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Indice de la fecha

A la crisis política, económica y social se suma ahora la institucional. La decisión del gobierno de reemplazar a la Corte Suprema tras declarar ésta inconstitucional el "corralito" agrava todavía más la caótica situación de la República austral y la convierte en un país en el cual no existe nada parecido a un asomo de legalidad.

A la ruptura por parte de los sucesivos gobiernos argentinos de las reglas del juego se suma ahora la demolición de la última garantía de seguridad y de respeto a la ley. La decisión gubernamental de eliminar el control de poder que supone la Corte Suprema se traduce en la concesión de una patente de curso para que el ejecutivo Duhalde actúe sin restricción legal alguna.

Por eso, la confianza en una salida racional e inteligente a la crisis se convierte en una hipótesis casi imposible. ¿Quién sustituirá a los jueces, unos acólitos del poder?

Junto a este dramático hecho, los acontecimientos siguen su rumbo inexorable hacia el desastre. Las medidas bancarias certifican la quiebra del sistema de pagos argentino; imponen una pérdida a los bancos de unos 30 mil millones de dólares cuando el total de su activo patrimonial supone 15,000. Esto unido a la contracción del crédito provocada por el "corralito" se traduce en una caída de la oferta monetaria total del 30 por ciento, superior a la registrada en los EE.UU. en los años treinta y causante básico de la Gran Depresión.

Con una banca quebrada, la economía argentina irá directamente al colapso en un plazo de tiempo no superior a los dos meses. La conversión de los bancos en un enemigo externo tal vez sea rentable a corto plazo en términos políticos pero es suicida en el medio plazo y no podrá evitar lo inevitable: la parálisis de la actividad económica.

Las restricciones impuestas por el gabinete De la Rúa a las transacciones financieras normales y acentuadas por Duhalde ya han tenido consecuencias demoledoras. Han paralizado el flujo normal de cobros y pagos de la economía, lo que se ha traducido en una aportación negativa al crecimiento del PIB entre el 5 y el 8 por ciento del PIB. El gobierno ha suprimido la liquidez imprescindible en una economía de cambio indirecto en la cual las operaciones se realizan a través del dinero.

Esto ha dado un golpe brutal a una actividad productiva en recesión desde hace más de tres años y probablemente se traducirá en un incremento negativo del PIB en 2002 del orden del 20 por ciento. Esto significa un aumento del paro de hasta el 30 por ciento de la población activa y un descenso de los salarios reales del 50 por ciento.

Las consecuencias sociales y económicas de este escenario son explosivas. Ni el FMI ni el Banco Mundial ni los inversionistas internacionales van a dar un peso a un gobierno sin otro programa que la demagogia y sin otro horizonte que el caos. El hambre que castiga ya a Buenos Aires se extenderá al resto del país y una legión de desheredados sin esperanza puede llevar a Argentina a una situación de anarquía. Este desarrollo es inevitable si no se produce un cambio radical en la estrategia económica de Duhalde.

De lo contrario, cualquier salida es posible: la emergencia de un Chávez argentino o la vuelta directa o indirecta de las fuerzas armadas al centro de la política nacional. Esta segunda posibilidad es improbable pero no imposible si las soluciones institucionales normales se ven bloqueadas por la irresponsabilidad de las fuerzas políticas dominantes: La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista.

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El 14 de octubre de 1970 , en el barrio de Villa Urquiza, la organización terrorista argentina MONTONEROS asesinó al Subcomisario de la Policía Federal D. Osvaldo Sandoval, quien había encabezado la investigación del canallesco crimen del ex Presidente de la Nación Pedro Eugenio Aramburu, un ejemplo de ciudadano militar republicano.

Los recientes anuncios y decisiones del gobierno parecen encaminados a finiquitar toda pretensión de economía libre y justicia independiente.

