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A poco más de un cuarto de siglo de los hechos de violencia que conmovieron a nuestro país en la década del 70, se sigue planteado un doloroso antagonismo entre quienes reclaman, en nombre del derecho a la verdad, nuevas investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes de las instituciones del Estado y quienes consideran, en cambio, que ha llegado la hora de que los argentinos elijamos mirar hacia el futuro y transitemos el camino de la reconciliación, la pacificación de los espíritus y el perdón.

La historia de las naciones muestra - con una frecuencia que entristece - que no hay soluciones mágicas para las heridas abiertas por los enfrentamientos internos del tipo de los que padeció la Argentina cuando osciló entre el terrorismo subversivo y la represión violenta e ilegal. Es que nunca resulta fácil juzgar aquellos procesos sangrientos que se inscriben en escenarios no convencionales, que no incluyen situaciones de guerra clásicas, ni batallas, ni frentes abiertos de combate y en los cuales los conflictos se dirimen entre agentes "revolucionarios" y "contrarrevolucionarios" que actúan salvajemente y en la clandestinidad.

Frente al dolor irremediable de tantas familias y con el fin de que nunca se repitan los trágicos delitos cometidos, sería necesario empezar a construir entre todos - políticos, militares, ex guerrilleros, ideólogos de uno y otro campo y ciudadanos en general - un juicio histórico crítico, lo más objetivo posible, de aquellos años atroces.

Para ello sería indispensable poner la verdad por encima de las preferencias ideológicas y asumir los hechos en su integridad, aún aquellos que cada una de las partes suele ocultar porque no favorecen a sus designios o a sus intereses. Nunca se ha explicado, por ejemplo, por qué razón no se ha reclamado la investigación de las 908 desapariciones ocurridas durante el gobierno presidido por María Estela Martínez de Perón, según consta en documentaciones de la Conadep, de la Secretaría de Derechos Humanos y del juicio a los comandantes de las Fuerzas Armadas sustanciados durante el gobierno iniciado en 1983. Esas constancias de que el llamado terrorismo de Estado comenzó durante el gobierno constitucional fueron calificadas, en su momento, extrañamente, de "pruebas piloto".

Los actos ilegales de represión ejecutados masivamente a partir de marzo de 1976 fueron juzgadas bajo un gobierno constitucional y sus máximos responsables fueron condenados. El único antecedente contemporáneo comparable, como otras veces se señaló, es el juicio realizado en Grecia al denominado "régimen de los coroneles".

No fueron juzgadas, en cambio, la represión ilegal, la desaparición de personas y las violaciones de los derechos humanos consumados de 1974 a 1975, que fueron la primera etapa del horror. Después, el mismo gobierno que enjuició a los integrantes de las juntas militares propuso la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, que - aprobadas por el Congreso - acotaron las responsabilidades en la represión ilegal.

Por lo demás, las Fuerzas Armadas formularon una autocrítica importante a partir de 1995. También lo hizo, desde otra perspectiva, la Iglesia Católica. En cambio, no adoptaron actitudes similares los partidos políticos, que facilitaron la expansión de la violencia cuando en 1973 dictaron la ley de amnistía y suprimieron la Cámara Federal en lo Penal, tribunal que había permitido combatir al terrorismo preservando la ley y el respeto a la vida humana. Desde los sectores autodefinidos como revolucionarios, sólo hubo autocrítica respecto de su falta de eficiencia: nunca un autoexamen de conciencia por haber apelado a las armas para dirimir cuestiones políticas.

Finalmente también correspondería a los sectores empresarios y a los medios periodísticos analizar sus propios comportamientos en el seno de una sociedad que no fue ajena a las pasiones de la época.

En la gran mayoría de los países con gobiernos democráticos existen aún - salvo frente a hechos obviamente brutales - serias dificultades para diferenciar las actividades terroristas de otras formas de disenso, radicalizadas pero tolerables en un Estado de Derecho. A tal punto que no ha podido construirse un consenso internacional sobre las formas legítimas de violencias política o sobre el denominado derecho a la rebelión. Todavía hoy subsisten diferencias de criterio profundas entre los distintos gobiernos respecto de estos temas. Esas discrepancias han impedido que la Organización de las Naciones Unidas apruebe una convención sobre el terrorismo y cómo afrontarlo.

Los planteos recientes para anular los efectos de las leyes de punto final y obediencia debida tienen el inconveniente de que implican legislar retroactivamente.

