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El proyecto de ley por el cual el gobierno nacional propicia la sustitución obligatoria de los depósitos bancarios reprogramados por un bono , es la dolorosa consecuencia de un proceso en el cual los múltiples desequilibrios del sector público y la incapacidad para disciplinar las cuentas fiscales han sido permanentemente trasladados al sector privado hasta el punto de provocar el colapso del sistema financiero.

En las últimas semanas se asistió a un fenómeno por demás curioso, al compás de la continua fuga de dinero de los bancos y al drama de millones de ahorristas que veían cada vez más lejana la posibilidad de reencontrarse con el capital que en su momento les confiaron a las entidades bancarias. Se trata de un fenómeno dado por el hecho de que ninguna de las partes involucradas en este juego deja de tener razón:

- Los ahorristas tienen sus legítimos motivos para demandar la devolución del dinero que depositaron en los bancos; no sólo confiaron en su país, sino que lo hicieron al amparo de una ley de intangibilidad de los depósitos.

 

- Los jueces que hicieron lugar a miles de recursos de amparo de los ahorristas tienen sus razones, ya que han actuado en defensa de elementales derechos establecidos en las leyes y en la Constitución.

 

- Por último, los bancos también tienen sus razones al reclamar que se ponga fin al llamado goteo de fondos que se encontraban en el corralito, dado que es sabido que no existe sistema financiero en el mundo capaz de sobrevivir si todos los ahorristas convergen al mismo tiempo para retirar sus depósitos.

 

Hubiera sido preferible que, desde un primer momento, el intervencionismo estatal cediera su lugar al acuerdo entre las partes involucradas, esto es, entidades financieras y ahorristas.

Lamentablemente, el cambio de reglas de juego, con la devaluación y la pesificación de deudas que de otro modo no iban a poder ser saldadas, generó asimetrías y serias dificultades para aquel acuerdo, dando paso a un largo camino de marchas y contramarchas desde el gobierno nacional que ha derivado en un intento de solución bastante parecido al que se adoptó en 1990 con el primer plan Bonex.

La situación a la que se ha llegado ahora, 12 años después de aquella confiscación de ahorros privados, reconoce un origen semejante. La incapacidad de quienes administraron el Estado nacional y muchas provincias condujo a un endeudamiento desproporcionado; el sector público consumió la mayor parte del crédito del sistema financiero para paliar su abultado déficit fiscal, provocando una fuerte elevación de las tasas de interés, asfixiando al sector privado y aumentando la recesión.

La desconfianza generada desde el Estado provocó durante todo el año último una continua fuga de depósitos e hizo colapsar al sistema bancario, proceso que se agravó al declararse el Estado en default.

Pese a que, frente a las justificadas demandas de los ahorristas, el Gobierno ha preferido descargar sus críticas contra las entidades financieras -cuya mayor culpa pasa por haberle prestado demasiado dinero a un sector público que sabían insolvente-, el diagnóstico de los actuales males no es complejo: la sociedad toda, y los ahorristas en particular, está pagando con sus penurias los múltiples desequilibrios generados desde las administraciones nacional y provinciales.

Lo lamentable es que el presidente Duhalde, representante de la clase política que nos condujo a este descalabro, parezca ignorar en su discurso este diagnóstico.

La iniciativa oficial de convertir en bonos la totalidad de los depósitos reprogramados sólo puede aceptarse en función de la emergencia. Pero será fundamental entender que toda emergencia tiene un límite y que la perduración de la propia democracia se pone en riesgo cuando desde el Estado se revocan permanentemente las normas de convivencia y se altera la estabilidad de las reglas de juego.

La única solución posible pasa por la recuperación de la confianza. Y la confianza no se recuperará en tanto los principales sectores políticos que han tenido la responsabilidad de gobernar, comenzando por el actual jefe del Estado, no admitan públicamente que la gravísima situación actual es producto de que la mayor parte del dinero al que hoy no pueden acceder los ahorristas ha sido consumida y derrochada por un sector público voraz, que durante años tomó prestado mucho más de lo que podía y que hoy no está en condiciones de devolver.

