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1 - La justicia que tenemos I: Parodia de DDHH - Chaco.

2 - Causas de la violencia - Detrás del clima de violencia social se desliza una cultura de guerra.

3 - Breve, pero rotundo - Cartas de lectores:´Desarraigo´.

4 - La justicia que tenemos II - Bonadío se fue de boca y la Cámara Federal le inició un sumario.

5 - La justicia que tenemos III - En un arrebato insólito declaran inconstitucional al sistema de disciplina militar en vigor desde hace más de un siglo.

6 - Estos no son policías, solo delincuentes - Editorial de ´La Nueva Provincia´: ´Canallas´.

7 - Por este hombre los izquierdos seguramente no marcharán, ni la boca abrirán. Otro policía muerto y van...

8 - La presunta víctima encabeza el repudio: "Se efectuó un acto de repudio contra el extraño - ¿será verdad? - atentado". Concurrieron todos los compañeros de ruta.

9 - Como decían los chicos, ¨así no vale¨ - Campaña contra el hambre, en naciones maduras jamás se presentan proyectos de leyes sin las estimaciones de costos y la forma de recaudarlos.

10 - Las cosas por su nombre - De ´La Razón:¨Las tarifas no son tema de debate público¨, por Juan Alemann.

A un cuarto de siglo de los hechos, se continúan abriendo seudo causas judiciales contra las FFAA y las Policías, como en una suerte de kiosco de sorpresas, cuando se le ocurre a cualquier denunciante marxista o cuando le conviene a algún político en apuros, siempre encuentran algún juez compañero de ruta, o sensible a las amenazas por pecados propios, o ávidos de notoriedad o simplemente cobardes ante los agresivos querellantes disfrazados de derechos humanos.

No se acusa por los hechos entre unitarios y federales dados los límites de la vida humana, sino los veríamos en estos singulares estrados, por mantener un lenguaje educado y controlar la indignación. Dale que va....... total el país es un paraíso de estabilidad institucional, los jueces y políticos dignos patriarcas admirados por la ciudadanía.

Hoy le toca el turno a dignos policías del Chaco. Nuestra solidaridad con ellos ante el embate de la turba. La noticia:

 

Resistencia.- En virtud del juicio por la verdad (?) sobre la denominada masacre de Margarita Belén, el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, dispuso ayer la detención de nueve reconocidos integrantes de la policía del Chaco durante la dictadura por haber sido denunciados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Skidelsky, en una comunicación enviada ayer al jefe de la policía chaqueña, pidió la detención del personal que tuvo una actuación clave entre 1974 y 1975. Ellos son: Gabino Manader, Wenceslao Zeniquel, subjefe de la policía del Chaco y comisario durante el período en cuestión; Francisco Núñez (fallecido), que se desempeñó como comisario y jefe de la Alcaidía local; Alcides Thomas, comisario y con funciones en la Brigada de Investigaciones; Lucio Caballeros, comisario y segundo jefe de la Brigada de Investigaciones, y los policías retirados Ramón Andrés Gandola, José Francisco Rodríguez Valiente, Gregorio Pérez y José María Cardozo.

Todos estos agentes deberán ser puestos a disposición del tribunal en carácter de "incomunicados" y luego se les tomará declaración indagatoria.

Un peligroso clima de crispación colectiva parece invadir a nuestra sociedad golpeada por una realidad sin esperanza. El "todos contra todos" no distingue buenos de malos, honestos de corruptos, solidarios de miserables. La crónica policial nos devuelve cada día la imagen de un clima social inestable, donde la vida vale lo que un par de zapatillas usadas, y la autoridad deja fisuras difíciles de recomponer.

"Se ha desarrollado una especie de cultura de guerra entre la policía y la juventud, que se encuentra muy alterada por todo lo que le toca vivir; para darse cuenta no hay más que ver las letras de la cumbia villera, muchas de las cuales son apología del delito", esgrimió Carlos Escudé.

En tanto, respecto de las fuerzas de seguridad, el especialista comentó que este sector se siente muy tocado por la gran cantidad de bajas que ha tenido en el último año - las cuales podrían compararse con las de España en toda una década - razón por la cual se descarga y golpea a los más débiles.