Por otra parte, las naciones deben recordar y actuar a partir de su historia, pero no deberían quedar prisioneras de ella, hipotecando su presente y, sobre todo, su futuro. Los pueblos no progresan ignorando o negando sus cicatrices, pero crece la probabilidad de retrocesos cuando se impide que las heridas abiertas por la violencia se cierren y cicatricen.

Los abrumadores problemas que afronta hoy nuestra sociedad hacen imperativo que quienes estén en condiciones de hacerlo, desde cualquier posición de responsabilidad, aporten su esfuerzo para alcanzar el necesario equilibrio entre el derecho a la verdad y el derecho a la paz y la reconciliación.

El 13 de junio de 1973, por abierta presión ejercida por Juan D. Perón, el peronismo ortodoxo y los sindicatos justicialistas, renuncian el presidente Cámpora (títere de los Montoneros) y el vicepresidente Solano Lima, ante el caos total imperante en el país y la anarquía del gobierno. Asume Lastiri y se convoca a nuevas elecciones presidenciales.

Señor Director:

"Junto con Alfonsín consuma el paradigma de la corporación política ignorante que nos condujo a la disolución. Dejó una provincia arruinada, con más de 2000 millones de dólares en rojo y una burocracia tan inútil como insostenible. Como candidato presidencial predicó hasta el hartazgo el cambio del modelo.

"¿Cuál era el modelo existente? ¿Acaso este capitalismo desvirtuado e inviable al estar diezmado por los impuestos más distorsivos, por un sindicalismo mafioso, por la falta de crédito accesible causado por la succión y el peso de un Estado adiposo y corrupto? ¿Era acaso la ficción de una convertibilidad que no iba acompañada por el equilibrio fiscal?

"¿Y cuál era el modelo que a su vez tenía in mente? ¿Acaso esta improvisación que no da pie con bola? ¿El atraco a las AFJP y a los ahorristas modestos? ¿La pesificación asimétrica, arbitraria y antijurídica que viola los contratos privados y las normas de convivencia? ¿La absoluta ineptitud y falta de imaginación de sus ministros? ¿La exacción al agro y a los exportadores? ¿La catalepsia total del país? ¿Los papelones internacionales?

"Pobre patria, en manos de personajes de cerebros baldíos y de tan baja estatura."

"Consenso o elecciones" por José Horacio Jaunarena

Estamos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia como Nación. Hay un consenso abrumadoramente mayoritario sobre la gravedad de la crisis. Voces lúcidas y responsables vienen advirtiendo, desde hace más de un año, que nos movemos hacia la disgregación nacional. Esta percepción, que cruza todos los sectores de la sociedad, constituye un activo político necesario, pero no suficiente, para avanzar hacia una salida de la situación. Para encontrar esa salida - cosa que no será fácil ni rápida -, es imperioso comenzar a construir un consenso que mire hacia adelante. Es tanto el malestar y el dolor que su denuncia sólo tendrá legitimidad cuando incluya una propuesta superadora.

Hoy, las explicaciones más o menos inteligentes acerca de cómo y por qué llegamos adonde estamos no alcanzan por sí solas, aunque sean muy importantes y nadie deba renunciar a priori a una interpretación propia. La historia está llena de enseñanzas sobre los riesgos de quedar atrapado en una mirada retrospectiva: desde la mujer de Lot, convertida en estatua de sal por volverse para mirar hacia Sodoma, hasta los conejos de la fábula de Iriarte, que se detuvieron a discutir si los perseguían galgos o podencos hasta que los perros cayeron sobre ellos.

Pasamos por una crisis económica y social sin precedentes, con un nivel de desocupación que es su síntoma más duro y ofende dolorosamente la dignidad de quienes no tienen trabajo, y a estas alturas compromete también la de quienes sí lo tenemos. La mitad de nuestros compatriotas vive por debajo del nivel de pobreza. Más de la mitad de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas están en la misma situación. Todas nuestras estructuras institucionales y políticas están pasando también por una crisis profunda, que se manifiesta en la fragmentación y en la pérdida de autoridad para arbitrar los conflictos en aras del bien común o del bienestar general.

Frente a semejante panorama y a la percepción generalizada de la grave situación, es lamentablemente grande el número de dirigentes, en todos los sectores, que proclaman su conciencia de las dificultades pero actúan como si la crisis fuera de los otros y ellos merecieran obtener beneficios personales o mezquinamente sectoriales de la desgracia de casi todos. Emparentado con esto, otro rasgo superficial, pero peligrosamente extendido, es la ilusión que consiste en vocear casi con dramatismo la gravedad del momento pero proceder en la práctica como si admitiera soluciones cosméticas.

