PRENSA INDEPENDIENTE
Nota publicada en ¨Respublica¨
"Reforma política para salvar la republica"
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La degradación a que han sido sometidas nuestras instituciones políticas nos ha hundido en un abismo económico, social y espiritual sin precedentes; pocas veces en la historia hemos estado tan agobiados.
Esta situación no nació de golpe, no es un fenómeno nuevo entre nosotros sino que ha ido socavando las bases de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo hasta que hoy la desocupación, la pobreza, la catástrofe económica y la violencia social terminaron estallándonos en la cara.
Ignorar, entonces, las causas y las consecuencias de lo sucedido sería suicida. Por eso debemos llevar a cabo, sin demora, las reformas políticas que permitan no sólo superar esta grave emergencia sino sentar los cimientos para que no vuelva a ocurrir nunca más.
I.- Debemos salvar la República.
En momentos en que pareciera regir el "sálvese quien pueda" hablar de salvar la República parecería un objetivo demasiado distante.
Hoy estamos desesperadamente abocados a lo inmediato, a lo que va a pasar mañana, y hemos depositado toda nuestra esperanza en que las medidas financieras nos van a permitir superar la angustiante coyuntura que padecemos.
Pero no podemos ignorar que el éxito que pueda tener el nuevo plan económico no nos garantiza que la corrupción y la incompetencia en el manejo de la cosa pública -que nos llevaron a la situación presente- no vuelvan a tomar, en el futuro, las riendas de la Argentina.
Tan preocupados estamos por la situación actual que corremos el riesgo de no ver que la tarea más importante que debemos encarar hoy es sentar las bases institucionales para que no vuelva a ocurrir.
Inconscientemente estamos esperando –día a día- que suceda algo que nos haga olvidar la pesadilla que vivimos.
En ese escenario hablar de salvar la República no parecería una propuesta con mucho poder de convocatoria. Sin embargo no debemos olvidar que si aún somos lo que somos, si en algún momento llegamos a ser lo que fuimos, fué gracias a la República.
No debemos ignorar, tampoco, que si en algún momento hemos de llegar a ser lo que debemos ser, será también gracias a la República.
Salvar la República depende de la lucidez y de la firmeza con que actuemos para cambiar nuestra dirigencia política, erradicar las causas que la degradaron y consolidar instituciones que nos puedan garantizar, para siempre, que no volveremos al pasado.
Debemos salvar la República. El mal que nos aqueja es político; de allí se proyecta a todo el cuerpo social.
No hay sector de nuestra vida nacional que no se encuentre fuertemente condicionado por lo político: ni el trabajo, ni la paz social, ni la cultura, ni la educación, ni la Justicia, ni la salud, ni la economía, ni la defensa, ni la relación con nuestros vecinos y con el mundo, ni la relación con nosotros mismos.
Nuestras instituciones políticas fueron sistemáticamente saqueadas por un sistema que facilitó la concentración de poder y la falta de control de su ejercicio, que impidió la vivencia plena de la democracia dentro y fuera de los partidos y que afectó seriamente la división de poderes.
Poco se pudo oponer a la voluntad de los detentadores del poder, que , en esas condiciones, lo ejercieron con una elevada dosis de corrupción, de irresponsabilidad y de incompetencia que dañaron irremediablemente nuestra economía.
De allí que volver a poner de pie las instituciones sea una tarea fundamental para reencauzar la vida social en un sendero de paz y de progreso. Debemos salvar la Republica.
La gente en la calle, los cacerolazos y los mismos saqueos nos hablan bien a las claras que la representación política no existe, cabalmente, en la Argentina: el "soberano" está solo.
Se visualiza nítidamente que –salvo honrosas excepciones- sus representantes sólo se representan a sí mismos y que los ciudadanos son convidados de piedra en el banquete de la política.
El pueblo está cansado de que se lo use para ungir de privilegios a quienes debieran servirlo y que, al final, terminen explotando sus necesidades y frustrando sus esperanzas.