* Pesificación de depósitos a 1,40. Significa no sólo una afectación de derechos adquiridos sino un avasallamiento de la propiedad privada. Destruye la credibilidad, no tan solo del sistema financiero, sino del país en su conjunto. Continuar con el cerrojo sobre los depósitos implicará acabar con los bancos, y luego con la completa economía.

 

* Canje de certificados por títulos en dólares. Además de inequitativo al discriminar a los ahorristas de más de $ 30.000, cabe preguntarse: ¿por qué creer en estos títulos cuando se incumplen compromisos por otros ya emitidos y se han pesificado obligaciones contraídas en dólares? Mucho más eficaz hubiera resultado un fideicomiso para cada banco sobre su cartera activa y emitir títulos valores de cada uno (cotizables en bolsa). Este es el mejor sistema: cada depositante mantiene liquidez y rentabilidad para su acreencia, mientras que la solvencia depende del banco que eligió para colocar sus fondos a plazo (relacionada de alguna forma con la tasa con que se produjo la captación original).

 

* Pesificación de deudas bancarias y no bancarias. Nueva intromisión estatal en contratos entre partes privadas que distribuye sospechosamente prebendas y castigos. Evidente licuación de pasivos que beneficiará a poderosos actores.

 

* Emisión de un bono para solventar el desequilibrio entre activos y pasivos. Todos los argentinos pagaremos la fiesta de los deudores.

 

* Negociación de certificados de depósitos. No será aplicable en la práctica por la falta de liquidez, transparencia y homogeneidad. Quienes vendan sus certificados asumirán severas pérdidas.

 

* Libre disponibilidad de las cuentas-sueldo, jubilaciones e indemnizaciones. Discrimina a los autónomos y constituye un importante estímulo a la economía en negro.

 

* Unificación del mercado de cambios. Ni único ni libre, tan solo un burdo intento de conformar o engañar a Washington, pues se requiere autorización del BCRA para efectuar operaciones. Otro atropello a la libertad individual.

Esto impulsará a niveles impensables el mercado negro y la brecha entre el tipo de cambio "libre" (controlado) y el paralelo (auténticamente libre).

La intervención del BCRA para regular el tipo de cambio da lugar a más corrupción (nada más adecuado que la denominación "flotación sucia").

Cada peso de liquidez que vaya apareciendo va a ir a parar al dólar progresivamente. En un comienzo el tipo de cambio subirá en forma moderada por la escasez de medios de pago, luego se auto-realimentará. Y se reflejará en los precios. Aún en una depresión como ésta, la hiperinflación sobreviene por la propensión del público a desprenderse inmediatamente del circulante (aumento de la velocidad de circulación).

 

* "Hay reservas por $ 14.000 M que permiten regular el tipo de cambio". Si teníamos tantas reservas, ¿para qué devaluaron? ¿No era que la convertibilidad se había hecho insostenible por la caída de las reservas? Volvamos pues a ella.

 

* "Presupuesto" con déficit máximo de $ 3.000 M. Técnicamente, esto es hacer ciencia-ficción. ¿De qué presupuesto se puede hablar si para estimar los números hay que ser un adivino? ¿Contempla la brutal caída (ocurrida y proyectada) de la recaudación? ¿Creen acaso que la van a revertir con las medidas que han tomado?

 

* Emisión "limitada" a $ 3.500 M. Imposible de cumplir frente a la caída de la recaudación. Salvo que los pagos se limiten a lo que haya en caja ...

 

* Reforma del estado para más adelante. Solo promesas verbales de quienes incumplen compromisos escritos.

 

* Reforma tributaria y de coparticipación postergada. ¿Cómo van a generar recursos? Agreguemos que en un país en que los diversos sectores sufren un feroz reacomodamiento hacia abajo de sus precios, la presión fiscal no disminuye sino que ha aumentado a niveles confiscatorios. Esto nos lleva al colapso por rebelión fiscal.

