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Con sorprendente simplicidad algunos políticos y economistas vienen proponiendo abandonar la convertibilidad. ¿Por qué lo de 'sorprendente simplicidad'? Porque junto con el abandono de la convertibilidad no dicen cuál sería la nueva regla monetaria y cambiaria que regiría en su reemplazo y, lo que es más grave, en segundo lugar, es muy dudoso que tengan una acabada idea de las consecuencias económicas que tendría el abandono de la convertibilidad ni de cómo resolverían los destrozos económicos que generarían.

Sobre la convertibilidad hay un dato cierto que nadie puede ignorar. Durante la década del 90 se cometió una gran inconsistencia, que fue ir a un sistema de convertibilidad con un feroz aumento del gasto público y además, con déficit fiscal. La combinación de esos tres elementos es absolutamente inconsistente.

No se puede tener convertibilidad y déficit fiscal, como lo tuvo la economía argentina desde 1994 en adelante. Ahora bien, frente a semejante inconsistencia caben dos posibilidades:

a) bajar el gasto público hasta niveles compatibles con la convertibilidad, vía reforma del Estado, o

 

b) no hacer la reforma del Estado y abandonar la convertibilidad devaluando el peso.

¿Qué efectos tendría la segunda alternativa? El primer efecto sería una caída de los salarios en términos de dólares. Quien hoy gana, por ejemplo, el equivalente a US$ 1.000 mensuales, pasaría a ganar, digamos, US$ 500 mensuales.

Como muchas familias tienen créditos en dólares -hipotecarios, prendarios, personales- tendrían serios problemas para poder pagarlos. En ese contexto, los bancos pasarían a tener una masa de créditos incobrables de todo tipo.

Pero, al mismo tiempo, los bancos tendrían en su pasivo depósitos de sus inversores que, en el 80% de los casos, están en dólares. Es decir, los bancos tendrían en su activo créditos incobrables y pasivos en dólares que no podrían pagar, lo que se traduciría en que una buena cantidad de bancos tendría un quebranto patrimonial.

Como los bancos tienen que devolver dólares a sus inversores, el Banco Central no podría ayudarlos dado que, por ahora, no tiene el franchising de la Reserva Federal para emitir dólares.

Una alternativa es dejar que los bancos quiebren y, por lo tanto, hacerle perder los ahorros a la gente.

 

La otra alternativa es evitar la quiebra de los bancos licuando los pasivos de los deudores de los bancos, o sea, de las familias y empresas que tienen créditos en dólares.

Dada la magnitud de los créditos otorgados en dólares que actualmente tiene en cartera el sistema financiero, se desembocaría en una confiscación de los depósitos de los ahorristas. De lo anterior se desprende que los que impulsan la devaluación deberían tener la honestidad de informarle a la gente que, junto con la devaluación, entre sus planes está la decisión de confiscarles los depósitos a los ahorristas o hacerles perder sus ahorros por efecto de la quiebra de los bancos.

De adoptarse una medida de este tipo, la economía argentina sufriría dos confiscaciones de depósitos en 10 años, lo que se traduciría en una gran desconfianza de los inversores que, por un buen tiempo, no depositarían sus ahorros en el país.

El resultado sería retrasar por años la posibilidad de salir del estancamiento. Dicho en otras palabras, estarían perpetuando la desocupación y la pobreza por varios años porque la economía argentina no dispondría de ahorros para financiar su crecimiento, dado que la gente no ahorraría en el país. No habría ahorros que pudieran financiar la inversión y el consumo de bienes durables.

Detrás de la propuesta de abandono de la convertibilidad se esconde la idea de restablecer la autorización para que el Banco Central pueda volver a emitir moneda para financiar el gasto público, es decir, la idea central consiste en no hacer la reforma del Estado y seguir financiando la ineficiencia del gasto público con el impuesto inflacionario.

La caída del salario real y la utilización de las reservas del Banco Central son los mecanismos que proponen los dirigentes políticos devalucionistas para intentar esquivar la responsabilidad de reformar el Estado en sus tres niveles. ¿Para qué abandonar la convertibilidad si no se quiere emitir moneda para financiar el gasto?

Para que el Banco Central no emita moneda fuera de la convertibilidad, el Estado debería tener equilibrio en sus cuentas y, para ello, se requiere de la reforma del Estado. Por cualquier lado que se mire el problema, siempre se cae en el mismo punto.