El 14 de octubre de 2001 el "soberano" decidió dar un primer paso: se excluyó - en un porcentaje nunca visto en nuestra historia- de la contienda electoral convocada para ese día.
Fue un gesto de impotencia frente a un estado de cosas en el que, ganara quien ganare, no iba a cambiar nada. Fué un gesto de protesta frente a un comicio convocado como si aquí no pasara nada y como si nunca hubiera pasado nada.
Contrariamente a lo que muchos quisieron creer esa actitud no cayó en el vacío, sino que demostró la capacidad de reacción de la gente que, con una lucidez que no demostró la dirigencia, vislumbró que el país se acercaba al abismo.
Ese gesto demostró, además, la profundidad de la crisis de representación que nos afecta: la dirigencia política ha perdido toda legitimidad. Debemos salvar la República.
Los gravísimos actos de corrupción imputados a funcionarios del gobierno de Menem y a funcionarios del gobierno de de la Rúa, así como a numerosos miembros del Congreso, no merecieron ningún reproche de sus pares, de sus respectivos Partidos ni de la Justicia. Los ilícitos imputados a integrantes del Poder Judicial también terminaron en la nada. No hay ningún condenado por corrupción en la Argentina.
El gravísimo deterioro de la economía (socavada por la corrupción y por la ineptitud) en que terminó el banquete de la política, fue acorralando contra la miseria a los sectores populares y desbarrancó a la clase media argentina.
Pero la dirigencia política no asumió su responsabilidad y fue incapaz de generar opciones válidas que permitieran salir de la crisis sin producir más sufrimiento a la gente.
Con estupor nos enteramos que los sucesivos gobiernos ocultaron que la estabilidad económica se mantenía gracias a un endeudamiento externo cada vez mayor, con tasas cada vez más altas y que hace ya mucho tiempo que era impagable. Sin embargo la dirigencia política siguió con la fiesta.
Gracias a ellos la Argentina se convirtió en un pequeño corral donde nos hacen pagar a todos el despilfarro, el engaño, la mentira, la corrupción, el desempleo, el enriquecimiento ilícito de políticos, sindicalistas, funcionarios y magistrados y la terrible ineptitud que han demostrado nuestros gobernantes en la gestión de los intereses públicos. Debemos salvar la República.
Por todo eso es necesario impulsar la Reforma para que se restablezca una auténtica representación política; para que servir a la República e involucrarse activamente en las organizaciones partidarias sea una convocatoria irresistible para sus mejores hijos; para que podamos producir el relevo definitivo de la actual dirigencia y erradicar para siempre su estilo de hacer política.
Sólo así podremos salvar la República y consolidar el sistema de gobierno republicano, representativo y federal que proclama nuestra Constitución.
Sólo así podremos estar seguros de que el pueblo no volverá a ser engañado ni usado y que no se volverán a generar camarillas de privilegiados enquistadas en las estructuras de poder.
Sin una República que funcione no podremos solucionar nunca la violencia social ni la pobreza.
Sin una República que funcione nadie tendrá futuro en la Argentina.
Resulta claro que sólo con Reforma será posible que los Partidos Políticos se conviertan en los ejes del cambio y en "instituciones fundamentales del sistema democratico", formadores de dirigentes honestos, capaces y con genuina vocación de servicio.
Sólo a partir de allí podremos albergar la esperanza de provocar el cambio definitivo de la actual clase política para que nuestros futuros gobiernos, nuestras futuras legislaturas y nuestros futuros magistrados sean transparentes, idóneos, responsables, con grandeza de espíritu y que privilegien el interés de la Nación por encima de cualquier mezquindad. Debemos salvar la República.
Inútilmente la ciudadanía ha reclamado, hasta el cansancio, esa Reforma Política que le permitiera alcanzar aquellas metas y concretar, de una vez por todas sus anhelos.