"De ninguna manera pretendo justificar la violencia, no quiero decir que la pobreza incite a la violencia, pero la verdad es que es una cuestión matemática: a mayor pobreza, mayor violencia. Digamos que existe un sector de la sociedad que frente a condiciones extremas está dispuesto a utilizar métodos agresivos para cubrir sus necesidades, es decir que posee latente ese sentimiento. Pero también hay otros, más mansos, que ante estas situaciones no se convierten en delincuentes. Es un círculo vicioso", detalló.

Para Escudé sería incorrecto hablar de violencia estatal, porque no es mandada por el gobierno como ocurrió en el pasado. "En el caso actual, son algunos de sus miembros los que están cayendo en la delincuencia por cuenta propia", aclaró.

Es imposible revertir una situación como esta sino se modifican primero las condiciones de base, aseveró. "Vuelvo a insistir, no pretendo justificar a los que acuden a la violencia. Lo que digo es que en cualquier tiempo y lugar cuando se producen estas condiciones hay una violencia que crece en todos los sectores. Y objetivamente sabemos que sólo se calmará cuando las condiciones de vida comiencen a mejorar".

A su turno, el director del Instituto de la Prevención de la Drogadependencia, de la Universidad del Salvador, Juan Alberto Yaría: "La violencia es un marcador social de la anomia que hay en la comunidad. Y en este punto cabe destacar que las normas no se relajan sólo a nivel institucional sino también en las escuelas y los hogares. Un ejemplo de anomia es la crisis existente en la disciplina educativa".

Entiende que actualmente el docente que trata de disciplinar los hábitos destructivos de los chicos es cuestionado hasta por los propios padres. "El docente se esconde frente a estos problemas debido a que la Argentina es uno de los pocos países donde se ha relajado todo aquello que sirva como un sistema normativo escolar".

El investigador manifestó que los estudios de violencia en el mundo comprueban que las pequeñas violencias que no se limitan en la escuela o en el seno familiar luego se traslucen en grandes violencias, especialmente en la adolescencia.

Según agregó Yaría, una de las causas de esta violencia sin control guarda relación con la ruptura de las redes de contención social. "La violencia denuncia una falta de integración social. Cuando una sociedad es más integrada hay menos posibilidades de que sucedan este tipo de tragedias. La integración tiene que ver con las redes solidarias, coma la escuela, el hogar, los medios de comunicación o las normas sociales".

El gran inconveniente de la Argentina es justamente que estas redes están fallando. "El vacío de la red es la droga, la violencia, el suicidio, la muerte joven. La sociedad argentina no ha tomado conciencia de esto, sólo busca una salida penal: bajar la edad de imputabilidad, aumentar penas. Vivimos un "default" humanístico".

"El default humanístico -agregó- demuestra que no estamos en condiciones de enfrentar lo que hoy requiere la realidad. No es solamente que no podemos pagarle al FMI, humanamente hemos descendido en calidad social, en capital humano".

Por su parte, el sociólogo José Miguens sentenció: "La Argentina se está deshaciendo en una aguda anomia. Y cuando una sociedad se deshace acaba en el estado de naturaleza que es la violencia. El problema es de tipo estructural: se han quebrado todos los lazos que la mantenían unida. Como diría Hobbes, hemos llegado al punto en el que "el hombre es el enemigo del hombre",

En este marco, donde la inexistencia de reglas se vuelve evidente. "La violencia contra la sociedad y también la propia, son tan sólo una arista de la crisis social, pero también está la ilegalidad y la burocratización. Aquí, nadie cumple con su deber: los jueces no juzgan, los inspectores no inspeccionan, los legisladores no hacen leyes, la policía no brinda seguridad, la gente cobra, firma pero no trabaja", agregó el especialista.

Según Miguens, cuando todo está tan "podrido", además de la violencia, también se incrementa la recurrencia a sectas religiosas, juegos de azar o a cualquier actividad que atraiga el milagro.