Si no es acompañado por una serie de reformas estructurales que dejen de lado cualquier tipo de clientelismo político o de demagogia populista, si no se produce un ajuste por medio de la eliminación de nichos parasitarios y corruptelas, si no se eliminan las jubilaciones de privilegio y las prebendas de la dirigencia política y si no se avanza hacia una regionalización del país, con la consecuente desaparición de un gran número de legislaturas y concejos deliberantes, de nada servirá el esfuerzo de tantos argentinos y la confianza sólo será en la Argentina una expresión que adornará los diccionarios.

2 - ¨Escrito el dia anterior II¨

Las entidades que agrupan a los bancos, ABA y Abappra, le pidieron a la Corte Suprema que suspenda las medidas cautelares dispuestas por los jueces para restituir los ahorros.

En un escrito, las entidades bancarias sostienen que existe una situación de gravedad institucional que justifica la inmediata intervención de la Corte, para impedir que continúe saliendo dinero del corralito; la situación "adquirió una gravedad inusitada", afirman.

Según los bancos, la actitud tomada por los tribunales de distintos puntos del país, que dictaron medidas autosatisfactorias que implicaron la entrega del dinero, "colocan al borde del colapso al sistema financiero y bancario del país".

Las aproximadamente 200.000 acciones judiciales promovidas contra el corralito son un número bajo frente a los 9 millones de ahorristas que existen en el sistema financiero y que no demandaron contra los bancos y el Estado.

ABA y Abappra sostienen que de un recuento incompleto surge que al 16 de abril último los jueces dispusieron 18.787 medidas cautelares, que representan el 9,3 por ciento de los 200.000 juicios y que sacaron del sistema 2291 millones de pesos. En promedio, se devuelven 39.000 dólares por cautelar.

Si hubiese que reintegrar esta suma en todos los amparos, deberían entregarse 20.000 millones, el doble del dinero en circulación; se produciría un aumento del 142 por ciento de la circulación monetaria; llevaría a un aumento adicional de los precios del 26 por ciento y traería la consiguiente caída del poder adquisitivo.

Del mismo modo, "el 75 por ciento de los ahorristas quedaría imposibilitado de recuperar los fondos; se destruirá la cadena de pagos; se agudizará la ya profunda recesión y desaparecerían entidades financieras que proporcionan empleo a 100.000 personas en forma directa y 150.000 en forma indirecta.

Editorial : ¨Caos¨

El "que sea lo que Dios quiera" ha resonado por todo el país como la insinuación de un abandono del presidente de la República a sus altas responsabilidades. No importa que lo haya sugerido para el supuesto de que el Congreso no aprobase el proyecto de ley orientado a evitar el descalabro final del sistema financiero, como, en definitiva, terminó sucediendo. El hecho de que se haya tocado este extremo de urgencia es un efecto de la ausencia de previsiones anteriores y elementales, de omisiones graves en materia de su inexcusable cometido.

Responsabilidad ésta que no tiene derecho a descargar en el Poder Legislativo mediante un ultimátum político. La quiebra de la generalidad de los bancos, que podría seguir a la apertura inminente con que el presidente amenaza, no sobrevendría como una catástrofe natural, sino como resultado de su impericia y demora injustificable en prevenirla.

Tampoco es recurso admisible pretender que, por haber sido designado por la Asamblea Legislativa, a ella le tocaría resolver acerca de su continuidad en el cargo. La Asamblea no tiene facultades para destituirlo, sino únicamente para aceptar su renuncia. Si de eso se trata, que al menos lo diga con entera claridad, y no lo deje entrever como un intento de extorsión solapada dirigido a la opinión pública. A menos que prefiera el juicio político, pero éste no es atribución de la Asamblea sino de ambas cámaras constituidas en tribunal de enjuiciamiento.

El presidente juguetea con su silla porque sabe que, hoy por hoy, no hay un reemplazante a la vista. No lo hay entre quienes ocupan cargos electivos y, si lo hubiese aceptable, no se prestaría a un penoso y frustrante interinato hasta diciembre de 2003. Tampoco han aparecido, hasta ahora, dos o tres presidenciables presentables y prontos para emprender seriamente la carrera de las elecciones anticipadas o, cuando menos, uno a quien volcar algún residuo de confianza en un dirigente político.

Pero si el presidente sólo ha querido asustar con el espectro del caos, ¡cuidado!, porque bien puede entenderse que él es el caos. Los episodios posteriores a sus afirmaciones no hacen más que confirmar hasta qué punto la Argentina se encuentra atenazada por una crisis de carácter terminal, para salir de la cual se requerirá un timonel con muchísima más pericia y altura de estadista de las que hasta ahora ha demostrado Eduardo Duhalde.

