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1 - "Bignone volvió a negar un plan de robo de menores".
2 - "De nuestra memoria .......Dn. JULIO A. ONETO".
3 - "Castigado por cumplir con su deber".
4 - "Por pedido del FMI, Duhalde vetará parcialmente una ley".
5 - "No hay que olvidarse del..." soldado conscripto Tadeo Tadía.
6 - Editorial: "Efectos".
7 - España: "La fiscalía pide la anulación de la extradición del argentino Cavallo".
8 - La Nueva Provincia - INFORME ESPECIAL: "Sin justicia para más de 900 desaparecidos anteriores a 1976".
9 - ¨¿Por qué hablamos tan mal?¨.
10 - Cartas de lectores: "Acertado y oportuno¨.
11 - Cartas de lectores: ¨Otra vez más y van....los politiqueros me quieren tomar el pelo.¨

"Bignone volvió a negar un plan de robo de menores"

Fue indagado por el juez federal Urso

El ex presidente general retirado Reynaldo Benito Bignone reiteró ante la Justicia su "total y absoluto desconocimiento" sobre la supuesta existencia de la sustracción de menores durante el último gobierno militar.

Ante el juez federal Jorge Urso, que investiga si existió durante el período 1976-1983 un plan sistemático de sustracción de menores, Bignone afirmó que "en las nueve mil hojas del expediente no hay ningún dato que demuestre" un eventual esquema como el que se trata de dilucidar.

Recordó que "seis años atrás, cuando se inició la causa, se denunciaron quinientos casos; después, se redujeron a ciento noventa y cuatro; hoy, los que provisionalmente se estiman probados son veintidós".

El militar dijo que "aun cuando hipotéticamente hubiese existido esta cantidad de hechos – 22 -en el curso de la guerra antisubversiva, es absolutamente arbitrario inferir de ese dato provisional la existencia de un plan o práctica sistemática".

"La conclusión es más absurda -añadió- si se tiene en cuenta que está comprobado que se entregaron a sus familiares doscientos veintisiete menores cuya nómina acompañó en ese acto."

Explicó que la autoría mediata que se le imputa "no se compadece con la orden impartida por el I Cuerpo de Ejército, incorporada al expediente, cuya identidad fue reconocida por la Cámara Federal, en el sentido de que los menores en situación de desamparo como consecuencia de enfrentamientos habidos con la guerrilla fueran entregados a sus familiares o a los organismos oficiales de protección de menores".

2 - "De nuestra memoria ......."

El 11de junio de 1976 la organización terrorista OCPO - Organización Comunista Poder Obrero - realizó un atentado atentado con explosivos en el domicilio del ejecutivo de empresa financiera Dn. JULIO A. ONETO ,a quien secuestró y posteriormente asesinó.

¿Escuchó a alguna organización de DDHH recordar y reclamar ¨justicia¨ por este crimen? , ¡nosotros tampoco !

Partes de ´Editorial I´: "Castigado por cumplir con su deber"

LA dureza de los términos empleados por uno de los abogados del ex presidente Fernando de la Rúa en el escrito judicial mediante el cual solicitó la recusación de la jueza federal María Servini de Cubría en la causa en la cual se investiga la responsabilidad de funcionarios políticos y de oficiales policiales en los graves y lamentables episodios del 20 de diciembre último, que determinó el procesamiento y la detención del entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Jorge Santos, merece varias reflexiones.

Sostuvo que:

- la doctora Servini de Cubría había tenido el propósito de intervenir en la interna policial en favor de uno de los sectores en pugna, ignorando ex profeso la verticalidad en la conducción de la fuerza policial y obviando toda vía jerárquica a espaldas del comisario general Santos.

 

- la jueza federal "gestó imprudentemente una conducción paralela de la fuerza policial, privilegiando la autoridad de subordinados por sobre sus jefes e impartiendo directivas que, sumadas a la situación imperante, generaron el caos del cual quiso descargar su responsabilidad en terceras personas".