Los dirigentes y gobernantes de turno la prometieron cada vez que vieron que el malhumor de la gente crecía; pero nunca la implementaron. Siempre había una justificación o una excusa para no hacerlo; siempre se interponía algo más urgente.
La reforma –han habido más de cien proyectos- se perdió en los pasillos del Congreso; pasillos que encierran verdugos implacables con todo aquello que pueda hacer peligrar los privilegios y las posiciones de poder.
Como un destino trágico los ciudadanos nos hemos vuelto a enfrentar, en este desgraciado recodo de nuestra historia, con viejos rostros de la dirigencia política, algunos de ellos ligados a las causas del mal que hoy nos agobia.
La crisis en la que hoy estamos sumidos indica que nada cambió desde aquél 14 de octubre de 2001, y que las razones de aquella abstención, engrosadas con todo lo sucedido posteriormente, podrían haber justificado una nueva abstención del electorado, seguramente masiva (y tal vez final) si hubiéramos sido llamados a votar otra vez.
Qué podría haber llegado a ocurrir en ese caso?
Será posible que alguna vez pensemos que al futuro lo tenemos que construir ahora y no esperar que, como una tragedia inevitable, vuelva a estallarnos en la cara?
II.- La reforma política.-
Para no volver a perder el tren de la Historia debemos instrumentar una Reforma Política que, sin perjuicio de lo que dispone la legislación vigente, tenga los siguientes contenidos mínimos:
Partidos Políticos:
La Reforma debe apuntar a:
reemplazar en forma inmediata su actual dirigencia;
establecer requisitos mínimos de capacidad, honestidad y transparencia patrimonial para ocupar cargos partidarios;
promover la rotación de los dirigentes impidiendo la reelección consecutiva;
alentar la incorporación de ciudadanos honestos y capaces;
controlar el patrimonio de los dirigentes y candidatos;
establecer incompatibilidad entre el ejercicio de cargos partidarios con funciones electivas, de gobierno, sindicales o empresariales;
establecer Tribunales de Ética;
fijar un cupo de cargos partidarios para los jóvenes
A tal fin habría que:
a) Disponer la caducidad de todas las autoridades partidarias y convocar a elecciones internas para cubrir todos los cargos. No podrán presentarse los que hubieren participado de la actual conducción partidaria ni los que se desempeñen en cualquier función de gobierno nacional, provincial o municipal, o en cualquier función representativa o judicial en cualquiera de esas jurisdicciones.
b) Dictar normas:
que establezcan requisitos mínimos de capacidad e idoneidad para ser candidato a cargos partidarios o a cargos públicos electivos;
que establezcan la periódica renovación de sus autoridades limitando su reelección;
que impidan la formación de camarillas y la acumulación de cargos;
que aseguren la capacitación de sus dirigentes y estimulen la de sus afiliados;
que alienten la incorporación de ciudadanos honestos y capaces;
que controlen el patrimonio de sus dirigentes y la corrección de su conducta;
que verifiquen la calidad moral e intelectual de los que se postulen como candidatos para cargos partidarios y para cargos públicos electivos;
que implementen una plena democracia interna en todos los procedimientos y decisiones partidarias;
que fijen eficaces mecanismos de control del cumplimiento de las normas.
que establezcan un cupo mínimo de un 15% de las candidaturas a cargos partidarios para que sean ocupados por jóvenes.
que impongan a quienes ocupen cargos de naturaleza representativa la obligación de abrir una oficina en el distrito para la atención de las inquietudes de los ciudadanos e informarles sobre su gestión como representantes.
c) Declarar incompatible el ejercicio simultáneo de funciones de gobierno o representativas, con el ejercicio de cargos partidarios, sindicales, en organizaciones empresarias o profesionales.