Una premisa básica para iniciar las acciones adecuadas que permitan comenzar a remontar la situación es la consolidación de un poder político sólido. ¿No es esto lo que nos sugieren desde el exterior cuando se preguntan y nos preguntan cuál es el grado de autoridad política que podrá sostener cada acto del Gobierno? Mirando nuestro futuro inmediato, la discusión debería centrarse, entonces, en la estrategia que los argentinos nos debemos dar para construir un poder eficiente que permita enfrentar esta crisis de dimensiones extraordinarias, incluyendo el mayor número posible de actores, pero sin condenarnos a la búsqueda de improbables consensos absolutos.

La construcción de ese poder o autoridad política, ¿se logrará con un llamado a elecciones más o menos inmediato? La alternativa parece seductora, pero implica una mera transferencia de responsabilidades. El razonamiento sería así: si no hay solución para los problemas, será porque el pueblo habrá elegido mal. En ese caso, tendríamos menos culpas los que hasta ahora ocupamos posiciones dirigentes de cualquier tipo y contribuimos a llegar hasta aquí, por acción u omisión.

Al mismo tiempo, debemos plantearnos otra pregunta: ¿tendrá poder suficiente el próximo presidente que se elija? ¿No se convertirá su gobierno de inmediato en uno más débil que el que se pretende reemplazar? Si esto ocurriera -y la probabilidad es grande-, estaríamos como al principio, con la circunstancia agravante de haber malgastado el recurso básico de la democracia moderna, que es el voto universal, por haberlo utilizado en un momento inoportuno. ¿Qué nos quedará después? Y mientras tanto, ¿qué racionalidad tendría una campaña electoral en la situación socioeconómica en que nos encontramos?

No he hallado respuestas satisfactorias a estas preguntas, lo cual me hace pensar que estamos planteando la cuestión de manera incorrecta. Creo que es mucho más conveniente intentar construir autoridad o poder político alrededor de un puñado de políticas fundamentales que permitan comenzar a revertir o, por lo menos, contener la crisis.

El diálogo político, el acuerdo de los catorce puntos de los gobernadores y el aparentemente próximo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional son pasos necesarios en la construcción del consenso a que aludo, pero no han sido ni serán suficientes. Luego del acuerdo con el Fondo habrá que implementar las medidas que se comprometan, y para eso hará falta la fortaleza política de la que hablamos y que hoy se retacea.

Para la agenda inmediata, me atrevo a sugerir los siguientes temas: la recuperación de la solvencia fiscal, aunque haya que apelar a recursos extraordinarios o de emergencia, en los términos del artículo 4° de la Constitución; una política de ingreso social garantizado, con diseño centralizado y ejecución descentralizada; reforma política profunda; redefinición de la relación Nación-provincias; un régimen de rehabilitación de empresas, y políticas públicas para una economía competitiva.

Soy hombre de partido y debo reconocer que los partidos políticos hoy no agotan, ni mucho menos, la representación de la sociedad. Por lo tanto, la agenda debería contener, como actores del consenso, a empresarios, gremialistas y, posiblemente, otros sectores, con la más amplia y flexible acepción de lo que deben ser políticas de Estado. A riesgo de reiterarme, insisto en que no debemos pretender los consensos absolutos. El bien común no es la suma de los bienes individuales, a veces contradictorios, de cada sector de la sociedad. Luego de todo ello, considero fundamental estudiar los recursos institucionales a nuestro alcance para que las políticas que se consensúen puedan ser implementadas en tiempo útil.

Si no hacemos este esfuerzo ahora, indefectiblemente deberá realizarlo el gobierno que alguna vez sea elegido. Claro que, para entonces, habremos pasado más penurias, más miseria y más violencia.

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5 - "No hay que olvidarse ...."

El 19 de junio de 1976 se produce un enfrentamiento armado nocturno entre una columna operativa de la Armada y una célula de MONTONEROS (entre ellos el Nombre de guerra: Laucha – apellido legal: Borgonovo), en el palier de un piso superior de un edificio de departamentos de la Capital, en Virrey del Pino y Av. Cabildo del barrio de Belgrano.

Los terroristas, arrinconados en su departamento, lanzan una granada de mano al palier, la cual es tomada en el aire por el entonces Teniente de Fragata de Infantería de Marina D. Jorge Omar Mayol, cubriendo con su cuerpo a los camaradas y falleciendo en la explosión.

