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"Persecución disfrazada de justicia , la trampa infame de la detención preventiva internacional"

 

La nota más fiel publicada al respecto (junto con el diario Rió Negro):

 

La Nueva Provincia - Bahía Blanca - República Argentina - 29 de Enero de 2002

´Astiz vuelve a quedar en libertad´

 

El gobierno rechazó el pedido de extradición del ex marino formulado desde Suecia. Duhalde corrigió la postura anunciada por Rodríguez Saá y mantuvo la línea que siguieron Menem y De la Rúa

El ex oficial naval Alfredo Ignacio Astiz recuperará la libertad, en las próximas horas, tras confirmarse anoche el rechazo gubernamental al pedido de extradición formulado por Suecia. La resolución de la Cancillería está firmada por el ministro de Defensa e interino de Relaciones Exteriores, José Horacio Jaunarena.

Astiz está detenido desde el 28 de diciembre, cuando fue arrestado por pedido de la justicia sueca.

El rechazo a su extradición se constituyó en la primera decisión que adoptó la gestión duhaldista sobre los juicios que se siguen en el exterior a militares argentinos.

* como ya investigados desde el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que lo absolvió porque esos episodios no estaban probados;

 

* que la sala II de la Cámara Federal revisó tal sentencia y declaró la prescripción de la causa;

 

* que dar curso al pedido de extradición iría en desmedro de la soberanía nacional en virtud que, al corresponder la jurisdicción a la República Argentina, sus tribunales ya tomaron intervención;

 

* se conculcaría el principio non bis in idem (una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho).

Se espera que, ahora, el juez federal de turno durante la feria judicial disponga la libertad del marino.

Si esa labor le cupiera a Servini de Cubría sería la segunda vez, en menos de seis meses, que se vería obligada a liberarlo: ya lo había arrestado, durante el invierno, por pedido de la justicia italiana y también se había denegado el recurso.

Astiz estaría alojado en la base naval de Mar del Plata. "Hay una persecución en mi contra", había dicho, a fines del 2001, cuando fue presentado ante el juez Torres.

Nota de la R.: No siempre compartimos necesariamente las opiniones publicadas. En este caso destacamos nuestro pleno acuerdo con los dichos del señor Juan Alemann y resaltamos su valor cívico al enfrentar la ola mediática de turno. La gravedad extrema de la crisis debe redoblar nuestra capacidad de razonar y analizar sin ser arrastrados por las pasiones desatadas.

ANALISIS ECONOMICO

Por qué no es bueno destituir a la Corte

Repentinamente apareció en algunos sectores de la sociedad la idea de que los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia deben renunciar o ser destituidos mediante juicio político. Una manifestación frente al Palacio de Tribunales, con unos cuantos centenares de adherentes, instaló el tema en la opinión pública y logró que fuese recogido parcialmente en los cacerolazos. Parte de nuestra burguesía tilinga lo incorporó en su repertorio de protesta, obviamente sin saber de qué se trataba y qué implicaba la pretensión de los activistas. Pero no nos engañemos: son ínfimas minorías.

UN CUESTIONAMIENTO DIFUSO. Para el común de la gente, la Corte es un órgano abstracto. No saben quiénes son sus miembros y qué es lo que realmente hacen. Menos tienen idea de qué se les imputa, por qué deberían irse y en qué contribuiría ello a resolver los distintos problemas.

Está claro que este reclamo extravagante viene de los ideólogos del activismo, que ha cobrado especial virulencia a partir del 19 de diciembre. Quieren destruir las instituciones básicas de la República y dejar el camino libre para una toma del poder al estilo de la de Fidel Castro en Cuba, con tribunales revolucionarios que puedan ordenar fusilamientos a diestra y siniestra.

Cuando se les pregunta a los manifestantes qué tienen contra la Corte, dan respuestas variadas, que en general poco o nada tienen que ver con el caso. Algunos la acusan de haber liberado a Menem, sin entender el caso. Porque lo que la Corte estableció es que la figura de la asociación ilícita no era aplicable al caso de un Presidente de la Nación con sus ministros. En principio esta figura se aplica a casos de bandas constituidas para cometer delitos, como asaltar bancos, pero jamás a un Gabinete Nacional.

Se puede acusar a Menem de otros delitos, pero nunca de haber sido jefe de una asociación ilícita. De todos modos, la bien fundada decisión de la Corte no es motivo para destituirla.

ESTADO Y GOBIERNO. Pareciera desconocerse la doble naturaleza de la Corte Suprema, como tribunal de última instancia por una parte y como uno de los tres poderes del Estado, por la otra. Está claro que cuando se plantea un conflicto entre las dos funciones, debe prevalecer la última.

La Corte debe tener en cuenta los intereses superiores de la sociedad, contribuyendo a mantener al Estado, para que pueda cumplir su función dentro de la sociedad. Se confunde Estado con Gobierno. La Corte ha apoyado al Estado, independientemente del Gobierno que lo maneje. Convalidó medidas conflictivas de Menem, de De la Rúa y de Duhalde.

Quienes la acusan de haber convalidado el corralito, esto es, la bancarización forzosa, no entienden que se trataba de una cuestión de Estado, ya que con esa medida se evitó un desastre mayor. Además, en la medida que la gente se acostumbra a operar con cheque, tarjeta u orden de pago directa, no hay problema, como no lo hay en los EE.UU., donde el efectivo se utiliza sólo para pagos menores.