 

- Servini de Cubría resultaba por lo menos corresponsable de los hechos investigados y le sumó su responsabilidad en relación con los cuantiosos daños a la propiedad privada que se perpetraron .

 

Cabe recordar que la magistrada reconoció haber efectuado diligencias relacionadas con la acción desplegada por el personal policial y admitió haber presenciado cómo efectivos de esa fuerza arrastraron y golpearon a gente que mantenía una actitud pasiva y de no agresión, ordenando de inmediato detener la represión.

A medida que se van conociendo detalles de cómo se sucedieron los acontecimientos y las órdenes impartidas por los funcionarios políticos y por la doctora Servini de Cubría, se advierte que quienes tuvieron que cumplirlas para preservar el orden y el resguardo de vidas y de la propiedad de los bienes públicos y privados obraron dentro de los límites establecidos por la ley, teniendo en cuenta la inusual y particular situación que se presentó en esos luctuosos días.

La sociedad reclama tener la certeza de que aquellos que tienen como responsabilidad el mantenimiento del orden y de la seguridad de la población y actúen conforme con la ley no serán, en definitiva, castigados por haber cumplido con su deber.

"Por pedido del FMI, Duhalde vetará parcialmente una ley"

Es la que derogó la de subversión económica

El presidente Eduardo Duhalde firmará en estos días un veto parcial a la ley por la que se derogó la figura de subversión económica, un reclamo del FMI.

Sólo se vetará el artículo 4°. Como ésta derogaba el delito de subversión económica, los legisladores, en ese artículo, trasladaron al Código Penal, la figura de vaciamiento de empresas "por imprudencia o negligencia" e impusieron una pena de seis meses a dos años de prisión.

Se trata de lo que se conoce como figura culposa o imprudente del vaciamiento. Pero dejará en pie la penalización de ese delito sólo si se comete en forma dolosa, es decir si se demuestra en el proceso penal que existió una indudable intención previa de cometer esos actos de vaciamiento.

La figura dolosa está prevista en el artículo 2°, que Duhalde no vetará pese a que en un principio ello le fue reclamado por el FMI. Ese artículo crea en el Código Penal un inciso por el cual se establecía una pena de 2 a 6 años para quien "maliciosamente" cometiera el vaciamiento, intención que deberá ser expresamente demostrada.

"Tadeo Tadía"

Señor Director:

"En Bernal existe la plazoleta más pequeña del mundo dedicada a la memoria del héroe menos previsible: el soldado Tadeo Tadía, quien murió aplastado por los iluminados del MTP, en enero de 1989. La plaza recuerda a este conscripto cuya vida (como tantas otras) Gorriarán Merlo consideró inferior a sus mezquinos y personales intereses políticos.

"Suelo llevar a mis hijos al único banquito de la placita, para que recuerden a quien ni ellos ni yo conocimos porque su vida fue atropellada a los veinte años. La Justicia dijo que su asesino debe estar preso; el Presidente parece que se considera más justo y cambiará indulto de derecha por indulto de izquierda. Sería preferible que la ley estuviera por encima de los presidentes y los violentos."

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Editorial: "Efectos"

En medio de la crisis, sería un ejercicio de pereza intelectual minimizar los efectos que la eliminación argentina en el Mundial de Japón-Corea 2002 tendrá sobre la vida cotidiana en este país.

Porque junio, hasta ayer, fue casi un bálsamo para muchos, en especial para el propio gobierno, agradecido porque en varios segmentos de la ciudadanía ya no se hablaba del dólar, del "corralito" financiero o de la suba de los precios, sino de la pelota, sobre si el "Bati" y Crespo podían o no jugar juntos o si Cavallero era, verdaderamente, la mejor opción para el arco.

Así, los rivales pasaron a ser los jugadores de Nigeria y no los políticos; Inglaterra y no los bancos, y finalmente Suecia y no los remarcadores.