El psicólogo José Eduardo Abadi inició su análisis con un duro diagnóstico: "Vivimos en una sociedad frustrada, marcada por la incertidumbre, la angustia, con una fuerte tensión y una enorme carga de resentimiento". "Ante la ausencia de referentes, de confiabilidad y de credibilidad, se expresa la violencia. Inconscientemente es una forma, desesperada y sintomática, de reclamar orden".

Para el profesional, cuando no hay normas lo que se obtiene es un aumento de aquellas personalidades impulsivas, transgresoras, psicopáticas y delictivas.

Abadi comentó: "Los chicos se identifican con modelos de violencia, tensión y angustia. Quién sabe cuántos padres están sin trabajo o temen quedarse sin él, cuántos nenes se quedan solos y cuáles son los climas que respiran".

Toda esta situación se refleja en los graves hechos de violencia que se registran cada vez mayor frecuencia en las escuelas, por lo que para el profesional, es necesario volver a separar las conductas buenas de las malas. "Una cosa es la comprensión y otra cosa muy distinta es justificar todo y perdonar lo inadecuado", mencionó.

"Cuando uno ve tantos colegios donde se repiten los actos de violencia, se pregunta, si allí cuidan a los chicos, si reciben la educación que deben recibir y si tienen una estructura de estabilidad y de protección que les permita ir creciendo sanamente. Y la respuesta es que no".

Cartas de lectores de La Nación

 

Desarraigo

Señor Director:

"Si los senadores sufren de desarraigo, que dejen de sufrir y vuelvan a sus provincias de origen y le dejen el lugar a quienes tengan mayor actitud de servicio."

[email protected]

Bonadío se fue de boca, emitió serios desconceptos y está en la picota

Una cosa sería agredir las instituciones militares y otra muy diferente avasallar los medios de prensa - ¿Extraña justicia, no ....?

Es para determinar si el magistrado realizó declaraciones en las que mostró un "grave desprecio por garantías constitucionales básicas", como la preservación de las fuentes de información

La medida del Tribunal, notificada al Consejo de la Magistratura, se vinculó con un diálogo que habría mantenido Bonadío con una periodista de un matutino, durante el cual justificó su decisión de solicitar el listado de las llamadas telefónicas del autor de una nota sobre supuestos pedido de "coimas" de senadores nacionales a banqueros.

La resolución de los camaristas señaló además que los términos en que se expresó Bonadío en diálogo con un matutino porteño son "impropios" y consideró que esas declaraciones resultan "altamente preocupantes" por provenir de un juez de la Nación.

Bonadío dijo al matutino que se sentía "violentado moralmente por tener que discutir con la corporación periodística" sobre su decisión de pedir el listado de las llamadas telefónicas del periodista Thomas Catan, corresponsal del diario "The Financial Times".

El juez había solicitado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que les pida a las compañías de teléfonos las llamadas entrantes y salientes del periodista británico. Su decisión fue criticada por entidades periodísticas, que consideran que, con esa actitud, Bonadío atenta contra la libertad de prensa y la reserva de las fuentes de información.

Sobre este punto, Bonadío también dijo en la entrevista que "los derechos de los individuos, independientemente de su profesión, tienen que ceder frente a hechos de gravedad institucional como el que investigo en esta causa".

En el marco de la investigación, Bonadío ordenó ayer allanamientos a la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Asociación de Bancos Privados de la República Argentina (ABAPRA) y las sedes centrales de los bancos HSBC, Citibank y BankBoston. Por su parte, Catan se presentó ante la Cámara Federal porteña para pedir que el juez se abstenga de rastrear sus comunicaciones telefónicas.

Dos jueces de Cámara se suman a la bailanta facilista en que está cayendo el Poder Judicial Argentino, todo es válido mientras la Corte Suprema, el Congreso y el Ejecutivo nacionales juegan al ´andón pirulero´, muy ocupados en sus riñas.

 

En un arrebato insólito declaran inconstitucional al sistema de sanciones de arresto y disciplina militar en vigor desde hace más de un siglo y actualizado periódicamente, la última vez fue en 1967. ...Dale que va.

