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Indice de la fecha

El 25 de septiembre de 1973 fue asesinado por la organización Montoneros el Secretario General de la CGT, el peronista José Ignacio Rucci, acribillado a balazos a dos días de la elección ganada masivamente por Perón, en un abierto desafío al mismo.

La operación fue dispuesta por la más alta conducción montonera y llevó cinco meses de tareas de inteligencia, hasta ubicar uno de los cambiantes lugares usados por el ya amenazado Rucci para pernoctar. Luego solo se trató de alquilar la casa de enfrente, esperar su ingreso a dormir el 24 a la noche y avisar al grupo de exterminio, a cargo del cabecilla N.G. Tomás.

Fue asesinado al retirarse a la mañana, quedando su cadáver con tantos impactos que Montoneros con negro humor denominó OPERACIÓN TRAVIATA al hecho, por los agujeros de la galletita de marras. Ese día Montoneros se quitó su falsa máscara peronista y quedó ideológicamente al descubierto, perdió así a la masa justicialista y sentó la base política de su futura total derrota militar, que la llevó a desmembrarse organizativamente para siempre.

La simultanea interceptación masiva y engaño de las comunicaciones policiales, estuvo a cargo del Oficial Mayor Marcelo Kurlat, N.G. MONRA y las decisivas tareas de inteligencia previa a cargo del ámbito de Informaciones, a cargo del Oficial Primero N.G. Esteban, legal Rodolfo Walsh, ahora un "brillante escritor, defensor de los derechos humanos", caído a tiros en combate en 1977, que da su apellido y nombre a varias Aulas Magnas universitarias, a premios literarios y una plazoleta ubicada en la Capital Federal, intersección de las calles Chile y Perú.

Interesante pregunta: ¿está el nombre de Rucci al lado del de Walsh en el monumento al terrorismo de la costanera norte, que dirían los obreros peronistas si supieran de esta burla trágica?. Porque los dirigentes sindicales peronistas siempre lo supieron, el problema es que la memoria de muchos es tácticamente flexible y selectiva..., según sus intereses personales por supuesto.

Nota de la R. : Llama la atención la falaz nota del diario ´La Nación´ de ayer 1 de septiembre del 2002- titulada ¨Una tragedia que la familia intuía¨ - donde el hijo de Rucci declara ambiguamente una serie de notorias falsedades al respecto, a menos que todo haya sido deformado por el periodista entrevistador.

 

Según la nota, Aníbal Rucci describió durante la entrevista las sensaciones de su familia tras el asesinato del padre. Dice él nebulosamente que ubica ese momento político como consecuencia "de una lucha muy antagónica entre las facciones de extrema derecha y la extrema izquierda, donde murió gente que no estaba en esa pelea. Uno de ellos fue mi viejo, que era peronista".

 

Increíblemente, sobre la responsabilidad del crimen dice Aníbal: "No engañemos a la gente". ¿Qué significan estas palabras? Según el periodista: que Aníbal Rucci no atribuyó una responsabilidad exclusiva en el crimen al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP): "No descarto una estrategia conjunta de la derecha y de la izquierda. Se jugaban poderes muy importantes y sacando a Rucci del medio -explicó- le quitaban al general Perón (Juan) una pata muy importante".

 

Es imposible que Aníbal Rucci y el periodista no sepan que José Ignacio Rucci estaba públicamente enfrentado con los Montoneros del criminal Firmenich infiltrados en el peronismo, que fue asesinado por eso como desafío a Perón y que dicho asesinato ha sido en estos años reconocido públicamente por dirigentes Montoneros, reiteradamente. El también criminal ERP trotskista no tuvo nada que ver con este brutal asesinato, planificado por los secuaces de Verbitsky, Alicia Pierini y Bonasso, que mataban para convertir a la Argentina en una versión mayor de la dictadura marxista cubana.

 

Pero jamás han dicho arrepentirse del crimen – ni de ningún otro - peor aun, suprema hipocresía: solo han manifestado sobre el caso que fue ´un error político´.

 

Prensa Independiente

"La revolución educativa no pasa por el presupuesto, sino por la actitud", dice. Y agrega que los chicos deben entender que la escuela no tiene por qué ser placentera.

"El alumno tiene que ser el centro. Pero no el centro para tirar tizas o arruinarle las clases al profesor." Con esa premisa, que intenta fortalecer el papel y la autoridad del docente en el aula, el pedagogo Jaime Barylko propone activar una "revolución educativa", que no es otra cosa que volver a los valores que la escuela ha dejado arrumbados.

