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Lo sucedido ayer es producto de acciones delictivas que superaron todos los límites a los que debe acotarse la legítima protesta, violando libertades básicas de toda la población.

Era de suponer que las tensiones que desatan habitualmente actos ilícitos como los cortes de caminos por organizaciones de piqueteros iban a provocar algún día un trágico saldo como el producido ayer en Avellaneda.

Pueden o no compartirse muchas de las demandas de los grupos de manifestantes que recurren con llamativa asiduidad a cortar rutas o calles, pero nadie que defienda las instituciones de la República y la vigencia de las leyes podrá estar de acuerdo con su metodología. Quienes organizan los piquetes concurren armados, como mínimo con palos y otros objetos contundentes, no hace falta abundar en más precisiones para concebir a estas manifestaciones como auténticos hechos de violencia.

Frente a estas situaciones, y a partir de esta violencia originaria, no caben dudas. El deber de las autoridades es garantizar el respeto a la ley, evitando provocaciones y atropellos de imprevisibles consecuencias.

No parece sensato hablar de represión indiscriminada cuando las imágenes de la televisión mostraron a los manifestantes de Avellaneda en una actitud francamente hostil, como si desde el comienzo estuvieran dispuestos a enfrentarse con las fuerzas del orden.

Es de esperar que desde distintos sectores de la sociedad y desde la Justicia no se insista en equivocados criterios - como los expuestos con motivo de los trágicos incidentes en la Plaza de Mayo, en diciembre último - por los cuales quienes actúan conforme con la ley terminan siendo castigados por cumplir con su deber, mientras que los generadores de los desórdenes no reciben sanción alguna.

Si unos y otros no comprenden esto, será imposible crear condiciones para la paz social y la convivencia y la escalada de violencia será cada vez más difícil de detener.

Una nueva manifestación de ese conglomerado indefinido pero multitudinario, autodenominado "piqueteros", protagonizó ayer en el linde entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, sobre el puente Pueyrredón y sus adyacencias, un violento choque con policías y miembros de la Prefectura, encargados de la vigilancia de la zona y de mantener libre el acceso a la Capital. El propósito de los manifestantes era interrumpir el tránsito, de por sí denso a esa hora y en ese lugar, como señal de protesta por la crisis social y económica que por estas horas sacude los cimientos del país en toda su geografía.

Tanto el objetivo de la manifestación como la advertencia oficial de que no se permitiría la interrupción del tránsito, estuvieron suficientemente explicitados con varios días de anticipación. No había, pues, ni ocultamiento ni ignorancia sobre el punto de que graves y violentos hechos podrían producirse con saldo lamentable. Y lo que se presagiaba, se produjo.

Los manifestantes pusieron en escena una agresividad llamativa - similar en violencia a la de los trágicos días de diciembre pasado -, que obligó a las fuerzas de seguridad a extremar el operativo para contrarrestarlos y restablecer el orden. El saldo no pudo ser más negativo: al caer la tarde, se dio cuenta de la muerte de dos manifestantes, casi 100 heridos, más de 170 detenidos, numerosos automóviles destrozados, un ómnibus incendiado, decenas de pequeños negocios saqueados y dañados y hasta la invasión de la sala de guardia de un hospital.

La dirigencia social tiene la obligación impostergable de poner calma en los espíritus con soluciones imaginativas, con un discurso realista y con una demostración palpable que invite a la unión de los argentinos. Y quienes motorizan a los piqueteros deben saber que si toman el camino equivocado, el de la violencia permanente, se corre el riesgo de hundir al país en el peor de los infiernos.

Como la crónica de una violencia anunciada podría ser considerado el relato de los trágicos hechos ocurridos ayer en Avellaneda, en los que murieron dos personas y hubo casi un centenar de heridos, entre ellos, por lo menos dos policías.

Lo sorprendente de este caso no debería ser tanto su lamentable resultado, sino que no se haya registrado antes.