El gobierno llegó de rodillas al Mundial, y hoy, ante esta sobredosis de realidad que nos deparó el tiro libre de Svensson, se encuentra, a sí mismo, con su discapacidad incrementada para poner freno a los problemas acuciantes que padecemos los argentinos. Ya no hay nada a la vista que pueda tapar, aunque sea en forma esporádica, tan ingrato escenario socio-económico.

El invierno parece azotar con más inclemencia que nunca, nos reímos de nuestra propia desgracia y casi que hasta nos cuesta encontrar al verdadero culpable de la hecatombe deportiva vivida en Japón.

Marcelo Bielsa, que como todo técnico en la derrota representa el hilo más delgado por donde cortar, al menos hasta hace dos semanas semejaba la antítesis de la improvisación, del "chanta".

El hombre trabajó a full , tenía un plan serio, lo llevó a cabo hasta las últimas consecuencias, pero perdió, por lo que en la búsqueda de un análisis menos simplista, el lamento por la derrota debiera ser aún mayor. Básicamente, porque se perdió la posibilidad de sentar un buen precedente a tener en cuenta en otros estamentos de nuestra sociedad. El que dice que cuando las cosas se hacen bien, se sustentan mucho más las posibilidades de éxito.

No obstante, utilizando un término bien futbolero, ni en eso "ligamos". Como sucedió contra Suecia, por estos tiempos los argentinos no acertamos ni el tiro del final. Y así nos va.

"La fiscalía pide la anulación de la extradición del argentino Cavallo"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer a la sección tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene al juez Baltasar Garzón que acuerde la nulidad de todo lo actuado en relación con el procedimiento de extradición del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, encarcelado en México.

La solicitud se basa en dos autos de la sección tercera de la Sala de lo Penal en los que se reconoce el derecho a que las resoluciones referidas a la extradición de Cavallo sean notificadas en tiempo y forma al Ministerio Público y a la defensa del ex militar argentino Adolfo Scilingo, en prisión en España desde el pasado 31 de julio.

La Sala anulaba así una providencia de Garzón del 4 de diciembre de 2000 en la que acordaba que las resoluciones relativas a la extradición de Cavallo no fueran notificadas a la representación procesal de Scilingo, único de los 121 procesados que está a disposición de la justicia española.

Según explica el fiscal Pedro Rubira en el escrito de ayer, el objeto de esta petición es que el ministerio público y la defensa de Adolfo Scilingo "puedan realizar las oportunas alegaciones en tiempo y forma" a las actuaciones que de Garzón respecto a la extradición de Cavallo.

INFORME ESPECIAL

 

"Sin justicia para más de 900 desaparecidos antes del Proceso"

 

Investigación sobre la causa judicial que involucra los casos de personas que, con anterioridad al 24 de marzo de 1976, fueron privadas de su libertad y jamás volvió a saberse de ellas.

Buenos Aires (De nuestra agencia) - Desde el 27 de mayo de 1997, en el Juzgado Federal Nro. 3 de la Capital Federal, se encuentra radicada una denuncia del doctor Florencio Varela, por los delitos de ´privación de la libertad y desaparición de 908 personas (359 durante 1975 y 549 durante el primer trimestre de 1976), además de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y retardo de justicia´.

En la causa, fueron imputados la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, el ex presidente interino Italo Argentino Luder y los ministros Manuel Aráuz Castex, Tomás Vottero, Carlos Emery, Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Angel Federico Robledo y José Deheza, como así también el ex presidente Raúl Alfonsín, los ex camaristas federales León Carlos Arslanian, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Ricardo Gil Lavedra y los ex fiscales federales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, varios de los cuales han fallecido.

La denuncia se basó, puntualmente, en:

1) Que en el juicio seguido a los comandantes de las juntas militares se había juzgado la privación de la libertad y desaparición de 7.936 personas y que en el informe de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) - que constituyó la base para ese proceso - no se habían incluido los casos de desaparecidos con anterioridad a esa fecha.