Intenta corregir, así, la distorsión que se produjo cuando el mundo de la educación comenzó a darle más importancia al aprendizaje - lo que le sucede al alumno, cómo capta las cosas y las internaliza - que a la enseñanza - las estrategias que desarrolla el maestro en la clase.

En "La revolución educativa", su último libro, Barylko plantea que el trabajo de los maestros para motivar a los estudiantes, especialmente en la enseñanza de los buenos valores, es terriblemente difícil, porque el docente está solo, la sociedad no lo acompaña.

"Con Rousseau se produce la revolución del aprendizaje, se empezó a predicar que al niño hay que darle experiencias, que hay que limitar la enseñanza. La idea es maravillosa, pero en el mundo nos pasamos de rosca. El niño se volvió el gran dictador. Y el profesor se volvió esclavo del niño", reflexiona el pedagogo, en una entrevista con La Nación, al referirse a los valores que prevalecen en la vida escolar.

Frente a esa realidad, advierte: "Una cosa es ser el guía y otra cosa esclavo. La distorsión es el sometimiento por miedo a quitarle la libertad al alumno, entonces el niño dice: Esto que estamos estudiando no me gusta. La historia, Belgrano y la creación de la Bandera, francamente no me sirve, ¿Qué hago con un poema de Arturo Capdevila? ¿Por qué no estudiamos mejor los poemas de Charly García?"

La revolución no hay que hacerla con presupuesto, con computadoras. Tiene que ser una revolución de actitud. El niño no puede elegir a menos que el maestro le enseñe opciones. Tenemos que volver a enseñar.

Los docentes se van a sentir reconfortados, porque en la actitud anterior hubo una especie de desprecio al docente. Los que más los han menospreciado en los últimos 30 años son los padres de los chicos. Antes respetaban a la institución escolar, a los maestros. Hoy apoyan todo movimiento contra los docentes y los colegios, como ha pasado con las tristes vueltas olímpicas. Los padres, en lugar de respaldar al rector, apoyaron a sus hijos, que se habían comportado como vándalos.

El vandalismo tal vez existió siempre, lo que cambió es la actitud de los padres... Todos alguna vez hemos tirado una tiza. Pero antes la maestra llamaba a los padres y éstos le daban un coscorrón al chico delante de la maestra.

Tiene que ver con el relativismo y la permisividad de la sociedad contemporánea. Hemos perdido la jerarquía de los valores. Suena mal la palabra autoridad, porque se la confunde con autoritarismo. La diferencia es que al autoritarismo no se lo discute y a la autoridad sí. Yo quiero entrar en el aula y decir hoy vamos a estudiar a Arturo Capdevila , sin hacerme el payaso, como viene sucediendo pretendiendo conquistar a los chicos. Ellos nunca van a querer estudiar gramática, ni por más que uno use metodologías extrañas y atractivas. Yo no puedo preguntarles: ¿Qué prefieren: la escuela o ir a jugar a la pelota?

-¿La educación no puede ser placentera?: Absolutamente no. Si yo fuera ministro de Educación sacaría carteles en las calles para destruir ese mito. Muchachos: ir a la escuela no es placentero. Pero sin eso no pueden adquirir conocimientos, cultura, saber. Yo tengo que advertirle al alumno: Vas a encontrar cosas que te gustan porque encajan con tus vocaciones y hay otras que las tenés que estudiar sí o sí, te guste o no, porque a la sociedad no le gusta, por ejemplo, que escribas con faltas de ortografía. La revolución consiste en dejar de engañar a los chicos. Decirles la verdad. Nuestra juventud está resentida por todas las mentiras que ha recibido: mentiras políticas, mentiras económicas y también mentiras culturales.

Se le ha dicho "vos vas a poder hacer lo que quieras". Toda esa permisividad es mentirosa. Los terribles aplazos de alumnos en los ingresos a las universidades y en los primeros años se producen porque no hubo una previa educación para el esfuerzo. La sociedad argentina no toma conciencia de las contradicciones de sus mensajes. Si uno pregunta: "¿Quiere usted que su hijo conozca algunos poemas de Borges, o cuentos de Horacio Quiroga, Marco Denevi?", los padres van a responder que sí. Pero si se les dice que los lean en su casa con usted, dicen: "Ah, no, así no". La escuela no es placentera, no es fácil, hay que trabajar, hay que hacer tareas en la casa. Un poco de tarea sábado y domingo no va a envenenar a nadie.