 

* Ansiados créditos de Washington y de los organismos multilaterales. ¿Deben creer los de afuera en un país en el que no creen sus mismos ciudadanos, que huyen de todas las formas posibles? ¿Pueden asistir a un estado que viola la propiedad privada, los derechos y las libertades individuales? ¿Que se vale del supremo recurso de las leyes (vg. la cortísima vida de aquella de "intangibilidad de los depósitos") para engañar a sus súbditos (cabe mejor que "ciudadanos")?

 

* Juicio político a la Corte. Es un ataque a la independencia de poderes, otra forma de autogolpe de Estado, consecuente con el absolutismo imperante. El respeto a las instituciones implica soportarlas aunque sus integrantes puedan desagradarnos.

 

* Suspensión por 6 meses de recursos de amparo y acciones contra el Estado. Esto es privar a los "ciudadanos" (mejor súbditos o tal vez vasallos) del acceso a la justicia. En un país que no resguarda las instituciones ni la independencia de poderes, la abolición del derecho y la Constitución se convierte en política de Estado.

Comenzando por la curiosa anomalía institucional (los miembros del poder más cuestionado del país nombraron presidente a quien el voto popular se lo había negado), pasando por cierta fusión entre el legislativo y el ejecutivo (hasta legisladores de la "oposición" integran reuniones del gabinete ejecutivo; cada vez más parecido al "partido único"), y siguiendo por el embate contra un adverso Poder Judicial, el país se aleja velozmente de la condición republicana.

 

Los gobernados - no los gobernantes - identificamos con claridad nuestros problemas de fondo, aquellos que constituyen las raíces mismas de nuestra crisis: la carencia de representatividad de nuestro sistema electoral, el desapego a las instituciones republicanas, la proliferación de cargos, la metástasis estatal, el despilfarro de los fondos públicos, el desprecio por la propiedad privada y los derechos de los particulares, la multitud de omnímodas regulaciones y trabas a la iniciativa privada y a la libre competencia.

Pero el desquicio producido por una irreflexiva y no deseada devaluación impuesta por una enquistada corporación política se ha convertido en el problema vital e inmediato a sortear. Y aún hoy no saben ni para qué sirve ni cómo implementarla.

Están "acorralados" en su propia medicina.

Cartas de lectores - Beccar, 05/02/02

"Vox populi" - una manipulación política

Señor director:

Es "vox populi" que detrás del cacerolazo del 19 de diciembre próximo pasado y de los actos vandálicos perpetrados por una minoría violenta, hubo una manipulación política para derribar el Poder Ejecutivo presidido por el doctor Fernando De la Rúa.

Nadie ignora que los doctores Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín se opusieron sistemáticamente a realizar las reformas que fueron enunciadas y cuestionaron la convertibilidad, posición esta coincidente con los sectores de la dirigencia empresarial más endeudada y con la dirigencia sindical más comprometida con los sectores políticos radicalizados.

Todavía está la creencia en muchos de estos manifestantes, que aquel "cacerolazo" fue la causa de la renuncia del Presidente de la Republica. Como también siguen creyendo que fue un "cacerolazo" el que causó la renuncia a la primera magistratura del peronista Rodríguez Saá. Si esto fuera tan así, como lo expresan tantos comentaristas: ¿porqué razón en cambio Duhalde sigue soportando ahora los "cacerolazos¨, casi diarios en todo el país desde que se hizo cargo de la presidencia?.

Era notoria la división de las fuerzas que integraron la "Alianza". Todo hacía presagiar que los propios correligionarios que respondían al doctor Alfonsín iban a ser los verdugos de su propio presidente. Fue Alfonsín quién aconsejó al presidente presentar su renuncia y esto era parte de un juego político para llevar como epílogo al sector duhaldista a la presidencia, sector que tiene más afinidad con los grupos de izquierda. Había que cambiar de rumbo a la economía, a cualquier costo. Esto quiere decir, marchar a una economía dirigista e intervencionista. Estar cada día más cerca de Fidel Castro y del presidente Chávez.