 

2) Que en el informe de la Conadep, titulado "Nunca más" , se afirmó, arbitrariamente, que "los hechos ocurrieron a partir del 24 de marzo de 1976, circunscribiendo la responsabilidad a la dictadura militar", lo cual no era cierto, pues del propio informe surgía que ese sistema se ideó y se puso en ejecución durante el gobierno constitucional, en 1975.

 

3) Que en ese informe nada se dijo en cuanto a las 600 denuncias por hechos anteriores al 24 de marzo de 1976.

 

4) Que ningún tribunal de justicia había intervenido por los 908 casos de desaparecidos anteriores al 24 de marzo de 1976 y que quienes tenían la obligación de denunciarlos e impulsar los procedimientos ejerciendo la acción pública respectiva en su momento se abstuvieron de hacerlo.

 

5) Que el incremento abrupto de desaparecidos ocurrió a partir de 1975, en pleno gobierno constitucional (700%, en relación a 1974).

 

6) Que no era cierto que los casos anteriores al 24 de marzo de 1976 hayan sido pruebas-piloto, como fuera sostenido en el informe de la Conadep, pues ello fue el inicio del trágico proceso de desapariciones puesto en marcha durante el gobierno constitucional en la lucha contra el terrorismo, con la aquiescencia de la totalidad de las fuerzas políticas, que no levantaron su voz.

 

7) Que del propio informe de la Conadep surgían las pruebas de que el sistema de represión del terrorismo, con su secuela de desaparecidos, se había planeado y puesto en marcha durante el gobierno constitucional.

 

8) Que era indiscutible que la represión militar del terrorismo fue un hecho único e inescindible y que la política legislativa aplicada al fenómeno subversivo por el gobierno constitucional no sufrió cambios sustanciales después de su derrocamiento, pues el gobierno de facto aplicó el mismo método puesto en marcha en febrero de 1975 y perfeccionado en octubre siguiente, con la creación del Consejo de Seguridad Interna. En este marco, el decreto 2.772/75 estableció que las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior de la Presidencia de la Nación y a través del Consejo de Defensa, debían proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad a efectos de aniquilar el accionar de la subversión.

 

9) Que a las autoridades civiles que actuaron durante 1975 y el primer trimestre de 1976 les cabían las mismas responsabilidades que el presidente Raúl Alfonsín adjudicó, en el decreto 158 de 1983, a los miembros de las juntas militares y a los mandos de las Fuerzas Armadas, como responsables mediatos por las desapariciones ocurridas a partir del 24 de marzo de 1976. Ellas, política y militarmente, como lo admitió la Cámara Federal, fueron autores de toda la legislación sancionada, de los planes y dieron las órdenes para combatir militarmente el terrorismo; por ello, ante la probada e indiscutible existencia de los 908 desaparecidos durante su gestión, les cabía la responsabilidad, en calidad de autores mediatos, por esos hechos.

 

10) Que, dado que el presidente Alfonsín había ordenado juzgar las responsabilidades de la lucha contra el terrorismo con jueces, leyes, procedimientos, criterios y usos previstos para la sociedad civil en tiempos de paz y normalidad, para ser consecuentes con ese temperamento, cabía exigir la observancia del principio republicano de igualdad ante la ley, que impediría que la responsabilidad quedase limitada a los comandantes militares condenados, determinando que todos los responsables fueran juzgados sin exclusiones ni privilegios.

 

11) Que el decreto 158 del 13 de diciembre de 1983, ordenando el enjuiciamiento de los miembros de las juntas militares, limitó la investigación de los hechos a los militares; además, sin razón alguna, también limitó las investigaciones a los hechos posteriores al 24 de marzo de 1976, cuando, en rigor de verdad, a esa fecha, Raúl Alfonsín estaba informado de que las desapariciones de personas habían comenzado masivamente durante el gobierno constitucional presidido por María Estela Martínez de Perón.