d) Establecer que quienes hubieran concluído su mandato en funciones sindicales, empresariales, profesionales o en funciones de gobierno, representativas o judiciales, no podrán acceder a cargos partidarios sin que haya transcurrido un plazo mínimo de dos años entre un cargo y otro.
e) Constituir Tribunales de Ética y de Disciplina para que los Partidos juzguen la conducta de sus autoridades y afiliados y, asimismo, la de los gobernantes, funcionarios y ocupantes de cargos representativos que hubieran accedido a ellos integrando las listas del Partido o hayan sido propuestos por él.
f) Garantizar que en la constitución de esos Tribunales estén representadas todas las líneas internas del Partido.
g) Implementar mecanismos idóneos para evitar la doble afiliación en los Partidos Políticos y para evitar que se comercie con las fichas de afiliación partidaria.
h) Fijar en dos años la duración de todos los mandatos partidarios pudiendo ser reelectos únicamente dejando transcurrir un mandato partidario de igual duración.
i) Establecer que las autoridades salientes efectuarán rendición pública de cuentas que deberá contar con dictamen favorable de un Estudio de Contadores de primera línea, a ser designado por sorteo.
j) Hacer obligatorias las elecciones internas abiertas a no afiliados (simultáneas en todos los Partidos) para la selección de los candidatos a cubrir los cargos de Presidente y Vice y para diputados y senadores nacionales.
Campañas electorales:
La Reforma debe apuntar a:
controlar el origen de los fondos;
prohibir aportes de grupos de interés;
prohibir la intervención de organizaciones sindicales y empresariales;
fijar un tope máximo a los gastos de campaña;
evitar campañas negativas, discriminatorias, intimidatorias y reñidas con la ética;
castigar el apartamiento de las propuestas formuladas en las campañas.
a) Prohibir propaganda y declaraciones de Partidos o candidatos que en forma directa o encubierta:
denigren a sus oponentes o a sus Partidos;
les imputen falsamente comportamientos reprochables;
apunten a descalificarlos moralmente;
alienten el enfrentamiento social;
ataquen a la República y a la democracia;
discriminen a sectores sociales;
ejerzan intimidación sobre la gente;
recurran a procedimientos reñidos con la ética.
b) Prohibir idénticas declaraciones o propaganda por parte de asociaciones sindicales, empresarias, profesionales o de cualquier otro sector social.
c) Prohibir todo proselitismo partidario -directo o encubierto- por parte de organizaciones sindicales, empresarias o profesionales.
d) Los partidos y cada candidato deberán hacer pública la información sobre los fondos que utilizarán, su origen y su aplicación a la campaña.
e) Durante las campañas deberán elevar periódicamente informes detallado de los gastos efectuados y un informe final que deberá contar con dictamen favorable de un Estudio Contable de primera línea a ser elegido por sorteo.
f) Prohibir a los Partidos Políticos recibir aportes de cualquier forma o especie, directa o indirectamente, de empresas, sociedades y organizaciones nacionales o extranjeras o residentes en el extranjero, o de personas físicas extranjeras o residentes en el extranjero.
g) Los partidos, los candidatos o sus simpatizantes no podrán distribuir mercaderías o bienes entre el electorado, ni ofrecerlos, ni prometer subsidios, puestos públicos y cualquier otro beneficio similar en caso de ganar la elección.
g) Las campañas no podrán durar más de 60 días para Presidente y Vice y 40 días para senadores y diputados.
i) No podrán realizarse encuestas ni dar a conocer sus resultados 48hs antes de la votación y hasta cuatro horas después del cierre del escrutinio.
j) El Gobierno no podrá realizar actos de inauguración pública de obras o de lanzamiento de campañas sociales dentro de los 40 días previos a la Elección.
k) Los candidatos oficialistas no podrán publicitar en su campaña, como logros propios o de
su Partido, obras realizadas por el Gobierno con el Presupuesto Nacional.
l) Se considerará incurso en responsabilidad política el candidato electo que se apartare sustancialmente de sus propuestas de campaña o de la Plataforma Electoral de su Partido.
ll) Las elecciones nacionales, provinciales y municipales deberán llevarse a cabo en fechas distintas.
m) Para cada nivel de elecciones deberá fijarse un tope máximo de gastos electorales en que podrá incurrir cada Partido.