Lo verdaderamente curioso es que, desde que en 1997 comenzaron a desarrollarse cortes de rutas y de calles como nuevas formas de protesta social hasta la actualidad, se hayan concretado alrededor de 4000 manifestaciones de este tipo en todo el país, sin que se hayan generado muchas más víctimas.

Que un grupo de personas, por atendibles y legítimas que sean sus demandas, se arrogue la facultad de privar a otras personas de un derecho que la Constitución les reconoce expresamente, como la libertad de trabajar y de circular por el territorio nacional, resulta un atropello que puede desatar consecuencias imprevisibles.

El fenómeno de los piqueteros ha surgido hace pocos años de la mano de un contexto signado por la crisis de representación política y sindical, junto a la incapacidad del sistema político para procesar crecientes demandas sociales.

No es un fenómeno sencillo. Más que una manifestación de la crisis social, el movimiento piquetero es una manifestación fronteriza - y por cierto violenta e inaceptable - de la política.

No obstante, tal vez no existiría sin un contexto socioeconómico como el de los últimos años. En esto, resultaría impropio ser asertivos, porque con otra Argentina, tan distinta de la actual, ¿por qué se produjo la subversión de los años 70?

Los piqueteros conforman, al mismo tiempo, un fenómeno mediático. El corte de rutas implica actos de insubordinación civil y la búsqueda de un impacto en los medios masivos, como la televisión, que potencie sus demandas y haga, en muchos casos, que el sistema político las canalice.

¿Cómo caracterizar a sus integrantes? En el movimiento piquetero hay de todo como en botica:

- Están en primer lugar los desempleados y los que tienen hambre.

- Están también los dirigentes que buscan sacar su propia tajada, recibiendo y distribuyendo planes sociales que fueron una suerte de subsidios encubiertos disfrazados de puestos de trabajo, utilizados políticamente.

- Y están, por último, los pescadores en río revuelto que aspiran a conducir el conflicto social con una dosis de violencia mayor.

Es probable que, a la luz de los hechos sucedidos ayer, este último grupo haya tenido una más elevada participación. En anteriores movilizaciones, los piqueteros demostraron un llamativo nivel organizativo, con una estructura de mando clara y una logística casi perfecta, que contribuyó a evitar enfrentamientos con la policía. Ese grado de organización no se advirtió ayer, por lo menos en el puente Pueyrredón, donde se registraron los más graves incidentes.

No debe descartarse que ese nivel de desorden y rebeldía haya sido generado por las diferencias suscitadas entre las distintas agrupaciones que convocaron a los actos de protesta de ayer, frente a la advertencia oficial de que las fuerzas de seguridad no permitirían los cortes en los caminos.

Todo comenzó cuando dos columnas de piqueteros, algunos de ellos con los rostros tapados y munidos de piedras, palos, y bombas molotov intentaron vulnerar un vallado policial que protegía el acceso al puente Pueyrredón, en el partido de Avellaneda. El resultado fue un duro enfrentamiento que terminó con dos piqueteros muertos, noventa heridos, ciento setenta detenidos y el fantasma del 20 de diciembre rondando el gobierno de Eduardo Duhalde.

Dijo que la gente está cansada de la violencia . "Vamos a hacer el máximo esfuerzo para imponer el orden con el mínimo indispensable de fuerza", sostuvo.

En los últimos días del mes pasado, el Gobierno tomó una decisión: recuperar las calles. La ola de secuestros express ponía en mayúsculas la palabra inseguridad y la alarma sonó en la Secretaría de Seguridad Interior. Entonces se puso en marcha el megaoperativo de control en los accesos a la ciudad, con la Prefectura con el control de los puentes de la zona sur y la Gendarmería desplegada en los pasos hacia el Norte. Prevenir los delitos comunes fue la directiva. Y los piquetes quedaron en esa línea de control, porque los efectivos ya estaban instalados en los lugares en que habitualmente se interrumpía el tránsito.