¿Por qué otros países pueden tener libre flotación en sus políticas cambiarias y nosotros no? Porque no alcanzaron el récord que alcanzó Argentina al destruir 4 signos monetarios en menos de un siglo. El abuso en la emisión como una forma de financiar el gasto destruyó la institución monetaria del país. Argentina es alcohólica en materia inflacionaria y no puede probar ni una gota de inflación sin caer nuevamente en el alcoholismo.

¿Licuaría el sector público sus gastos con una devaluación? Como primera reflexión ante esta pregunta, cabe resaltar que, aunque pudiera licuarse el gasto, la ineficiencia del sector público seguiría existiendo. Los 'ñoquis' cobrarían menos en dólares, pero seguirían siendo 'ñoquis'. El despilfarro de los planes sociales sería menor medido en dólares, pero igual continuaría existiendo despilfarro. ¿Qué ganancia de productividad se obtiene licuando la ineficiencia del Estado medida en dólares?

En segundo lugar, así como se licuarían los gastos en dólares, también se licuarían los ingresos impositivos medidos en dólares. Pero como la caída del nivel de actividad sería fenomenal, seguramente los ingresos del sector público disminuirían más que los egresos, agravando la situación fiscal, obligando a más emisión monetaria y entrando en una espiral inflacionaria imparable.

Por el contrario, un descalabro financiero como el que generaría el abandono de la convertibilidad asegura una profundización de la recesión, con ingresos impositivos mínimos para el Estado.

La lógica indica que una devaluación agravaría las cuentas públicas.

¿Sería una devaluación el instrumento adecuado para aumentar las exportaciones y, de esta forma, buscar el crecimiento vía el incremento del comercio exterior? Veamos algunos datos:

En 1983 la devaluación fue del 306% anual y las exportaciones sólo crecieron el 2,8%;

 

en 1985, la devaluación fue del 779% y las exportaciones subieron el 3,6%;

 

en 1987, la devaluación fue del 145% y las exportaciones cayeron el 7,2%

 

y en 1989, la devaluación llegó al 3652% y las exportaciones subieron sólo el 4,9%.

 

Esto fue publicado en el ¨Foro de la Verdad Histórica¨ , para ver la nota completa consultar en

www.geocities.com/forocombat :

¿Disidentes políticos o terroristas? - términos que se usan corrientemente como si fueran sinónimos

Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional

Federal Nº 4 de Capital Federal

Dr. Jorge Luis Ballester

Juan Antonio del Cerro, titular de la M.I. 4.558.078, procesado en la causa Nº 8686/00 del registro de ese Juzgado Federal, se presenta ante V.S. y dice que:

Tal como se convino con V.S. durante la indagatoria realizada el día 13 del corriente mientras permanecía internado en el Hospital Vélez Sarsfield de esta Capital Federal, acto que debió ser interrumpido a raíz de que sufrí un dolor precordial que no me permitió en ese momento continuar con el mismo, otorgándoseme el derecho de ampliar por escrito, es que vengo por la presente a realizar una ampliación de mi declaración indagatoria.

A tal efecto manifiesto que ante la imputación de que presuntamente cometí un delito en contra de perseguidos políticos, deseo aclarar algunos términos que se usan corrientemente como si fueran sinónimos, y que creo se confunden deliberadamente:

• ¨Disidente político¨ es aquel que disiente, entendiendo por disidencia "un desacuerdo de opiniones" y por disentir "separarse de una costumbre o conducta general"; en el caso anterior de una idea política.
  
  

• ¨Perseguido político¨ es aquel a quien se sigue procurando alcanzarlo y solicitarlo con insistencia o molestia para conseguir algo de él (cambio de opiniones políticas, de actitud, etc.).
  
  

• ¨Guerrillero¨, por su parte, es quien lucha en la guerra hostigando al enemigo, debido a su propia incapacidad de enfrentarlo abierta y francamente. Ataca a combatientes y objetivos militares de un tercer país o del propio en las luchas civiles. Lleva las armas a la vista y se distingue del simple civil (tiene uniforme); combate de acuerdo con los usos y costumbres de la guerra. Según los Acuerdos de Ginebra de 1949 se lo considera combatiente y por lo tanto, tiene derecho al tratamiento de prisionero de guerra.
  