MAR DEL PLATA.- La Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad dejó sin efecto el arresto de 20 días que cumplía el cabo submarinista Roberto Carlos Molina y declaró inconstitucional el artículo 278 del decreto 8785/67, norma que permitía la imposición de tales castigos. Asimismo, ordenó la inmediata libertad del suboficial y dictó la nulidad de todas las consecuencias que iban a sobrevenirle una vez cumplida la sanción. El singular fallo fue firmado ayer en mayoría por los doctores Alejandro Tazza y Jorge Ferro. La tercera integrante del tribunal, Graciela Arrola de Galandrini, consideró únicamente que la imposición era nula porque no se había "respetado el procedimiento adecuado y razonable".

No parecía creíble que Ezequiel Demonty, el joven ahogado en el Riachuelo, hubiera sido arrojado a esas aguas infectas por un grupo de policías en funciones, deliberadamente concertados para someterlo a esto que tenían por castigo o advertencia ejemplar.

Pero los indicios y probanzas que se han ido reuniendo tornan verosímil la realidad de la infamia y le han agregado caracteres aún más repugnantes. La víctima fue golpeada en la cara antes de ser tirada al río, según resulta de la autopsia judicial. Es decir, había riesgo sumo de que no sobreviviera, pues podía caer inconsciente o tan disminuido que no atinara a nada.

Los policías no estaban ante delincuentes peligrosos, que viniesen de cometer algún gran crimen. Fueron apresados tres muchachos que salían de un baile, de los cuales dos se salvaron nadando, y una menor de edad quedó en libertad por estar embarazada.

Ninguna razón, ni el más absurdo motivo, ha sido alegada como excusa. Se dice que era un recurso ideado por un oficial superior y aplicado de tanto en tanto para hacerse temer por las patotas alborotadoras. Sin embargo, la que actuó como patota fue la policía misma. Y una patota de crueldad tan brutal e innecesaria que su objeto no podía ser otro que el de solazarse en la sucia tortura.

Asombra que del episodio haya participado más de un patrullero, como algo tan natural que a nadie extrañase, que nadie protestase, aunque sólo fuese para desligarse de toda responsabilidad. Asombra, también, que se haya dado entre miembros de una fuerza, la Federal, con un buen grado de cultura general, como lo atestiguan los procedimientos normales de sus altos cuadros.

Pero ningún cuerpo escapa a las aberraciones de algún grupúsculo de sádicos. Por fortuna, la reacción del jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, ha sido instantánea y anterior, dentro de su competencia propia, a la intervención del juez. Las penas tendrán que ser igualmente prontas y más que severas. La condición de policía es uno de los mayores agravantes de cualquier delito.

Otro policía muerto y van.... pero el garantista Don Juampi Cafiero dijo que

´estamos algo más seguros´.... y apurado se fue a la ´marcha show por la activista Carlotto´

Un suboficial de la policía bonaerense murió anoche en la ciudad de Marcos Paz tras tirotearse con dos delincuentes al intentar impedir el robo de un ciclomotor.

La víctima fue el sargento ayudante Carlos Maurez, de 46 años, que revistaba en la comisaría de esa ciudad, y que se convirtió en el 38° efectivo de la fuerza asesinado en lo que va del año.

Maurez, que estaba de servicio, se hallaba a las 20.40 en el cruce de las calles Cochabamba y Sarmiento, cuando advirtió que dos sujetos que circulaban en una moto Honda querían sustraer el ciclomotor en el que viajaban dos mujeres.

El sargento se identificó y dio la voz de alto. Pero los delincuentes no se amedrentaron y abrieron fuego. Maurez recibió dos disparos en el abdomen y cayó malherido.

De inmediato, el policía fue traslado al hospital municipal, en el que ingresó con un paro cardiorrespiratorio. Minutos después falleció en la sala de cuidados intensivos.

"Se efectuó un acto de repudio contra el extraño - ¿será verdad? – atentado"

Según los dichos de la mujer activista, el extraño atentado en La Plata, con tiros de escopeta y calibre .22 contra una puerta de su casa, se podría deber a recientes denuncias que efectuó contra la Policía de esa provincia.