Una cosa es segura: si bien no hay una alternativa de poder a la vista, la velocidad que ha ganado la actual crisis hoy le pisa los talones al presidente y, de no mediar un milagro, es imposible que llegue a septiembre de 2003.

La Argentina parece hoy un país hecho jirones. Sus instituciones evidencian una fragmentación casi irreparable donde sólo cabe un replanteo y una legitimación de los procedimientos y de sus autoridades.

Enfrascado en dudas e indefiniciones permanentes, el Gobierno parece ahora oscilar entre rendirse a las exigencias del Fondo Monetario Internacional o aventurarse en un programa propio, sin apoyo alguno de los países más poderosos ni de los organismos multilaterales de crédito.

Terribles consecuencias acechan en los dos senderos a pocos pasos de la encrucijada en que se encuentran hoy las autoridades.

Para empeorar definitivamente las cosas, no hay un plan a la vista que tenga apoyo político suficiente para encontrar una salida a la debacle del sistema financiero.

El Congreso apenas parece decidido a postergar una definición sobre el flanco más grave que presenta en estos momentos la malherida economía nacional.

¿Cómo reaccionaron los principales medios de comunicación internacionales ante la renuncia de Jorge Remes Lenicov? De esta manera:

"El Mundo" (España). "Dimite el ministro de Economía argentino, Remes Lenicov. Las diferencias entre Duhalde y los partidos impiden al Senado estudiar el plan de salvamento de canje de depósitos por bonos".

La situación: "Vacilante, Duhalde lo dejó ir"

Jorge Remes Lenicov ha caído y Eduardo Duhalde no está bien. El ministro renunció, ahorcado por una pinza infernal: un mundo cada vez más exigente y duro, por un lado, y la extravagancia institucional interna, que colocó el sistema bancario al borde de la bancarrota definitiva, por el otro.

A su vez, el Presidente está más débil que hace una semana porque sólo puede mostrar otro fracaso, consecuencia, en parte, de su propio desorden intelectual y de un estilo personal de vacilaciones constantes.

En el centro, la desconfianza externa e interna en una estirpe gobernante argentina que se extingue en las llamaradas de la crisis. El mundo - y no sólo el Fondo Monetario Internacional - desconfía de los dirigentes argentinos. Los compromisos, entonces, deben tener garantías sobre garantías, como no se le reclama a ningún otro país. La sociedad nacional misma descree de la sinceridad, de la eficiencia y de la honestidad de sus gobernantes.

La suerte de Remes Lenicov se selló durante la semana pasada. Los jueces desvalijaron el tesoro de los bancos aceptando los recursos de amparo por el corralito. El sistema financiero comenzó a agonizar y fulminaba, al mismo tiempo, la política de "paso a paso" del ministro de Economía, que consistía en ir resolviendo los problemas de a uno y paulatinamente.

Los argentinos son incongruentes y, a veces, trastornados. Un miembro de la delegación argentina conversó con un funcionario norteamericano y éste le preguntó qué había pasado con el cierre de los bancos. Cuando el argentino le explicó que los jueces libraban órdenes para liberar el corralito, el norteamericano le preguntó: "¿Cómo? ¿Acaso han cerrado los bancos para defenderlos de los jueces? Ustedes pertenecen a otra galaxia", concluyó.

¿Qué hará Duhalde? ¿Intentará acaso seguir el consejo de varios interlocutores de los últimos días, que le aconsejaron congelar las negociaciones con el Fondo y emprender una política de "autogestión" argentina, como él la llama? ¿Tratará de relanzar su gobierno y continuar la negociación con los organismos internacionales?

Duhalde vacila. Y nadie sabe si está distinguiendo, entre tantas oscilaciones, que no es lo mismo una y otra política, la diferencia entre el rigor y la transgresión.

Ante un presidente vacilante, el sucesor de Remes se sentirá débil como para tomar las medidas drásticas necesarias.

Según virtualmente todos los criterios concebibles, la breve gestión del ahora ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, resultó ser un desastre con muy pocos atenuantes: el peso perdió más de dos tercios de su valor, la desocupación aumentó a un ritmo angustiante, los ingresos se redujeron, el sistema financiero colapsó y se puso en marcha un proceso inflacionario que pronto podría adquirir proporciones catastróficas, sin que se diera señal alguna de que la tan ansiada recuperación estuviera por manifestarse.