Como primera medida, desde el Congreso antes de asumir como presidente, Duhalde prometió al pueblo salir de la convertibilidad, respetando a los ahorristas que tenían plazos fijos en los bancos en dólares. Reafirmó que por cada dólar, se iba a devolver otro dólar. A pocas semanas de esta promesa falseó su palabra y manifestó que dichos plazos fijos se iban a pesificar a $1.40 por dólar. Esta actitud le valió muchos cacerolazos más, pero quedó inamovible en su cargo. Los grupos violentos no aparecieron, lo que hace pensar que estos eran parte de la estrategia duhaldista, para acosar a los anteriores presidentes y llevarlos a la renuncia.

La cuestionada Corte de Justicia, sacó un falló, declarando anticonstitucional el denominado "corralito", creado por la administración De La Rúa con un límite de 90 días y que Duhalde sostiene a viento y marea, en contra del ahorrista y a favor de un grupo de empresas fuertemente endeudadas en dólares.

Duhalde, presidente electo por el Congreso, importándole "un comino" la Constitución Nacional avanza sobre los intereses de los pequeños ahorristas y saca un decreto anticonstitucional prohibiendo a la ciudadanía pedir amparo a la Justicia. Y permanece como presidente de la República no electo por el pueblo, acusando a los miembros de la Corte de "chantajistas" y promoviendo con sus aliados de la Legislatura - representantes desprestigiados de las listas sábanas - un juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Todos estos hechos constituyen una fidedigna prueba, en poco menos de 30 días Duhalde cometió más errores que el doctor De La Rúa y de más graves consecuencias. Sin embargo permanece en el cargo. Eso hace presumir que Duhalde y Alfonsín programaron un golpe de Estado para destituir a Fernando de la Rúa.

¿Porque no lo apoyaron?. ¿No estamos ahora mucho peor que antes?. La historia juzgará sin duda esta salida que ha dejado al país al borde la anarquía y que ha empobrecido aun más al pueblo, confiscando sus ahorros y la confianza en el sistema bancario, atacando la propiedad privada, aumentando la recesión, elevando los índices de desempleo y quitando toda libertad y dignidad.

Lo saluda

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Ante un país que se hunde en el mar de la anomia, el alfonso-peronismo se apresta a asaltar el Palacio de Justicia al mejor estilo nacional socialista, en nombre de los "sanos sentimientos" del Pueblo argentino.

Son esos "santos sentimientos" que en la Alemania nazi servían de fundamento al sistema penal y a la represión estatal, los esgrimidos con otros nombres contra la Corte por las hordas cacerolistas y los grupos de abogados laboralistas que protegen por vías torcidas sus intereses pecuniarios. Ellos son el fundamento real por el que la policía política representada por el "progresismo" mediático y parlamentario se propone otorgar a la alianza gobernante la suma del poder bajo la mascarada de un juicio político.

Los jueces con los que reemplazarán a los actuales, son jueces amigos, cercanos, que ya han prestado servicios a la causa proletaria y a la cruzada antimenemista (lo que para ellos es lo más sano entre los sentimientos nacionales). Son el tipo de jueces a los que llaman "independientes". En cambio quienes no les responden, ni convalidan los procedimientos de ajusticiamiento de sus adversarios; los que cometen el atrevimiento de resolver de acuerdo a derecho aunque beneficie a los réprobos preestablecidos y quienes tienen supuestas simpatías con gente antipática para el poder; vendrían a ser para nuestra política bizarra los dependientes.

La población ignora por completo los motivos y aspiraciones de la cosa nostra política para quitar a los jueces que no les responden del medio y es conducida como ganado por las campañas oficiales de desinformación y distracción. Un día la víctima son los banqueros, otro día los comerciantes, otro día las empresas privatizadas, otro día los que saltaron el corralito y otro las instituciones más básicas de la República, como la Corte Suprema de Justicia.