Aparte de la falta de ética de encabezar esta marcha, ¿no sabe que somos una republica federal, .... que tiene que ver la Casa Rosada con esto, necesidades mediáticas?

En columna con Ongs de pretendidos DDHH, partidos de las muchas petit izquierdas, piqueteros corta rutas, los residuos de las que fueron asambleas barriales – hoy copadas por activistas de la gauche porteña, ante los cuales la gente se fue - y algunos sindicatos, la Estela de Carlotto, encabezó ayer un acto frente a la Casa Rosada, dicen que en rechazo del ataque que sufrió en su casa.

Concurrieron todos los compañeros de ruta, ¨de lo nuestro lo mejor¨, se vio por allí a los ¨muchachos al rojo vivo¨ de siempre :

Aníbal Ibarra, Madres Fundadora, el ex juez Ricardo Gil Lavedra, los dirigentes de la CTA Víctor Mendívil y Pablo Micheli, Marta Maffei, los hermanos aeronautas Ariel y Favio Basteiro (aquellos que creen que todo lo que vuela debe ser estatal, hasta los gorriones), el presidente de la organización marxista de frente que gira como sello de goma Cels y su cabecilla el ex terrorista Montonero Horacio Verbitsky, la legisladora socialista Clory Yelicic, el dirigente de la Corriente Clasista Combativa Amancay Ardura, Luis Zamora, el artista plástico León Ferrari, el cineasta David Blaustein, el rabino Daniel Goldman, los actores Raúl Rizzo, Alberto Segado, Jorge Novoa, Daniel Fanego y Héctor Bidonde. También el ex titular de la Comisión de la Vivienda y ex terrorista Montonero Eduardo Jozami preso por un juez del gobierno peronista (a la sombra entre 1975/83), el secretario de Cultura Jorge Telerman, el de Educación Daniel Filmus, la de Promoción Social Graciela González Gass y el de Descentralización Ariel Schifrin, el intendente de Morón y ex frepasista Martín Sabatella, finalmente los legisladores bonaerenses Alejandro Mosquera y Eduardo Sigal, ex afiliado del Partido Comunista y ex pareja legal de la ex Comunista Diana Conti, a su vez ex Secretaria de Derechos de Izquierdos con el renunciado de la Rua.

Todo un ¨cuadro de honor¨ que le dicen, los ¨conocidos de siempre¨.

Según el grupo INFOCIVICA

"CONTINUAN LAS ADHESIONES A LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE¨

"Se multiplican las mesas en todo el país"...

Por nuestra parte, repetimos que la intención nos parece muy buena y la causa impostergable: alimentar a millones de niños pobres, nada más y nada menos.

Lastima que la gente vota sin saber cuantos miles de millones de pesos son necesarios para esto, de que nuevo impuesto saldrán o a que cantidad de ñoquis estatales se echarán para ahorrarlos de los recursos actuales, que no alcanzan ni para los gastos corrientes y por ello el festival de bonos y demás.

Si los firmantes fueran advertidos del sacrificio concreto personal que esto implicaría para cada uno y luego votaran aceptándolo, la cosa cambia mucho y así sería meritorio, realizable.

Lamentablemente, de esta forma es solo ¨macanudismo declamativo¨, miles de personas firman papeles y se van felices de ´su acto de bondad´, que así no soluciona nada, solo un apriete emocional al Congreso para forzar una ley que nadie dice como financiar; muy cómodo.

En una nación madura jamás se presentan proyectos de leyes sin las correspondientes estimaciones de sus costos y la forma de recaudarlos. Así nos va desde hace mucho, aunque sea antipático decir la verdad. Sensibilidad sí y con sacrificios inclusive, pero basta de sensiblerías vanas.

La decisión judicial de suspender las audiencias públicas para tratar el tema de las tarifas de los servicios públicos, accediendo a un pedido de la Defensoría del Pueblo porteña y de una asociación defensora de usuarios, es correcta, pero por un motivo distinto al invocado.