Sin embargo, a pesar de tamaño catálogo de calamidades, la decisión de Remes de renunciar a causa de la negativa del Congreso a debatir un proyecto de ley destinado a transformar en bonos de valor dudoso la mayor parte del dinero atrapado en el corralito ha asestado un golpe muy fuerte al precario gobierno "de emergencia" que encabeza el presidente Eduardo Duhalde.

Aunque el ex ministro nunca pudo controlar las fuerzas destructivas que él mismo había desatado al devaluar sin haber pensado debidamente en todas las consecuencias que tendría dicha medida para un país tan legal y psicológicamente dolarizado como está la Argentina, tanto aquí como en el exterior merecía respeto por su ecuanimidad, su presunta competencia profesional y, sobre todo, por la convicción, justificada o no, de que sería capaz de impedir que su jefe se entregara a sus instintos populistas.

Es de prever que, por no contar con la plena confianza de un presidente que ya es excesivamente proclive a vacilar, el sucesor de Remes se sentirá demasiado débil como para tomar las medidas drásticas y con toda seguridad impopulares que serán necesarias para frenar una caída que está teniendo efectos devastadores en la vida nacional

Desafortunadamente para todos, los legisladores peronistas, radicales, frepasistas e izquierdistas que terminaron oponiéndose con éxito a la gestión de Remes, más "la gente" que por motivos respetables ha estado protestando ruidosamente contra el nuevo plan Bonex, parecen saber muy bien lo que no están dispuestos a tolerar, pero cuando se trata de proponer alternativas factibles pocos pretenden tener la más mínima idea de lo que convendría hacer.

Los que se han afirmado contrarios a los bancos prefieren pasar por alto el hecho evidente de que si éstos se derrumban llevarán consigo todo el dinero depositado en ellos.

Asimismo, quienes han estado vociferando eslóganes contra el FMI parecen suponer que si sus representantes se fueran, el país, libre por fin de una tutela sin duda humillante, podría dedicarse a prosperar: huelga decir que es tan engañosa como mostró ser la versión original esta nueva variante de la ilusión de que rehusar pagar la deuda pública nos permitiría gastar el dinero así "ahorrado" en escuelas y hospitales.

Lejos de facilitar las cosas, romper con el Fondo las haría más difíciles todavía, aunque tal vez tendría la gran ventaja de enseñarles a ciertos "dirigentes" que la crisis económica no es una mera ficción numérica inventada por banqueros, especuladores y "neoliberales" vinculados con una entidad internacional

Jorge Remes Lenicov merece ser criticado por muchas cosas. Devaluó sin un plan consistente en el bolsillo, hubo contradicciones en los asuntos más arduos que atormentan a la Argentina, exasperó a todos por su lentitud para definir una medida y conformó un equipo de colaboradores que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Pero debe reconocerse una virtud al atildado economista: encarnó como ningún otro funcionario la seriedad y el raciocinio en el seno de un gobierno donde abunda el disparate y la ignorancia.

Remes, con Mario Blejer en el Banco Central y acaso Jorge Capitanich, militaron en el bando de los moderados, los filocapitalistas, los globalizadores, los sensatos, al fin y al cabo.

Enfrente, están los lobbystas descarados, los populistas, la mazorca matancera, al decir de Carlos Escudé.

Duhalde oscila de un lado a otro, tironeado por sus creencias más profundas y por el instinto de poder, el músculo más desarrollado de los peronistas. La apelación al FMI como fuente de autoridad permitió a Remes imponer sus puntos de vista y esta fue, sin duda, su mayor virtud: contener las ideas del paleozoico que economistas como el diputado Daniel Carbonetto (uno de los responsables del hiperfracaso de Alan García en 1986) susurran al oído proclive del presidente.

Esta gran amenaza acecha ahora a los argentinos. Duhalde fastidiado por el fracaso sistemático podría elegir una salida a lo José Ber Gelbard o Aldo Ferrer. Es decir, el populismo visceral - el corazoncito, al fin y al cabo - habrá ganado su batalla a la inteligencia.

Señor Director:

"Con déficit fiscal, ¿es posible la convertibilidad? Sin déficit fiscal, ¿es necesaria la convertibilidad?"