Candidaturas a cargos públicos electivos.-
La Reforma debe apuntar a:
evitar la acumulación de cargos electivos con cargos partidarios y en asociaciones sindicales o empresariales;
impedir que se utilicen funciones jerárquicas como trampolín para cargos públicos electivos;
establecer requisitos mínimos de capacidad, honestidad y transparencia patrimonial de los candidatos;
habilitar las candidaturas independientes.
A tal fin habría que:
a) Establecer que no podrán ser candidatos ex - magistrados y ex – funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial y de tribunales de faltas municipales, hasta 2 años después del cese de sus funciones. Tampoco los dirigentes sindicales, de asociaciones empresarias y profesionales y los ex - gobernadores mientras no transcurra idéntico lapso.
b) Establecer que en la primer elección que se produzca después de la vigencia del presente régimen no podrán ser candidatos los que hubieren desempeñado cualquier cargo partidario cuya caducidad se hubiere producido como consecuencia de lo indicado en II 1, a).
c) Establecer requisitos mínimos de capacidad e idoneidad para ser candidato.
d) Todos los candidatos deberán presentar declaración jurada de bienes propios y de su grupo familiar.
e) No podrá ser candidato quien, antes de un año de la fecha de presentación de su candidatura, se encontrare sometido a juicio penal, o seriamente imputado de irregularidades en cuestiones políticas, sindicales, empresariales, profesionales o relacionadas con la administración de fondos de terceros o la violación de deberes de funcionario público.
f) Posteriormente, cualquier hecho o circunstancia de similar naturaleza -debidamente fundada- podrá generar la inmediata suspensión en sus funciones si hubiere resultado electo hasta tanto se dilucide la cuestión. En caso de confirmarse la existencia de alguno de dichos supuestos será automáticamente separado del cargo.
g) Lo expuesto precedentemente es aplicable a las candidaturas para cargos electivos en organismos, entes o sociedades públicas o en representación del sector público.
h) Se autorizarán candidaturas independientes, en cualquier nivel de elección, siempre que contaren con suficiente apoyo del padrón electoral del distrito en el que se presenten.
Sistema electoral.-
La Reforma debe apuntar a:
suprimir la lista sábana;
personalizar a los candidatos (que el elector sepa por quien vota) creando distritos electorales pequeños;
independizar a los candidatos y representantes electos, de un férreo manejo de las cúpulas partidarias;
posibilitar que el voto exprese lo más eficazmente posible la preferencia de los electores;
facilitar el acercamiento de los candidatos a los requerimientos y necesidades de la gente;
que los obligue a tenerla informada;
que posibilite a los miembros del distrito electoral a controlar el desempeño de los elegidos y obligue a los representantes a rendir cuentas periódicas de su gestión;establecer que los representantes sólo podrán ser reelectos por el mismo distrito que lo eligió inicialmente.
A tal fin habría que:
a) Constituir distritos en los que se elijan entre un mínimo de tres y un máximo de siete representantes.
b) Confeccionar una sola lista con los candidatos de todos los partidos, entre los que el elector ordenará sus preferencias poniendo al lado de sus elegidos los números 1,2, etc. hasta alcanzar la cantidad de cargos a cubrir.
c) Podrá preverse que una porción de las vacantes se cubra mediante el sistema de representación proporcional.
d) La incorporación de los ciudadanos al Padrón Electoral será voluntaria.
f) El voto no será obligatorio.
g) Se preverá, conforme al sistema que se adopte, el cómputo de los votos en blanco para la asignación de las bancas.
h) Se eliminará la sobrerrepresentación electoral.