Además es herido de mediana gravedad por varias esquirlas el Jefe del Operativo, Capitán de Fragata D. Salvio Olegario Menéndez, ubicado a la cabeza de los efectivos en posición de máximo riesgo. Durante la confusión de la evacuación de los heridos en la oscuridad los terroristas huyen.

6 - "Cómo salir de esta etapa depredadora"

por Emilio J. Cárdenas para La Nación

Los estudiosos del desarrollo económico parecen focalizarse cada vez más en los aspectos institucionales del crecimiento. Particularmente en todo lo que atañe a la gobernabilidad. De allí que se sostenga que la economía de mercado no funciona adecuadamente en aquellos escenarios en los que las instituciones y las prácticas públicas son deficientes porque en ellos se frustra el "clima" que requiere la inversión, edificado sobre la estabilidad y el Estado de derecho. Esto explica la llamada paradoja de la abundancia, que demuestra que para una sociedad contar con una atractiva dotación de recursos naturales no es, en sí mismo, suficiente para alcanzar el éxito económico.

Para poder crecer sostenidamente se requiere contar con cinco tipos de capitales:

Capital financiero. Si éste falta, es imposible la activación del ciclo inversión-empleo-riqueza.

 

Capital físico. Esto es, una infraestructura básica completa y adecuada, lo que es responsabilidad principal del Estado.

 

Capital humano. Para esto es imprescindible priorizar al máximo la educación y el entrenamiento.

 

Capital institucional (según Thomas Friedman, el software del desarrollo). Esto supone, entre otras cosas, una administración previsible y eficiente, capaz de operar con reglamentaciones equilibradas y supervisión efectiva; ausencia de corrupción; un Poder Judicial independiente y de alta calidad profesional; un sistema financiero eficiente y transparente, y un esquema tributario simple, soportable y respetado. (Este es el hardware del desarrollo. Sin él, difícilmente aparecen las políticas macroeconómicas sensatas que la inversión exige.)

 

Capital social. Lo que supone una sociedad confiada en su futuro, convencida de la necesidad del civismo, dispuesta a la asistencia, tolerante y respetuosa, y preocupada por el bien común, con actitud de cooperación social, disposición de obediencia a la ley y convicción en la defensa de las libertades individuales.

 

Según estén disponibles o no esos diversos capitales, habrá lo que Robert Putnam denomina "comunidad cívica" o lo que Larry Diamond califica como "sociedad predadora".

En una comunidad cívica hay abundancia de capital social y hasta una suerte de simbiosis entre lo cultural y lo institucional. Lo que se traduce no sólo en confianza en uno mismo sino en el comportamiento de los demás, en igualdad política y de oportunidades, en un interés generalizado por la cosa pública (que es la conducta propia de los ciudadanos) y en el reconocimiento social extendido de las virtudes cívicas.

En una sociedad predadora, el escenario es ciertamente el inverso. No hay sentido de comunidad, tampoco visiones compartidas. Ausente el respeto, lo reemplaza el cinismo. Campean los privilegios y las pujas distributivas. Los patrones y los clientes, entonces. También las mentiras y la explotación de los resentimientos, los que - a su vez - alimentan las frustraciones.

Es difícil convivir en democracia sin respeto a la ley, confrontados con la manipulación del poder. De allí que cuando se vulnera el Estado de derecho aparezcan los cismas, la violencia, las extorsiones y hasta las utopías. Y también muchos que procuran obtener para sí las más distintas rentas a costa de los demás.

En las sociedades predadoras las instituciones se transforman en biombos; todo se fragmenta o distorsiona. Y florece el crimen organizado. Hasta la prensa puede, en este ambiente, dejar de desempeñar su rol democrático e integrarse a las pujas, asumiendo un papel que la desnaturaliza. La corrupción deviene endémica. La administración, ineficiente. Y el uso del poder, fácilmente abusivo. Lo más grave es que este círculo vicioso se retroalimenta constantemente.

Para salir de la instancia predadora hay, por lo menos, cuatro avenidas, que no son excluyentes entre sí:

La que provee la democracia a través de los procesos electorales, sin reglas tramposas. Ella permite cambiar, extirpar tumores y desplazar a las oligarquías políticas que pudieran haberse enquistado en el poder.

 

La que representa la acción de la prensa, cuando ella es realmente libre y no está sumida en la puja distributiva para defender posiciones económicas o, peor, posiciones monopólicas.

 

La de la sociedad civil y sus múltiples organizaciones (incluyendo las religiosas). Ellas pueden hacer presión en dirección al cambio desde dentro.