"La gente cree que los bancos se beneficiaron. Pero la verdad es que el negocio se redujo demasiado. El dinero ya no está en los bancos. Fue prestado y el Estado tomó 15.000 millones de dólares. Si se abre el corralito, el Estado, para pagarles a los ahorristas, debería emitir y esto generaría inflación", dijo el ejecutivo de un banco de primera línea. En 1990, cuando se instrumentó el plan Bonex, se decidió devolverles a los depositantes un monto mínimo en australes y ése fue el efecto.

Hay, entre los ideales de los ahorristas y la realidad, una distancia casi insalvable. Aquéllos sueñan, legítimamente, con recuperar ya mismo sus depósitos. Pero, hasta ahora, sólo lo consiguió un puñado de personas, si se estima que, según la ABA, sólo se dictaron medidas cautelares a favor de unos 18.000 acreedores, apenas el 10 por ciento de los casi 200.000 que presentaron amparos y un porcentaje insignificante frente a los 9 millones de personas involucradas en el sistema financiero.

Lo sorprendente es que, aunque parezca un juego de palabras, quienes destruyeron la convertibilidad estén proponiendo una nueva convertibilidad, lo que hace que cualquier medida en este sentido carezca de credibilidad.

A pesar de ser economista creo que la solución pasa por cambios políticos: lo que se debe hacer es darle sustento al Gobierno en todos sus niveles. En este momento, con un sistema político ineficiente y desacreditado no existe solución económica posible.

No podemos seguir gobernados por un Congreso cuyos miembros no pueden caminar por la calle porque terminan linchados. No hay acuerdo con el FMI ni hombre providencial que nos salve mientras continúe el descrédito de las instituciones democráticas.

En este caso, la economía está totalmente supeditada a la política. No hay más sistema financiero, ni bancos ni moneda. Así, cualquier tipo de cambio que se imponga en el sentido de la política cambiaria fracasará porque el público no va a querer la nueva moneda.

Es necesario, primero, una reforma constitucional que dé lugar a un sistema unicameral parlamentario con no más de cincuenta representantes, con un fuerte respaldo de la ciudadanía. De ahí saldrá un gobierno sólido para aplicar políticas económicas sensatas.

Cualquier política económica de un gobierno que está atrincherado detrás de vallas policiales tiene corta vida y la realidad lo está demostrando. Les deseo la mejor de las suertes a las nuevas autoridades económicas, pero este no es un problema de hombres, sino de política.

En cuanto al plan Bonex, era lo único sensato para terminar con el corralito. No es en absoluto deseable, pero es lo único viable en esta situación.

Ahora lo que falta es definir qué recursos se pueden articular para que el bono tenga valor. La idea del bono no está mal, el tema principal es qué recursos se van a afectar para que este nuevo instrumento tenga un fuerte respaldo. Espero que el próximo ministro se ocupe de ello; si no éste sería el bono de un Estado que ya está quebrado.

Pese a lo que cree la gente, el plan Bonex no es la base del problema argentino. La base de todo está en la falta de idoneidad y de representatividad de los políticos.

La nueva crisis deja claramente en evidencia que no hay coalición política que pueda sostenerse, si no encara las reformas estructurales para salir de la profunda depresión. Ya no hay malabarismo monetario, financiero o cambiario que pueda sustituir, aunque sea por un tiempo, las reformas estructurales.

Ignorar las reformas y encarar una devaluación sin ningún plan consistente, generó una crisis mayúscula: se destrozaron los ahorros de la gente, el salario real se desplomó, la inversión terminó de paralizarse, los activos de la gente se esfumaron, los créditos se transformaron en impagables, el sistema financiero tiende a desaparecer y el desabastecimiento de productos crece con el correr de los días.

Pero, lo más curioso, la misma dirigencia política que aplaudió el default y la salida de la convertibilidad, hoy no quiere asumir los costos políticos de semejantes decisiones. Tampoco quiere asumir la decisión política de hacer las reformas estructurales. El resultado es que el Gobierno quedó paralizado, metido en un callejón que no tiene salida.

La población argentina está sufriendo una injusta agonía económica y social, que no es producto de una guerra o de un cataclismo. Está sufriendo por la falta de grandeza de una dirigencia política que no ha comprendido que está agotado el modelo del gasto público improductivo y de los privilegios sectoriales.

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