Consejo de la Magistratura.-
La Reforma debe apuntar a:
Establecer un equilibrio entre el número de legisladores, jueces y abogados, reduciendo el número de legisladores;
Impedir la polítización de los nombramientos y remociones de los jueces;
Fijar claras incompatibilidades para los consejeros;
Asegurar la mayor dedicación de éstos a sus funciones;
Dar organicidad y coherencia a las distintas normas que lo regulan y cubrir los vacíos normativos existentes.
A tal fin habría que:
a) Suprimir 4 de los 8 consejeros legisladores y el representante del Poder Ejecutivo.
b) Establecer que los legisladores y los jueces miembros del Consejo no percibirán emolumento ni suma alguna por ningún concepto por el ejercicio de sus funciones. Mientras se desempeñen como consejeros no podrán desempeñar otras funciones en el Congreso ni en la Justicia ni en organizaciones que los nucleen ni ejercer la docencia ni ninguna otra actividad.
c) Establecer que los restantes consejeros percibirán en concepto de remuneración, por todo concepto, un importe equivalente al sueldo de un Juez de Primera Instancia. Tampoco podrán desempeñar otros cargos o funciones en la actividad pública o privada ni en asociaciones profesionales, ni ejercer la docencia.
d) Los consejeros no podrán ser reelectos en forma consecutiva.
e) No podrá concursar para un cargo en la Justicia, o en el Consejo - hasta dos años después de su desvinculación- quien haya sido consejero o asesor de algún consejero o se hubiere desempeñado como empleado o funcionario del Consejo.
f) En las sesiones de las Comisiones y del Plenario, sus integrantes deberán llevar por escrito sus votos relacionados con la selección de magistrados y su sanción disciplinaria o remoción.
g) El Consejo de la Magistratura no podrá modificar el orden de Mérito establecido por el Jurado, en los Concursos que se convoquen para cubrir cargos en la Justicia.
h) Se propiciará que el Poder Ejecutivo designe a todos los que hayan ganado el Concurso conforme el orden de méritos resultante, sin ternas.
i) No podrán integrar la Comisión de Disciplina los consejeros legisladores.
Función Pública.-
La Reforma debe apuntar a:
generar funcionarios idóneos, honestos, independientes y estables;
crear una verdadera carrera administrativa que garantice laestabilidad y cuyo ingreso y ascensos se efectúen por concursos;
desterrar el amiguismo y la politización en la cobertura de los cargos de carrera;
elevar la calidad de los cuadros de funcionarios y empleados públicos y alentar la incorporación de los mejores;
favorecer el control de los funcionarios políticos que ponga una barrera a la corrupción y la incompetencia;
alentar un proceso de mejora continua en las prestaciones y actuaciones a cargo de la Administración Pública.
A tal fin habría que:
a) Crear la carrera administrativa consagrando la estabilidad de los funcionarios públicos hasta el cargo de subsecretario inclusive.
b) Establecer el ingreso y el ascenso de empleados y funcionarios únicamente por concurso;
c) Promover su capacitación continua;
d) Prever estímulos para alentar su pertenencia y su permanencia en el organismo o ente en el que reviste;
e) Establecer un sistema de remuneraciones que busque acercarse al mercado;
f) Jerarquizar los niveles administrativos en base a las calidades que se exijan para desempeñarlos;
g) Motivar la innovación dentro de la organización y crear instancias para su análisis y debate;
h) Crear mecanismos que faciliten de un modo orgánico la interacción entre los distintos sectores y niveles de la organización;
i) Simplificar los niveles administrativos aprovechando los sistemas informáticos que permiten nuevos procesos de información y control;
j) Diseñar un sistema de mediación para la solución de los conflictos dentro de la organización;
k) Definir con claridad las responsabilidades en cada una de las etapas del proceso administrativo y sus respectivos niveles.
Buenos Aires, enero de 2002.-.
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