 

La de los actores externos. Que nos miran con la cuota de profundidad y perspectiva que normalmente provee la distancia, y que son capaces de inducir desde afuera.

 

Cualquiera que fuere la vía por la que en definitiva se marche, el objetivo es el cambio de las expectativas, es decir, dejar atrás el momento en que una sociedad se ha vuelto predadora para regresar lo mas pronto posible a la comunidad cívica, porque sólo ésta permite volver a creer en nosotros mismos, y a crecer, con el bien común como meta. Es hora de intentarlo, conscientes de que hacerlo depende de nosotros mismos. Porque también en esto el fracaso se instala cuando cesa el esfuerzo.

¡Inventores, absténganse!

por Ricardo López Göttig

 

Tras el tan machacado slogan de ¡que se vayan todos!, repiquetea también un susurro de querer cambiarlo todo: la forma de gobierno, las instituciones, las reglas elementales de nuestra sociedad, la relación de la Argentina con el mundo que nos rodea. Surge, así, la inmensurable legión de personajes variopintos que con aplomo y verborrea se presentan como inventores de la pólvora, la rueda y la solución definitiva para todos los problemas que aquejan a los argentinos. Nada parece escapar a su aguda visión de candidatos a estadistas que aspiran a "refundar" la sociedad, marcándonos sabiamente todos los errores que únicamente ellos, desde un cómodo sillón en un ministerio o desde la mismísima Casa de Gobierno, sabrán remediar con leyes y decretos.

En esta dulce tentación suelen caer muchos intelectuales que, empalagados por la soberbia libresca, pretenden descubrir leyes ocultas que nos dominan. La autoridad que confieren sus títulos, lejos de obligarlos a ser cada vez más rigurosos en la interminable búsqueda de la verdad y a proceder con humildad y cautela en sus afirmaciones, puede llevar a muchos a desembocar en construcciones imaginarias y elucubraciones intelectuales que, infortunadamente, suelen terminar en catástrofes.

El mercado, la moneda, la propiedad privada, el derecho, los parlamentos, las asociaciones, los partidos políticos, la democracia, no han sido el fruto de una mente genial que deliberadamente las concibió en un escritorio y las plasmó en una obra, sino los resultados de muchos siglos de ensayos y errores en las interacciones humanas. Han probado ser beneficiosos en sociedades con orígenes diversos, culturas y climas dispares, porque no han pretendido manipular la naturaleza del hombre. Muy por el contrario, los autoritarios de todos los signos siempre procuran destruirlos, para rediseñar a la sociedad con los cimientos que ellos han lucubrado.

Debido a la proliferación de inventores de soluciones en la economía y la política, llegamos a padecer decisiones que hacen malabarismos con el patrimonio ajeno, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios, destruyendo el ahorro acumulado con muchos años de esfuerzo, desalentando la inversión, postergando las innovaciones que pueden multiplicar el empleo y ahuyentando a los creadores a latitudes en donde las leyes y la propiedad son respetadas. Pero no siempre ha sido así nuestra historia.

Cuando a mediados de la centuria decimonónica un puñado de argentinos se propuso convertir al desierto en una nación moderna, observaron y estudiaron las instituciones de los países que estaban saliendo de la miseria. El gran mérito de Juan Bautista Alberdi no fue que haya brotado de la galera de su pensamiento un proyecto de Constitución absolutamente novedoso, sino que redactó un esbozo de Ley Suprema fundándose en la experiencia histórica de países y regiones prósperas, como los Estados Unidos - en particular el estado de California -, Gran Bretaña y Chile, inspirándose en los principios esenciales que los guiaban: el respeto a los derechos individuales, la propiedad privada y el gobierno limitado. No pretendió inventar la rueda, pero sí dedicó su vida a estudiar y comprender porqué y cómo funciona.

Durante largos ochenta años, con aciertos y errores, se vivió con un régimen republicano y representativo que permitió el libre desenvolvimiento de las fuerzas creadoras de la sociedad, atrayendo cuantiosas inversiones y millones de inmigrantes, reemplazando las lentas carretas por el ferrocarril y el chasqui por los telégrafos y luego por los teléfonos. La Constitución histórica y fundacional ya está escrita, aunque se la pretenda olvidar y menospreciar con las reiteradas violaciones a su espíritu y letra, alterándola a la medida de los pactos espurios de los demagogos de turno. Reconciliémonos con los principios de la libertad y prosperidad que tanto admiramos de los países desarrollados y prestemos atención a los programas de gobierno que tímidamente van presentando los candidatos presidenciales. ¡Inventores, por favor, absténganse ¡

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