El artículo 22 de la Constitución Nacional expresa: "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de éste, comete delito de sedición". Está claro que estas asambleas anárquicas, generalmente dominadas por activistas de la izquierda, entran en esta categoría, aún cuando el propio Gobierno las haya convocado.

DE QUE SE TRATA.

Es irracional someter este tema en forma directa a la opinión de aquellos cuyo único interés radica en que las tarifas no aumenten, sobre todo en momentos de crisis y de estancamiento o pérdida de ingresos. Este es, en todo caso, un tema para el Congreso. Es un tema jurídico y económico, que consiste en lo siguiente:

1) La pesificación y el congelamiento de las tarifas constituyen una violación de los contratos de concesión, firmados por el Gobierno Nacional y ratificados por el Congreso. La pregunta es, entonces, si queremos volver a ser un Estado de derecho o no.

 

2) Con los niveles actuales de tarifas, las empresas no invierten más, no porque no quieran, sino porque carecen de medios financieros para ello. No generan recursos por ganancias, ni tienen capacidad de endeudamiento o de obtención de aportes de capital. Sin inversiones no se puede pensar en proveer de servicios públicos a quienes aún no los tienen, y menos a los nuevos usuarios que el aumento poblacional va generando.

 

3) Las tarifas insuficientes obligan a las empresas a bajar sus costos salvajemente, eliminando incluso gastos de mantenimiento. Esto lleva inexorablemente a una baja en la calidad de los servicios. O sea que habría más interrupciones en el suministro eléctrico, más tardanza en superar desperfectos telefónicos, más interrupciones y menos seguridad en los ferrocarriles urbanos y otros fenómenos semejantes.

El argumento esgrimido contra las audiencias es que se trataba únicamente de aumentar las tarifas, cuando lo que corresponde es una discusión integral de los contratos. Es correcto: las tarifas guardan relación con las condiciones de las concesiones en cuanto a calidad del servicio y compromisos de inversión. Pero de hecho esto implica postergar la decisión, ya demorada. La idea del Gobierno era disponer aumentos de emergencia, para que las empresas puedan al menos cubrir sus costos, aún sin atender el pago de intereses y la amortización de créditos y el pago de vencimientos de obligaciones negociables. Para esto no hacen falta audiencias. Debe disponerlo el Gobierno, en base a motivos técnicos.

En cuanto a la renegociación integral de los contratos, es menester que se apure el trámite, para llegar lo antes posible a una situación estable. El conflicto actual generará juicios en tribunales internacionales y luego represalias, amén de que tiene un efecto deletéreo negativo sobre todo tipo de inversión privada. El argumento de que las empresas ganaron demasiado y remitieron enormes sumas al exterior es falso.

Las cifras revelan que las ganancias fueron normales e incluso bajas en varios casos, sobre todo en el sector eléctrico, y que las inversiones efectuadas superaron las ganancias, con lo cual globalmente no se extrajeron fondos de los servicios públicos, sino que hubo un aporte neto. Que por un lado los accionistas cobren un dividendo y por el otro haya aportes de fondos de terceros, es inherente a los mercados de capitales.

La opinión pública ha sido envenenada por ideólogos, que llegan a postular incluso la reestatización (o sea confiscación) de las empresas de servicios públicos. No aprendieron de la dolorosa experiencia que tuvimos por muchas décadas con servicios públicos estatales crecientemente deficientes e insuficientes.

Llama la atención que las empresas privadas prestadoras de estos servicios no hayan difundido sino excepcionalmente lo mucho que se avanzó en la última década, señalando que antes de la pesificación las tarifas eran en muchos casos las más bajas en la comparación internacional y en todos los casos razonables.

Las altas inversiones, la expansión de los servicios y las diferentes mejoras cualitativas son hechos objetivos que deben difundirse en forma permanente. De lo contrario el costo político que el Gobierno deberá asumir para llegar a una solución razonable será de tal magnitud, que lo inhibirá para actuar correctamente.

Hemos incorporado en la sección Recomendados al nuevo sitio de Internet chileno ¨Opiniónjap¨, una publicación interesante y comprometida (www.opinionjap.cl)