Sin saber siquiera quienes son los ministros de la Corte, ni que hacen, ni que espera la Constitución de ellos, ni de que se los acusa, muchos de los golpeadores de cacerolas colaboran mansamente con la destrucción del último resguardo que les queda en protección de sus derechos y garantías.

Un día protestan porque la propaganda oficial dice falsamente que convalidaron el corralito y cuando se enteran de que lo declararon inconstitucional protestan porque se supone que atentan contra la subsistencia del sistema bancario (¿cuál sistema bancario?), aunque los bancos eran supuestamente los depositarios de todo el mal habido en el país y maléficos aliados de anteriores gobiernos a los que el actual venía a abandonar. Y si no protestaran ya por eso, lo harían por otra cosa; prenderían la televisión para notificarse de contra quién tienen que despotricar hoy.

La actual Corte es producto de un pacto sellado entre el propio Alfonsín y Menem en 1994, denominado Pacto de Olivos. El radicalismo progre sostenía que debían hacerse cambios en el máximo tribunal para otorgarle credibilidad. Lograron su propósito pero parece que lo que era creíble en ese entonces ya no lo es, y entonces la Corte no cuenta más con el aval del señor Alfonsín, que vendría a ser algo así como el máximo exponente de los "sanos sentimientos" del Pueblo argentino.

Duhalde que fue partícipe al haber apoyado y convalidado el Pacto de Olivos, no aprueba (él cree que debe aprobarlo) que esta Corte haya declarado ilegal el procedimiento que llevó a la detención de su archienemigo Carlos Menem, con todo el esfuerzo que él había hecho para que eso fuera posible.

Cualquier cosa que se oponga al poder de Alfonsín, a los deseos de Duhalde o a la Verdad representada por la Señora Carrió, resulta automáticamente ilegal, no independiente, corrupto e inmoral. Estas tres voluntades unidas al periodismo progre y a las empresas periodísticas que hacen negocios con el Estado conforman la nueva religión nacional y a cuyo son parece que deben desenvolverse las instituciones bajo pena de ser arrasadas. El que no se adapte es un corrupto, un gusano que debe ser aplastado. Los intereses políticos de esa entente son el único Derecho vigente.

Padecemos un gobierno provisorio que no cuenta con legitimidad electoral, que fue seleccionado por ser lo más representativo de la clase política que a su vez se encuentra completamente divorciada de la gente. Ese gobierno conduce los destinos del país liberado del control parlamentario gracias a las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso. A su vez, mediante incentivos, extorsiones y amenazas ha concentrado la información y logrado una prensa tan obediente y oficialista como no se recuerda en la Argentina, a pesar de toda la tradición que tenemos en la materia.

Como corolario de este proceso de feudalización política, asistimos a esta forma tan grave de golpe de estado que es el descabezamiento del Poder Judicial con un doble juego. Por un lado se recurre al hostigamiento mediante hordas callejeras y mediáticas que ni los gobiernos militares se atrevieron a utilizar y por el otro a un aparente juicio político que no es tal porque la sentencia final ya está dictada. No existen garantías en la Argentina para la celebración de juicio político alguno contra los jueces de la Corte.

Si el gobierno se sale con la suya podrá disponer a diestra y siniestra (sobre todo a siniestra) que hacer con nuestro patrimonio sin ningún control parlamentario ni judicial. Podrá hacernos ricos o pobres según encajemos día por día en el grupo de beneficiarios del terrorismo normativo al que ya nos ha acostumbrado.

Estamos sometidos a la política de la hoguera, que subsiste consumiendo todo lo que hay a su alrededor: banqueros, empresarios exitosos, empresas privatizadas, adversarios políticos y ahora el Poder Judicial. Habrá que preguntarse que seguirá cuando consuma a todos los conspiradores que ha creado la propaganda sin escrúpulos adquirida en Brasil.