  

• "Terrorista¨ es quien utiliza sistemáticamente la muerte y destrucción, así como la amenaza de su recurso para aterrorizar a individuos, grupos, comunidades o gobiernos y forzarlos a hacer concesiones en beneficio de sus objetivos.

El terrorista ataca en tiempos de paz y en cualquier lugar a gente inocente, desprevenida, usando métodos tales como el secuestro de personas o de aviones, asesinatos múltiples o magnicidas, atentados, copamiento de unidades militares y cuarteles de policía y realiza ejecuciones individuales de integrantes de las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad, a quienes "recupera" (roba) su armamento, etc. Su claro objetivo es sembrar el terror entre la población; no respeta situaciones ni lugares y no discrimina con tal de producir la mayor cantidad de muertes y daños contra quien considera su enemigo. Actúa ocultando su condición, mimetizándose con la población para lograr impunidad al confundirse en ella.

• José Martí fue un perseguido político.
  
  

• Mandela, Güemes y tantos otros que lucharon por la independencia de sus países, fueron guerrilleros.
  
  

• Los Montoneros y el ERP son terroristas.

Robespierre, Stalin, Hitler, Mussolini, Fidel Castro, emplearon el terrorismo de Estado. Esto no debe confundirse con la acción de los gobiernos que en defensa de sus pueblos combatieron y combaten el terrorismo.

Al analizar esta lucha debe tenerse en cuenta que el terrorista tiene una decisiva ventaja: prescinde de toda ética en sus ataques y se oculta dentro de la misma población civil que pretende aterrorizar.

El contexto de la situación que se está aquí discutiendo se encuadra dentro de la guerra revolucionaria y acción terrorista acaecida en nuestro país y desencadenada por las organizaciones terroristas. A tal fin me remito a la apreciación de la H. Cámara Federal de la Capital Federal que surge de la sentencia a los ex comandantes, integrantes de la Junta Militar de Gobierno durante el Proceso de Reorganización Nacional (Causa 13) y que afirma que ¨el terrorismo, como fenómeno delictivo, asoló al país en las décadas de 1960 y se agudizó en 1970 en forma gravísima por la metodología empleada por las organizaciones terroristas, por su estructura militar y su capacidad ofensiva, sus recursos económicos, su infraestructura y porque su organización celular les permitía actuar con impunidad y realizar atentados contando con el elemento sorpresa como un factor que, además, aterrorizaba a la población¨.

También afirma la Cámara que ¨el accionar terrorista constituyó una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, que esta agresión fue emprendida sin derecho, y que el Estado debía reaccionar para evitar que el crecimiento del accionar terrorista hiciese peligrar la estabilidad de las instituciones¨. Como prueba de mis dichos en este punto, adjunto el Anexo I, donde se citan fragmentos de la sentencia mencionada y otros fragmentos textuales de documentos o publicaciones originadas por miembros del PRT-ERP y la Organización terrorista Montoneros.

Retomando el tema de que los delitos presuntamente cometidos lo fueron contra "perseguidos políticos", las propias palabras de los miembros de las organizaciones terroristas PRT-ERP y Montoneros, encuadran su accionar como el de un ejército revolucionario y justifican la metodología terrorista.

Atención de: [email protected]

www.respublica.org.ar

No deberán presentar los gremios sus estados contables. Se publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución N° 345/02 del Ministerio de Trabajo que suspende la obligación de las asociaciones sindicales de entregar sus balances. Lleva la firma de Alfredo Atanasof y tiene fecha del 29 de abril pasado. Queda así sin efecto lo dispuesto el 27 de julio de 2001 por la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich (Resolución 376/01). Esa norma había significado un fuerte cruce entre el gobierno de Fernando de la Rúa y las CGT, que derivó posteriormente en la renuncia de la ministra.

Invitar a 'romper los bancos y a agarrar a los banqueros que se quedaron con la plata' se encuadra, en principio, en la figura penal de instigación al delito. En el caso, agravada por haber incurrido en ella un senador nacional, Luis Barrionuevo, y por haberla lanzado ante un grupo de ahorristas que venía de manifestar contra las presuntas víctimas, a las cuales todavía tenían en la mira.

Pero este acto de irresponsabilidad barbárica, que ofende a la cultura política argentina, no ha merecido hasta el momento sanción alguna de parte de quienes deberían sentirse como los más ofendidos: el cuerpo al que pertenece, el Partido Justicialista en el que milita y la CGT, de la cual es miembro conspicuo.