No hay ley y salir a la calle se ha convertido en una ruleta rusa. Habrá que lograr que lo feo deje de parecer lindo y lo lindo, feo.

El FMI lo dijo con todas las letras. No hay gobierno que pueda garantizar el cumplimiento de ningún acuerdo con la Argentina. Los legisladores no responden siquiera a sus caciques de siempre, los jueces libran su propia batalla y los ministros la pasan encerrados en una caja de cristal a prueba de balas.

El ciudadano común vive desprotegido. Si es que trabaja, cobra - cuando cobra - en cualquier seudomoneda. Si lo asiste la salud, a salvo del calvario de la medicina pública, y sus hijos pueden estudiar, tiene que convivir con la anarquía que tanto se expresa en los cortes de calles como en la pérdida de los ahorros. Y si todo eso consigue, debe sobrellevar la inseguridad con prudencia, cautela, alarma, ansiedad o, directamente, terror.

De a poco, nos vamos enfrentando todos contra todos, ante la inacción oficial y la hiperactividad de la delincuencia. Personajes públicos, como los futbolistas, son víctimas de su notoriedad al ser elegidos como víctimas propiciatorias de los sembradores del miedo. Quieren hacerlos huir, y lo consiguen, para contagiar la zozobra a sus tribunas.

Parecería que no quedara más que confiar en que no salga la bala en la ruleta rusa de animarse a la calle. No es que falte una política de seguridad: en verdad, no hay ley. Urge, pues, reconstruir el sistema institucional, reparar el tejido social y hacer que lo feo deje de parecer lindo y lo lindo, feo.

La abrumadora serie de raptos y muertes plantea un ultimátum al sentido común. Ojalá lo entiendan los candidatos que lo prometen todo a sabiendas que la realidad sepultará las ilusiones que siembran, y los que lo niegan todo enterrando desde el vamos la esperanza que pueda sostenernos.

Las Fuerzas Armadas están convulsionadas luego de que la Procuración General de la Nación elevó a la Corte Suprema de Justicia un dictamen aconsejando ratificar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, lo que expone a procesamientos a muchos oficiales y suboficiales que en días del Proceso de Reorganización Nacional se iniciaban en la carrera militar.

El dictamen proviene de un ex legislador y ex funcionario mendocino llamado Nicolás Becerra, designado en la Procuración a instancias de Eduardo Bauzá cuando era secretario general de la Presidencia, y quien ahora pretende convertirse en precandidato a gobernador en su provincia, ignorando que antes deberá dar cuentas de numerosas cuestiones poco transparentes que acumuló como ministro de Obras y Servicios Públicos mendocino en días en que funcionaba la Tríada: José Octavio Bordón - Rodolfo Gabrielli - Arturo Lafalla.

Pero Becerra ya hizo su movida, acompañando al camarista federal que fue promovido a juez por el menemismo, Gabriel Cavallo; y al juez federal que fue cadete de Carlos Corach en la Secretaría Legal y Técnica, Claudio Bonadío. Es lógico que las personas tiendan a ocultar su pasado, intentando demostrar que siempre tuvieron los antecedentes necesarios para la función. Al fin de cuentas, en la justicia en lo Penal Económica, Julio Cruciani, procuró siempre corroborar, por ejemplo, que no era un juez de los Saadi.

Pero Becerra ha puesto en vilo a las FF.AA. y lo explicó ayer el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien ha invocado la comprensión de la Corte Suprema para que ignore el dictamen y ratifique la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aunque, como en la Argentina hoy, entre el poder político y el judicial libran una guerra sin cuartel, es complicado estar en el medio.

Jaunarena consideró que sería "absolutamente irrazonable" y "lamentable" que este tema quedara en el medio de la complicada relación que la Corte mantiene con el Gobierno, y que los involucrados sean tomados como una "suerte de rehenes de una cuestión política que se ha planteado entre dos poderes del Estado".

"La verdad es que no es saludable", porque "a ninguna sociedad le hace bien tener abiertas heridas como éstas durante tanto tiempo sin que tengan un cierre definitivo", alertó Jaunarena.

Luego insistió: "No hay ninguna sociedad, ni en la Argentina ni en el mundo, en la que después de 25 años haya gente que no sepa exactamente cuál es su suerte final".