 

12) Que en los mismos delitos en que incurrió el presidente Raúl Alfonsín incurrieron los fiscales que actuaron en el juicio a los comandantes (Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo), como así también los jueces que integraron el tribunal: León Carlos Arslanian, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y Ricardo Gil Lavedra.

 

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¿Por qué hablamos tan mal?

La protección al menor en televisión no debe reducirse sólo a imágenes, sino también al sucio vocabulario empleado erróneamente para enfatizar las ideas.

Hablar correctamente, y tan sólo eso, con corrección propia y respeto ajeno, se está transformando en una costumbre en desuso, salvo para quienes renuncian a adaptarse a nuevas modalidades mal entendidas como progresistas y modernas. Lo moderno no puede ser sinónimo de deterioro porque no engendraría jamás progreso alguno. Desde hace muchos años se plantea la necesidad de respetar en la televisión los horarios de protección al menor, y sólo nos referíamos a las imágenes, pero ahora tales disposiciones deberían tener el agregado de sugerir un cuidado en el vocabulario que se emplea.

Antes se decía que era el vocabulario de la calle; pero, curiosamente, hoy la calle no habla así en su generalidad. Hay una exageración en un léxico que quiere ser atractivo, y que resulta repugnante, aún más cuando proviene de personas mayores y a las que se les reconocen virtudes intelectuales que no justifican tal verbo. Son oportunistas que llevan a los chicos a repetir lo que escuchan y que los educadores no pueden evitar porque resultan impotentes frente a la influencia negativa de tantas horas de ver televisión. Y resulta curioso que muchos comentaristas empleen dichas palabras cuando quieren explicar que la educación argentina está en franco deterioro, claro está, sin incluirse como los grandes protagonistas o responsables de ello.

"Acertado y oportuno"

Señor Director:

"Leí con suma atención el editorial del 1º del actual, con el título «Cambiar de raíz la cultura política». Nada más acertado y oportuno. No es cambiando los hombres como se modifica el modo de hacer política, sino a través de una línea de conducta que siga una meta preestablecida, como lo señala la Constitución nacional de 1853/60 y las incorporaciones surgidas de la reforma de 1957.

"En los primeros 35 artículos del Capítulo Único, titulado Derechos y Garantías, se establece un estilo de vida cuya base fundamental es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos principios no disminuyen su valor ante la influencia del mundo globalizado o de los adelantos de la ciencia y la tecnología.

"Esto último, representan las herramientas con las que hoy nos toca trabajar, más los principios señalados encierran un profundo sentido ético, moral y espiritual que nos abre el camino a un estilo de vida particular, entrelazado con la naturaleza propia del ser humano.

"La nueva cultura política que se propone en el editorial mencionado está ahí, en los 35 artículos primeros de la Constitución nacional. Resulta una necesidad imperiosa que la sociedad argentina tome conciencia de ello, a los efectos de no seguir cometiendo los errores que se suceden por varias décadas."

Señor Director:

Con total desparpajo la Senadora Kirchner ordena el despacho de un avión Cessna Citation V propiedad de la Gobernación donde su marido "gobierna" para mandar a buscar a un colega que se encontraba en su provincia, Corrientes, haciendo política, olvidando sus funciones en el Senado Nacional.

Además, pretende disimular el gasto - que por supuesto ella no paga - manifestando que fue un gesto democrático...???

Pues bien, el mencionado gesto ha costado al estado nacional o provincial - no importa cual - u$s 1.600, por supuesto sin contar en él amortización de la máquina, sueldo de pilotos, seguros, tasa de aeropuerto etc.

De ser así, la cifra cambia sustancialmente a u$s 2.000 la hora de vuelo y el tiempo para ir y volver al destino arriba indicado se estima en dos hora cuarenta minutos.

Saque Ud. Sr. Director la cuenta de lo que la Senadora debe ...

[email protected]

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