Tampoco hay noticias de la denuncia fiscal que se hubiera imaginado inmediata y ejemplar, para hacer saber que los desafueros no se cometen impunemente.

Claro que tales omisiones no son ya tan evidentes, como lo hubieran sido cuando en el país se hacía respetar el orden. Ahora, los piqueteros han hecho costumbre admisible y bastante arraigada del interrumpir el tránsito urbano o cortar rutas principales, por todo el tiempo que ellos mismos fijan.

O, como también ocurre, que la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo vocifere insultos contra quien le viene en gana, o haga la apología de la subversión y del terrorismo desde la plaza cuyo nombre usurpan.

Son todos signos de una nueva forma de impunidad. No la que resulta de la imposibilidad tan frecuente de reunir la prueba en delitos complejos y de trama muy oculta, o de la protección poderosa que se dispensa a los delitos comunes disfrazados de fines políticos, sino la del delito perpetrado abiertamente, a la luz pública y con entera desvergüenza, por la ignorancia de quienes los cometen o porque se sienten dispensados de cumplir con la ley común, en virtud de los azares de alguna votación.

Antaño, quienes se incorporaban al principal de los cuerpos colegiados de la República, fuese por su propia condición o por el ejemplo de sus pares, sabían guardar las formas de respeto y decencia propias de la dignidad senatorial.

Claro que, entonces, las bancas, en su gran mayoría, las ocupaban verdaderos señores, que llegaban con espíritu de servicio y vocación patriótica; ahora, en cambio, vivimos la desgracia de tener que tolerar, salvo honrosas excepciones, a verdaderos ignorantes que por sus descalificadas aptitudes merecerían el mote de inimputables, y quienes se prestan a formar parte de una verdadera corporación de la 'chantocracia'.

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La Cámara de Diputados se dispone a aprobar la modificación a la ley de Quiebras por exigencia del FMI. En la situación terminal de la economía, todo el mundo sabe las consecuencias catastróficas que tendría no hacerlo.

Pero, ¿qué quiere el Fondo y por qué? Simplemente que se dé marcha atrás con una reforma hecha por este mismo Congreso a fines de enero que significó una burla para los derechos de los acreedores.

Cuando la administración Duhalde resolvió salir de la convertibilidad, la moneda quedó semidestruida y los deudores al borde de la ruina. ¿Cuál fue la respuesta de la dirigencia política? Romper con las reglas de juego para beneficiarlos.

Y, si bien la ley que votaron alcanza a todos por igual, hubo algunos que le pusieron nombre y apellido: el de un holding vinculado con los medios de comunicación que se había endeudado de manera temeraria para alcanzar una posición monopólica. Pero la idea de salvarse mediante la ley de Quiebras no es sólo obra de empresarios.

Hay dirigentes que ocupan cargos de importancia que la avalan públicamente. El canciller Carlos Ruckauf lo dijo con todas las letras hace unos días ante los embajadores del poderoso Grupo de los 8: 'Está claro -afirmó- que todo país debe garantizar que las áreas vitales como la de los medios de comunicación o como las de defensa o las áreas nucleares no queden en manos del capital extranjero de forma exclusiva'.

Ahora los diarios, al parecer, son tan estratégicos como la defensa nacional o la energía atómica. Ese criterio, sin embargo, no fue aplicado cuando la industria nacional fue liquidada por un sistema cambiario que finalmente estalló y pasaron a manos de inversores extranjeros numerosas empresas, entre otras, canales de televisión. Hay, según todos los indicios, hijos y entenados, para decirlo en criollo.

Pero más allá de un caso específico, la raíz de los males de la economía y de toda nuestra vida social siguen siendo las 'leyes privadas' -los privilegios- aprobadas para salvar a determinados sectores de los repetidos naufragios de la economía nacional.

Lo que hace falta es precisamente lo contrario: normas claras y estables que se hagan cumplir y que sean mantenidas en el tiempo. Desterrar la arbitrariedad, el arrebato y la ley del más fuerte para generar confianza en los ahorristas, inversores y consumidores. Así la economía funcionará como en el primer mundo al que muchos argentinos quieren pertenecer, pero sin pagar los costos.