"La opinión del procurador Becerra es la opinión de Becerra: eso no quiere decir que sea vinculante para la Corte", enfatizó Jaunarena.

Jaunarena agregó: "La opinión del Procurador Becerra, que coincide con un fallo del juez Cavallo, en un caso, y del juez Bonadío, en otro de primera instancia, contribuye a que se genere o se agrave un estado de incertidumbre que existe dentro del personal de las Fuerzas Armadas".

Jaunarena es una persona apocada, sin carisma ni liderazgo, que fue ministro de Raúl Alfonsín durante los conflictos carapintadas de los '80 y ahora vuelve a vivir esa historia con una posición en la que las FF.AA. no se sienten muy contenidas.

Fue designado por Fernando De la Rúa y continuó con Eduardo Duhalde como prueba de la presencia de la UCR en el Ejecutivo Nacional, en parte por el desprecio que los políticos tienen hacia las FF.AA.

Si Jaunarena no se pone firme, en un Ejecutivo Nacional en creciente debilidad en su pelea con la Corte Suprema, está perdido. Lo más grave: en breve habrá novedades con cierta persona que será traída de España y que, todo indica, puede regresar a la detención a un oficial en actividad, del área de inteligencia, que intentó zafar con el aval de la conducción del Ejército, de apellido Crinigan.

Esto fue un servicio de Urgente24

http://www.urgente24.tv

Nota de la R. de Prensa Independiente:

 

Proximamente publicaremos algunas de las acusaciones del ex Montonero Juan Gasparini contra Becerra, por las cuales este figura en el expediente sobre las Finanzas de los Montoneros, en el cual actuó pasajeramente Claudio Bonadío, aprovechando la coyuntura para detener arbitrariamente a oficiales de la Armada, pero cuidandose muy bien de tocar a Becerra, no tanto por su cargo como por ser ambos del mismo ¨palo menemista¨.

 

También recordaremos detalles de la historia de los Tribunales que cuenta el llamado que Becerra le habría hecho, amenazante, al fiscal Di Masi, conminandolo a presentar acusación contra el capitán Alfredo Astiz por apología del delito , burlando el derecho más elemental, en una causa llevada, oh! casualidad por Bonadío, quien antes ya había desoido el dictamen contrario a acusar de dos dignos Fiscales, recurriendo el juez a apelar al tribunal superior, donde le fue dada la razón por la recientemente finada Riva Aramayo, otra incondicional menemista y que hace poco cedió su departamento para la famosa reunión de jueces a ser aleccionados por el anterior jefe SIDE sobre la necesidad de apresar como sea a Domingo Cavallo. Eso después de prometerle a la Armada y a varios abogados que fallaría lo contrario sobre Astiz.

 

No es precisamente en la Suprema Corte de Justicia donde están las peores vergúenzas de esto que formalmente se denomina ¨justicia federal argentina¨, pero, sucede que las mismas son funcionales a los marxistas disfrazados de ´muy derechos y humanos´.

Editorial I: El fallo de la Corte sobre el 13%

La Corte Suprema de Justicia ha dictado un fallo que declara inconstitucional la rebaja del 13% en los salarios de los empleados de la administración pública, dispuesta a mediados de 2001 por el presidente Fernando de la Rúa y su ministro Domingo Cavallo. El alto tribunal ordena al Gobierno pagar retroactivamente las diferencias.

Aunque sólo aplicable al caso particular que originó la querella, si se proyectan sus efectos sobre el universo de empleados y jubilados afectados resulta evidente que el fallo jaquea al actual gobierno y al país con un problema de dimensiones impredecibles y devastadoras y pone en riesgo el futuro inmediato. Además, no hay duda de que ha sido el detonante final de la suspensión de las gestiones con el Fondo Monetario Internacional.

Las circunstancias que rodean al caso que motivó el fallo sugieren reflexiones que tienen que ver con las soluciones a la aguda crisis económica, con la gobernabilidad del país, con el rol que está jugando la Corte -enfrentada con los otros dos poderes a raíz del juicio político que se le ha planteado- y, en definitiva, con la ausencia de un órgano imparcial que garantice la aplicación de la Constitución Nacional.

Como se recordará, la rebaja se dispuso con el objetivo de cumplir con la metas del llamado programa de déficit cero en un desesperado intento por evitar la crisis que finalmente explotó a fines del año pasado. El recorte salarial afectaba a todos los empleados de la administración pública e invitaba a sumarse a la medida a los poderes Legislativo y Judicial, que en definitiva no acompañaron la iniciativa. Se quería mantener el esquema de la convertibilidad y evitar que el país recayera en la inflación, un flagelo del cual los argentinos nos habíamos olvidado por una década. La rebaja del 13%, empero, no resultó suficiente para impedir el estallido que se produjo entre diciembre del año último y enero del actual.