A que enemigo recurrirá el gobierno una vez que acabe con la Corte Suprema de Justicia. Tal vez seamos los ciudadanos que traicionamos al país comprando dólares porque somos tan egoístas que no nos gusta que el Estado nos asalte. Lo que es indudable es que el totalitarismo es un proceso que se retro-alimenta y necesita cada vez dosis más grandes de violencia y atropello para subsistir. Tal vez fusile en la plaza pública a algún banquero que tienen prisionero con ayuda de nuevos amigos que tiene en la Justicia para alimentar teorías conspirativas que expliquen su fracaso. Ese sistema institucional que se está instalando a paso redoblado recibe por nombre totalitarismo.

El señor Duhalde afirma ahora, acompañado de nuestra aprendiz de Robespierre la señora Carrió, que la Corte intentó "chantajearlo" con el fallo en el que declaró la inconstitucionalidad del llamado "corralito". Pero es solo una afirmación de quienes han mentido demasiado para creerles nada y que ni siquiera sirve para rebatir la solidez que de manera unánime se le reconoce a la sentencia.

Si por mera casualidad o por un repentino y milagroso despertar de la conciencia republicana la Corte perviviera a esta andada de la incivilización, la Argentina habrá dado un gran paso a favor de la institucionalidad, estableciendo un antecedente que tendrá efectos beneficiosos por muchos años.

En cambio si como parece, la desaparición de la Justicia se concreta por cualquier método que les resulte útil, nos preguntaremos si a esa cita que efectuara el Presidente respecto a que "la Argentina está condenada al éxito" no habría que completarla con la obsesión de este gobierno por indultarla

El inolvidable Tato Bores la llamó Jueza ¨Budi Budi Budía¨, para su judicial enojo. Como luego prometió no enojarse más, nos animamos a escribir esto

Sorpresivamente suspendió las declaraciones indagatorias a las 12 personas que ella imputaba de haber violado el corralito y sacar su dinero al exterior, tras haber recibido un escrito de los abogados y se abocó a su análisis para luego dar vista a la fiscalía y querellantes.

Los letrados argumentaron que no podía imputar haber violado el corralito bancario, luego que este fue declarado inconstitucional por el conocido fallo de la Corte Suprema de Justicia. "Aspiramos a que su señoría deje sin efecto la caza de brujas lanzada contra quienes lícitamente poseen ahorros en el exterior", proclamaron.

En un tono de inusual dureza contra la magistrada, los abogados sostuvieron que: "como no hubo requerimiento" de la fiscalía para el inicio de la investigación, la jueza viene actuando al respecto en violación a la ley".

A la jueza solo le queda ahora la absurda causa judicial que pretende convertir a los sucesos de la Plaza de Mayo del 20 de diciembre en un falso ´Plaza Tianamen porteño´, acusando ridículamente de una ¨masacre genocida" al saliente De la Rua, al cual se podrá enrrostar muchas falencias pero no esto. Todos sabemos que nadie murió en esa Plaza; la izquierda, su prensa y la jueza están empleando el mismo procedimiento falaz usado contra los militares que combatieron a los terroristas de los 70´. Hubo que lamentar 23 violentos muertos: 18 el día 19 de diciembre en la provincia de Bs. As. durante los saqueos, todos asaltantes muertos en defensa propia por custodias y comerciantes asaltados; hubo 5 cinco muertos el día 20 entre 3 cuadras afuera de la Plaza y el más alejado Congreso, durante los asaltos e incendios de bancos y comercios, en la plaza ninguno. El juzgado tiene todas las pruebas y la prensa así lo ha informado.

Por algo, en nada casual paralelo la prensa marxista ya nos aumenta los asaltantes muertos a 38 y los llama ¨mártires¨, seguro en algunos años mentirán sobre 300 muertos, es su técnica, en desinformar son muy eficientes. Es nuestro ciudadano deber decirlo, aunque para algunos estemos remando contra la corriente de turno.