* Ctera y ATE, contra la actitud policial. Hoy, paro de 24 horas de estatales y docentes

* Rechazo de ARI, la izquierda y asambleas. El grupo de Carrió -los diputados Mario Cafiero, Rafael Romá, Eduardo Macaluse, Ariel Basteiro, Héctor Polino y el frepasista José Vitar, entre otros. Protestas en Plaza de Mayo. Además, militantes del Partido Comunista, el MST y el Partido Obrero .

* Sindicalistas, políticos y organizaciones de derechos humanos variopintas : La sede argentina de Amnistía Internacional , la APDH, el precandidato Adolfo Rodríguez Saá, el precandidato Rodolfo Terragno, diputada (part time) y sindicalista Alicia Castro, el diputado Alfredo Villalba, la diputada Graciela Ocaña y la dirigencia de la FUBA.

* Y por supuesto - faltaría más, siempre se prenden - la muchachada disociante del libelo - casi sin ventas - de Verbitsky: Miguel Bonasso, Mario Wainfeld , Martín Granovsky y Raúl Kollmann.

En resumen, sin sorpresas, los de siempre, cero propuestas y a treparse a la protesta de turno.

Sectores terrenales de la iglesia católica argentina han dado opiniones políticas encontradas, sobre las cuales ejerceremos nuestro derecho a informar y opinar.

* Lamentable: Primatesta dijo que el caos social puede ser "la única salida". Se solidarizó con los reclamos piqueteros. El titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social rechazó la violencia policial. Dijo que deben buscarse soluciones para los desempleados o "habrá más violencia" y el secretario privado del cardenal, el cuestionado laico Guillermo García Caliendo, envió una nota a Néstor Pitrola, dirigente del Polo Obrero (grupo piquetero del Partido Obrero) en la que se solidarizó por lo ocurrido y lamentó que "innumerables argentinos fueran lastimados en un nuevo hecho de represión".

* Sensato: La mesa coordinadora del Diálogo Argentino - por la iglesia obispos Jorge Casaretto (San Isidro), Juan Carlos Maccarone (Santiago del Estero), Agustín Radrizzani (Lomas de Zamora), Ramón Staffolani (Río Cuarto), Domingo Castagna (Corrientes) y Marcelo Palentini (Jujuy) - rechazó anoche los hechos de violencia ocurridos y reclamó el esclarecimiento, reiterando que "no hay otro camino que el diálogo y la serenidad para superar la crisis que vive el país".

Tres actos en el aniversario. Apemia es una agrupación que cuestiona el juicio oral de la AMIA como una maniobra de encubrimiento. Hará su propio acto el 18 de julio.

Laura Ginsberg, fundadora de Memoria Activa, ahora de Apemia.

Con el liderazgo de Laura Ginsberg, acaba de constituirse la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), que se escindió de Memoria Activa a raíz de distintas polémicas que se vienen arrastrando en ese núcleo de familiares de las víctimas del atentado.

Apemia considera que debe integrarse la lucha por el esclarecimiento de los atentados con la que llevan adelante las asambleas, piqueteros y demás organismos de derechos humanos. "La masacre de la AMIA indica la continuidad del terrorismo de Estado. Esta es la estructura que torturó y desapareció 30.000 estudiantes y trabajadores, que reprimió a los luchadores sociales e instauró la criminalidad policíaca", dice el texto.

Un grupo de diputados de izquierda presentó hoy un proyecto para que se devuelva el 13% descontado por Machinea en los sueldos del Congreso

La iniciativa argumentó que la "imprevista salida de la convertibilidad importó una drástica reducción del salario real de los empleados", por lo cual se pidió que se deje sin efecto la reducción del 13% en los haberes del personal legislativo.

El proyecto fue firmado por los diputados Mario Cafiero (ARI), Alicia Castro (Frente para el Cambio), Ariel Basteiro y Franciso Gutiérrez (Polo Social), María América González (Frente Grande), Alfredo Bravo y Jorge Rivas (socialismo), y Gerardo Conte Grand.

Por su parte, el secretario general de ATE-Congreso, Horacio Alvarez, apoyó la postura de los legisladores "para que de una buena vez los trabajadores del Parlamento puedan recuperar la quita de haber, injustamente implementada".