Los empleados del Estado gozan de estabilidad en sus empleos. Si a ese beneficio se le suma la intangibilidad de sus remuneraciones, se coloca al Estado -y al país que lo sustenta- ante una alternativa de hierro a la hora de encarar la reducción de uno de sus principales gastos.

Para poner el problema en su verdadero contexto corresponde advertir que, debido a la crisis, de enero a la fecha los salarios públicos se han devaluado entre un 35 y un 40% por efecto de la inflación y, medidos en dólares, han perdido un 73% de su valor. La medida impugnada disponía una rebaja en forma explícita y cuantificable - si bien sujeta a los resultados fiscales-, en tanto que la consecuencia que se quería evitar ha erosionado ya los salarios hasta llevarlos a casi el tercio de su valor. Siguiendo esta línea de razonamiento, podrá advertirse que si se generaliza el cumplimiento de la orden judicial arreciará la inflación y, con ella, continuará cayendo el salario real de aquellos a quienes se quiere proteger. El fallo estaría actuando, entonces, como un acelerador o repotenciador institucional de la inflación y del deterioro de los salarios, con lo cual se generaría una situación mucho más aleatoria que la que se intenta corregir.

La decisión de la Corte fue adoptada estando pendiente el pedido de juicio político que se ha promovido a sus miembros. Las interpretaciones menos prejuiciosas no dejan de verlo, en consecuencia, como una escalada más de ese conflicto de poderes. Por un lado, se recuerda que el mismo tribunal había declarado no hace mucho que "no media lesión a la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional, sobre inviolabilidad de la propiedad privada, cuando -como en el caso-, por razones de interés público, los montos de las remuneraciones de los agentes estatales son disminuidos para el futuro sin ocasionar alteración sustancial del contrato de empleo público, en la medida en que la quita no resultó confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada".

Si bien el nuevo fallo se preocupa en marcar diferencias entre ambas situaciones que justificarían el cambio de criterio, salta a la vista que el tribunal sólo menciona las que abonan la nueva tesis, en tanto omite las que la desaconsejan, especialmente el deterioro de las circunstancias económicas generales, que justifican mucho más la rebaja de los salarios en esta segunda oportunidad.

Igualmente, el manejo de los tiempos que hizo la Corte genera suspicacias, al extremo de que el tribunal consideró necesario emitir un insólito comunicado en el que intenta mostrar como normal un trámite de pocas semanas, cuando es sabido que los expedientes, generalmente, demoran meses. Esto trae a la memoria el fallo Smith, de febrero, con el que la Corte comenzó a jaquear al Gobierno. Dos de los tres ministros que no firmaron la reciente resolución se justificaron haciendo notar la inusitada premura que el grupo mayoritario del tribunal le imprimió a su tratamiento.

La resolución, por lo dicho, agrega muchas dudas sobre la serenidad e independencia del alto tribunal y lleva a pensar si sus miembros no deberían excusarse por tal circunstancia, al menos para evitar que en la Argentina la orientación de los fallos de la Corte Suprema está relacionada con las situación personal de sus integrantes.

Hay motivos también para preguntarse, por otro lado, si los titulares de un poder que en su momento no quiso adherir a la rebaja salarial están en condiciones de analizar la medida con imparcialidad y si, en definitiva, no "es un deber del juez el pesar las consecuencias sociales de su decisión", como afirmaba el célebre juez norteamericano Oliver W. Holmes.

Es que el fondo de la cuestión también es preocupante. La Constitución Nacional consagra un sólo caso de intangibilidad de las remuneraciones -el de los jueces- por lo que mal podría, por estas interpretaciones, extenderse tal privilegio al resto de la administración.

Y si a alguno de los afectados se le ocurriera reclamar la protección de la intangibilidad por el deterioro que la inflación produce en sus emolumentos -como lo han hecho con éxito los magistrados-, más nubes negras se agolparían en el ya encapotado cielo de nuestra República, antes tan celeste y blanco.

La Prensa - 29 de Agosto de 2002

Una buena señal

Que el Gobierno acate lo decidido por la Corte sobre el 13% descontado a la clase pasiva y estatales, y trate de devolverlo, es un positivo mensaje al pueblo.

