Abdala y Gallo). No mencionan en ninguno de ellos - ni se conoce por otras fuentes - sobre la apertura de causas judiciales puntuales por apropiación ilegal y el juez Bagnasco no procesa por ninguno en la investigación del presunto plan sistemático.

• En 3 de esos 7 casos habrían permanecido con la familia con la cual se los encontró.

• En 5 de estos 7 casos D'Andrea Mohr testimonió en 1998 ante el juez Bagnasco como robos por militares del Proceso, pese a que ya se sabia que no era así

• En 1 de los 11 casos (Gallardo) jamás estuvieron desaparecidas la madre ni la niña. Recibieron denuncia de los familiares y luego en 1987 se comprobó que la desaparición de ambos se debió exclusivamente a problemas familiares, habiéndose perdido su rastro desde 1976. Sin embargo D'Andrea Mohr testimonió esto en 1998 ante el juez Bagnasco como robo por militares del Proceso, once años después de haber quedado claro el tema.

• En 3 de los 11 casos (hermanos Fuentes Alcober) jamás estuvieron desaparecidos, ni la madre ni los tres niños, se trata solo de un tío que perdió contacto con ellos al desaparecer el marido de ella en 1976. En 1994 reaparecen para el tío. En el colmo de la especulación y mala fe, las Abuelas dicen que "la familia estuvo separada por el temor del terrorismo de estado" (sic). Parece que tal mentado terrorismo subsistió durante el gobierno de Alfonsín y hasta el fin del primero de Menem; evidentemente es difícil montar una larga cadena de infundios si caer en las contradicciones más flagrantes y en casos, como este, en el ridículo. Pese a lo dicho, D'Andrea Mohr testimonió esto en 1998 ante el juez Bagnasco como robo por militares del Proceso, 4 años después.

• Totalizando los datos, 9 de estos 11 casos, fueron presentados bajo testimonio años después - en 1998 - ante el juez Bagnasco por D'Andrea Mohr como presuntos robos por militares; en consecuencia, el sujeto habría incurrido en más falsos testimonios y acumula hasta aquí en este análisis un total de 42.

• En 1 de los 11 casos (Scaccheri) fue localizada la menor en 1985, apropiada ilegalmente por un vecino del lugar donde vivía al ser capturada la madre, el cual la inscribió como hija propia. Fue llevado a juicio en el Juzgado C.C. 3 de La Plata en la causa 8291 y el juez en la sentencia no establece que el hecho sea parte de plan sistemática alguno, ni hace cargos de complicidad a integrantes de las FFAA; el juez Bagnasco no procesa por el caso en su causa.

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Según el Cuadro 5 , 6 de los 66 casos corresponden al hallazgo e identificación de cuerpos N.N. de mujeres aun embarazadas al morir, no entrando obviamente en la clasificación de menores robados y/o localizados. De estos 6 casos surgen las siguientes conclusiones:

• Constituyen nuevas evidencias de mala fe en el uso de los menores para la propaganda y agitación política, llegando aquí a lo macabro.

• En varios de estos seis casos reconocen que las mujeres embarazadas cayeron muertas en tiroteos durante el intento de captura por las FFAA., pese a ello y como norma rígida de propaganda los mencionan impávidamente como "asesinatos".

• Tampoco refieren que en muchos casos y ante la instancia de la captura, los terroristas se suicidaban con pastillas de cianuro, que les eran repartidas masivamente a tales efectos a todos los miembros por su Servicio de Sanidad, por expresa decisión de los cabecillas de la conducción. Sin duda muchas mujeres embarazadas murieron de esa horrible forma, de lo cual las abuelas evitan hablar.

• Siendo la causa del juzgado de Bagnasco dirigida únicamente a un presunto plan sistemático, de "apropiación ilegal y cambio de identidad de niños menores de 10 años capturados con sus padres o nacidos en prisión", es más que evidente la desconexión de ese objetivo con el caso de mujeres embarazadas muertas en enfrentamientos. Pero hay una razón que explica su inclusión en el tema e inclusive su denuncia en la causa: necesitan desesperadamente abultar los números, para hacer al menos creíble la absurda teoría del plan. El juez Bagnasco obviamente no procesó por estos seis casos.

• Estos 6 casos también fueron presentados bajo testimonio por D'Andrea Mohr como presuntos robos por militares; en consecuencia, acumula hasta aquí en este análisis un total de 48 posibles falsos testimonios.

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Según el Cuadro 6 , 2 de los 66 casos corresponden al incidente de dos menores muertos accidentalmente en un mismo tiroteo al allanarse su domicilio, no entrando evidentemente en la clasificación de menores robados y/o localizados. De caso surgen los siguientes comentarios:

• El Gpo. Abuelas presenta falazmente el episodio, presentándolo como el de dos "niños asesinados" juntos por sus padres, en ocasión del asalto a su casa en San Isidro por fuerzas policiales y militares el 4 de septiembre de 1976.

• Es otra deformación propagandística y muestra de mala fe, los padres y los dos menores fueron muertos en un tiroteo nocturno famoso en la época , durante un allanamiento en San Isidro, con empleo de granadas de mano, cazabobos y lanza cohetes por los terroristas. Habrían habido otros tres terroristas más también muertos, aparte de sus padres.

• A requerimiento de las fuerzas armadas intervinientes, los padres accedieron a dejar salir de la casa a los dos menores; pero cuando salían a la vereda y un suboficial se acercaba a ellos, los otros terroristas abrieron fuego y los menores murieron en la reanudación del tiroteo.

• Obviamente en este caso no han localizado a ningún menor robado. El episodio fue solo una desgracia y la responsabilidad recae sin duda en las acciones de sus padres. El juez Bagnasco no procesa por este caso en la investigación del presunto plan sistemático.

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CONCLUSIONES GENERALES FINALES:

• El gpo. Abuelas sobreactua su participación en los 66 casos, en muchos de ellos no actuaron ellas en la localización sino otras personas, en varios fueron entregados de inmediato a la familia legal.

• El factor determinante del desamparo de los niños fue la vida clandestina de sus padres como militantes terroristas.

• La conducta de estas mujeres que de aquí surge, contradice la elaborada imagen de simples y dolientes abuelas buscando nietos robados. Es notable su constancia para deformar los hechos, hasta mediante una manipulación del lenguaje; sus hijos terroristas, aun los claramente caídos en públicos combates frente a decenas de testigos, son según su jerga "asesinados".

• Califican de robo a todo, aun a los muchos casos de menores entregados a los jueces acorde a la ley.

• Como contrapartida, en los casos de niños apropiados por compinches militantes, puestos a su nombre ocultando la acción a los mismos abuelos y llevándoselos al exterior por más de una década, los denominan hipócritamente como "acciones para preservarlos del terrorismo de estado...".

• El poco espontaneo "denunciante" de las Abuelas, D'Andrea Mohr, acumularía unos 48 posibles falsos testimonios, en su presentación ante el juez Bagnasco a mediados de 1998, presentando un listado de 194 presuntos robos de niños, que además publicó en el diario Página 12 y sigue a la fecha publicando en un sitio de Internet.

• Queda muy poco que agregar a lo que surge de la lectura de los Cuadros anexados, con los detalles de cada caso.

Fuentes: Libro "Niños desaparecidos - Jóvenes localizados - En la Argentina desde 1976 a 1999". Edición de diciembre de 1999. Publicado por el grupo de las abuelas.

ANEXOS:

Ver Cuadros 1 a 6 con datos detallados

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