Porque la dificultad principal para que las reglas de juego sean respetadas no está en el Congreso, en el Gobierno o en algunos grupos empresarios. Lamentablemente el problema es general y abarca a un amplio sector de la sociedad. Es un problema de mentalidad y por aquí se lo conoce como 'viveza criolla'. Porque, aunque un sector numeroso de la opinión pública se niegue a reconocerlo, la dirigencia política está amasada con el mismo barro que el resto de sus compatriotas.

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por Luis Balcarce

En 1944, Argentina presenciaba el auge del régimen peronista que inauguraba las políticas de socialización económica, al tiempo que se implementaba un férreo autoritarismo que acabaría, paulatinamente, con las libertades individuales y el sistema democrático.

En ese mismo año, preocupado por el equivocado diagnóstico que hacían los intelectuales progresistas británicos acerca del nazismo, el pensador liberal austriaco Friedrich von Hayek terminó de escribir un libro en el cual denunciaba que aquellos países que le otorguen al Estado poderes ilimitados y establezcan la planificación económica como la única vía hacia el progreso tendrán que pagar ese error en el futuro con la instalación de un poder despótico. El libro de Hayek se llamó Camino de Servidumbre y fue un éxito mundial de ventas. Sus ideas no corrieron con la misma fortuna, y durante décadas fueron ignoradas gracias al triunfo del paradigma keynesiano.

La tesis de Hayek era que la dirección centralizada de toda la economía según un plan único y coercitivo que tenga como fin la distribución de la renta conducía ineluctablemente a terminar con la democracia, socavando las instituciones básicas en la que descansa el Estado de Derecho. En palabras de Hayek, el poder económico centralizado en manos de los planificadores estatales crea "un grado de dependencia que apenas de se distingue de la esclavitud".

¿Cuáles fueron los valores que se instauraron en la Argentina a partir de esos años para llegar a la crisis profunda que vivimos actualmente? No cabe duda de que el denominador común de las políticas instauradas tanto por peronistas, radicales y militares fue acabar con las libertades básicas de las personas en aras de realizar los objetivos impuestos desde un Estado burocrático.

Sin embargo, lo que hizo que el colectivismo se instaurara en Argentina fue el hecho de que los propios argentinos acabaron por considerar las creencias estatistas como sus fines propios. Una vez instalado como credo generalmente aceptado, la nacionalización del pensamiento permitió que el Estado gradualmente se endeudara hasta límites insospechados, confiscara los depósitos bancarios de la gente, acabara con la moneda y vaciara las reservas del Tesoro.

También aplaudió la cesación de las deudas con el Fondo Monetario Internacional y se dio el lujo de saquear los ahorros de las jubilaciones privadas canjeándolos por bonos basura. Con semejantes pergaminos en su haber, el Estado argentino demostró que, así como en una economía abierta y en competencia la sanción última es la del juez, la sanción última en una economía planificada es la del verdugo.

En el futuro, los argentinos deberemos entender que el único medio legítimo para generar riqueza es el capitalismo. Ese sistema, que los políticos argentinos desprecian profundamente, no puede funcionar sin criterios básicos de organización institucional tales como el respeto por los derechos de propiedad, la independencia del Banco Central, un Poder Judicial que proteja a los débiles —y no sólo a los poderosos— y un Parlamento que deje de robar y legislar para los lobbys.

Los argentinos parecen haber aprendido que la planificación de la economía conduce a la dictadura porque, como pensaba Hayek, la democracia es "un obstáculo para la supresión de la libertad". No deberíamos dejarnos engañar por ir a votar cada cuatro años o por gozar de una Constitución que nos garantiza más derechos de los que realmente puede proteger. La democracia argentina ha dejado de existir porque los derechos de propiedad han sido violados hasta el hartazgo por políticos inescrupulosos que, además, arrasaron con nuestras instituciones republicanas.

Aquél día caluroso de verano en los argentinos corrieron a las cajas de seguridad de los bancos porque había un rumor de que Estado iba a abrirlas con escribanos públicos fue el mismo día en que la sociedad argentina se dio cuenta de que ese "ogro filantrópico" que le había prometido un paraíso de prosperidad no era más que una banda de mafiosos que aunaba y dirigía los esfuerzos de la gente con fines casi totalitarios. Habían aprendido, como bien decía Hölderlin, que lo que ha hecho siempre del Estado un infierno sobre la tierra es precisamente que el hombre ha intentado hacer de él su paraíso.

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