No puede menos que considerarse como un bueno y tonificante mensaje que el Gobierno nacional les está dando a los trabajadores estatales y a los jubilados y pensionados que cobraban más de 500 pesos mensuales y que fueron afectados por el recorte del 13 por ciento dispuesto por la administración aliancista. En primer lugar, no debe dejarse de lado que, más allá del conflicto que existe entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno del todavía indefinido juicio político al alto tribunal, el Gobierno decidió acatar el pronunciamiento de la Justicia y ponerse de inmediato a buscar la mejor solución y en el corto plazo que determina que sea antes de las elecciones generales, para devolver el dinero descontado y comenzar a pagar sin descuento alguno. Hay dos argumentos igualmente valederos en el seno gubernamental: que debe encontrar una difícil solución a un problema heredado, y que la solución quiere hallarla para no delegarla al próximo gobierno, que sería como desentenderse del caso para que lo resuelva otro gobierno.

No se conoce todavía el mecanismo por adoptarse para las restituciones, pero ya se pronunció la Administración Nacional de Seguridad Social -Anses- en el sentido de que esa área tiene los recursos necesarios para devolver el 13 por ciento a los jubilados y pensionados, pero que ello formará parte de la solución integral que busca el Gobierno, pues en cuanto a los estatales debe responder a todos los organismos, con un total de 2.600 millones de pesos por año, lo que significa un promedio de poco más de 200 millones mensuales.

Después del fracaso no sólo por vía de la política sino también de la economía que llevó a radicales y frepasistas a abandonar el gobierno, sería interesante saber en qué medida sirvió a la economía de entonces este cruel recorte del 13 por ciento sobre sueldos estatales ya desvalidos y a los pasivos que con más de 500 pesos tampoco estaban cobrando una fortuna, y que en ambos casos se adoptó la medida avasallando derechos que se creían intocables.

Así como en su momento resultó un acto desaprobado hasta por quienes no fueron alcanzados por tan discriminatoria decisión, hoy -así se pague con bonos lo que se adeuda desde hace un año- significa una buena respuesta del Gobierno al pueblo, precisamente porque el pueblo se había desacostumbrado a tener buenas noticias de su Gobierno.

Obediencia debida y punto final

"La incertidumbre militar se agravará si anulan dos leyes"

Jaunarena habló del fallo de Becerra

El ministro de Defensa señaló que los militares no pueden ser rehenes del choque de dos poderes del Estado

Horacio Jaunarena, se mostró muy preocupado por el dictamen del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, que recomendó a la Corte que declarara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

Esa situación "contribuye a que se genere o se agrave el estado de incertidumbre que existe en las Fuerzas Armadas", dijo Jaunarena en declaraciones periodísticas. "Lo que resulta absolutamente irrazonable es que sea en cierto modo utilizada una cuestión tan delicada como ésta, que tiene que ver con la libertad y con la suerte de mucha gente, como una suerte de rehenes de una cuestión política que se ha planteado entre dos poderes del Estado", afirmó el ministro de Defensa tras conocerse el dictamen de Becerra.

Quienes conocen bien el pensamiento del ministro afirman su sensación de que reabrir heridas aumentará los ya muchos males nacionales.

Una las misiones que se impuso Jaunarena es impedir la fragmentación de las Fuerzas Armadas, por la gravedad que esa situación sumaría a la crisis global argentina. En su mirada, la intromisión de los militares en actual crisis terminaría quebrando también las instituciones castrenses, de las pocas que en estos tiempos se sostienen en pie sin fisuras. Esa opinión es compartida por los jefes militares.

Considera que los uniformados ratificaron su autocrítica con hechos. Jaunarena, dicen sus allegados, cree en la autocrítica que se relaciona más con los hechos que con las palabras. La prescindencia militar en esta crisis es considerada en Defensa como una clara muestra de lecciones aprendidas. Por eso considera que es el momento de sumar soluciones y no problemas.

Compleja situación. Juzgar los hechos de la represión ilegal del terrorismo confronta a los jueces con una situación política y, también, con sus propias convicciones personales, donde se mezclan posiciones conservadoras y liberales.

Conceptos básicos de la Constitución Nacional Argentina

Que debería refrescar para sus tareas de procurador general de la Nación

• Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso,
  
  

• ni juzgado por comisiones especiales,
  
  

• sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.
  
  

• Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.
  
  

• Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.