Pero el congelamiento es otra cosa; así se lo dijo el Presidente de la Corte, Julio Nazareno, al Secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, señalando que la medida "carece de razonabilidad". Es innegable que constituye una violación elemental del derecho de propiedad, tanto más grave por tratarse de una medida absolutamente innecesaria y contraproducente. Fue un grosero error, y la Corte haría bien en no convalidarlo. Con eso mostraría que no acepta disparates. De paso la Corte ganaría apoyo popular y, aún sin habérselo propuesto, ayudaría al Gobierno, que de otro modo no sabría como enmendar su error.

NO A LAS PUEBLADAS. Nuestra sabia Constitución Nacional excluye expresamente las puebladas como forma de decisión para el Gobierno: el pueblo gobierna a través de sus representantes. Los constituyentes sabían que las puebladas expresan humores momentáneos, que unos pocos las pueden impulsar y organizar, y que si se gobierna cediendo a estos reclamos, la Nación se torna inestable e ingobernable. Esto es lo que quieren los representantes de la izquierda revolucionaria, que saben que nunca llegarán al poder con el voto.

Sería gravísimo que los miembros de la Corte renunciarán por la presión de algunos revoltosos dirigidos por quienes tienen propósitos que van mucho más allá. Más grave aún sería que se los sometiera a juicio político, ya que no hay motivo concreto para ello.

El influyente Wall Street Journal nos acaba de calificar como república bananera. Sin duda le hemos dado muchos motivos para ello. Pero si, además de todo, se destituye la Corte "a lo bestia", el mundo sabrá que en la Argentina no hay estado de derecho y que mereceremos plenamente el calificativo peyorativo. Lo cual luego tiene consecuencias directas sobre nuestro bienestar.

Señor Director:

"Desde los pergaminos que me da el hecho de ser uno de los tantos ahorristas cautivos y en lo que usted felizmente recalificó como "perverso chiquero", comúnmente llamado corralito, y también desde la profunda admiración que siento por la señora María Elena Walsh, me permito aclarar algunos conceptos de su carta.

"La noción de que los bancos extranjeros son seguros, confiables y ajenos a la rapiña nativa es errónea. La responsabilidad de un banco extranjero, como de cualquier otro origen, no habiendo un acto delictivo, sólo se extiende al capital radicado en el país y sólo cubre los riesgos de su propia gestión comercial, nunca la irresponsabilidad de la clase política gobernante.

"Al igual que yo, muchos otros argentinos, no hicimos caso de las señales financieras aterradoras, a las que podríamos agregar señales políticas, éticas, de gestión, etcétera. En nuestro pecado está la penitencia.

"Con el riesgo de ser tildado de traidor a la patria, en lugar de agradecer el honor de habitar este suelo, yo agradecería más el honor de habitar un suelo que me permitiera constituir una familia, mantenerla, darles una educación a mis hijos, tener asegurados servicios adecuados de salud, seguridad y justicia, y por sobre todo, poder generarme un respaldo económico que me permitiera pasar una vejez digna, sin ser una carga para mis hijos. Desgraciadamente este suelo hace mucho tiempo que ha dejado de prestarme esos servicios.

"La estafa o el robo estuvieron a cargo de nuestros gobiernos y no de los bancos. Ahora bien, si la estafa o el robo hubieran sido de la sucursal del banco y de su gestión, en ese caso sí la central en el país de origen se debería responsabilizar de los dineros que se le confiaron.

"A la gente le resulta cómodo canalizar toda la bronca contra los bancos. Es más fácil, pero la bronca habría que canalizarla contra toda la clase política, sindical, empresarial, etcétera; en resumen, contra nosotros mismos, pues todos ellos actúan a nuestra imagen y semejanza.

"Parafraseando al poeta, "nunca es triste la verdad, pero sí tiene remedio" en la medida en que como pueblo sepamos cambiar a la hora de votar, actuar y participar. En resumen, que aprendamos a vivir en nuestro país como ciudadanos, y no "a la argentina" como pasajeros de un hotel."

Sin embargo esa cantidad cuadriplica lo que ciertos medios y locuaces políticos denominan – desvergonzada y farsantemente - como "la masacre de Plaza de Mayo¨, refiriéndose a los cinco muertos de la madrugada del 20 de diciembre, todos agitadores violentos, todos hechos sucedidos lejos de la Plaza y a manos de custodias de bancos y comercios asaltados. Luego de muy mediáticas intervenciones, hasta la infaltable jueza María Servini se llamó a prudente silencio.

Hubo en esos días otros lamentables 18 muertos más, en las provincias, todos sin excepción asaltantes o saqueadores y a manos de custodias o de los mismos comerciantes víctimas.

Totalizan 23, pero ya hoy mismo la prensa de izquierda revolucionaria los aumentó a 36; seguro que dentro de unos años nos hablarán de trescientos, como en sus fabulaciones sobre los reales 7.900 terroristas muertos y desaparecidos durante el gobierno militar en la guerra civil, luego impúdicamente aumentados a 30.000, el eterno juego sucio de la propaganda con los muertos de las violencias argentinas.

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