Casi sin excepción, los diarios presentaron el reciente fallo de la Corte Suprema referente al "corralito" como si fuera un acto de corrupción de la Corte y un impedimento para la normalización del país que supuestamente estarían llevando a cabo los otros dos poderes, dando a entender que éstos son inmaculados y que están realmente llevando al país por buen camino.

Disiento. Creo que la Corte elaboró el fallo basándose en sólidos principios jurídicos. Que luego lo haya usado políticamente para defenderse de los ataques de los otros dos poderes, es otro cantar.

La Corte Suprema ha defendido el derecho de propiedad, gracias a Dios, porque ahora tenemos algún asidero para defenderlo contra los estatistas que tanto abundan en el espectro político. Y no ha sido un acto irresponsable, porque ese fallo no dice que el día que abran los bancos éstos deben devolver los depósitos como quiere hacernos creer el Presidente Duhalde, todos sabemos que eso es imposible. Simplemente dice que si el ahorrista depositó dólares se le deben devolver dólares, pero no dice cuándo y deja la puerta abierta para una negociación entre las partes según las posibilidades de cada banco.

Este fallo es un buen antecedente para la recuperación del país, pues sin ahorro ningún país puede salir adelante, y si los ahorristas fueran despojados de sus ahorros nunca más nadie volvería a ahorrar.

Por el contrario, el Poder Ejecutivo y el Legislativo están atentando contra el ahorro (aunque declamen lo contrario) al impulsar una "pesificación" que es en realidad una falsificación desde que el Banco Central acaba de ser autorizado a "emitir".

Otro sí digo: acabo de escuchar al Ministro Remes Lenicov (discurso del 3 de febrero a 19 horas) diciendo que tenemos 14 mil millones de dólares de reserva, cifra equivalente al circulante actual en pesos ....... ¿alguien puede explicarme para qué devaluaron?

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Editorial: "Un mundo ideal"

Tiene razón - ¿qué duda cabe? - la Corte Suprema cuando afirma que el corralito "aniquila el derecho a la propiedad privada garantizado en la Constitución", pero el que según la lógica jurídica tanto los bancos como el gobierno deberían eliminar en seguida la medida más odiada de los tiempos últimos, no serviría de consuelo si el resultado fuera el colapso inmediato de algunas instituciones y el abandono del país por parte de las más fuertes, lo cual reduciría sustancialmente la posibilidad de que un día los depositantes puedan reencontrarse con su dinero.

Aunque sería de suponer que algunas instituciones estarían en condiciones de permitirles a los ahorristas retirar todos los dólares y pesos cautivos, otras, sobre todo las locales, no podrán hacerlo por haber cometido el error garrafal de prestar sumas excesivas al gobierno nacional y a las provinciales. Así las cosas, si lo que quiere la Corte es asegurar que el derecho a la propiedad privada sea no meramente reivindicado en teoría sino que también sea respetado en la práctica, lo cual a juicio de la mayoría dista de ser un detalle menor, tendría que ordenar al Estado a olvidarse de los default que viene anunciando para honrar sus obligaciones con los bancos.

Desafortunadamente para los ministros de la Corte, a esta altura pocos tomarán su fallo contra el corralito por evidencia de su voluntad inquebrantable de defender el derecho básico del ciudadano de disponer de lo que, con la excepción de ciertos ideólogos populistas que insisten en que la convertibilidad era "una ficción" y que por lo tanto los dólares depositados son ficticios también, nadie negaría es su propiedad.

Desde hace dos meses la Corte es blanco de cacerolazos y otras protestas destinadas a intimidarla, de suerte que muchos atribuirán su decisión ya al miedo personal, ya al deseo un tanto tardío de congraciarse con "la gente" firmando una resolución popular sin preocuparse en absoluto por las eventuales consecuencias concretas. Además, nadie ignora que ha demorado su aporte a la solución de la gravísima crisis nacional hasta un momento en el que el gobierno daba a entender que ya estaba en vías de flexibilizar el corralito. En otras palabras, esta intervención imprevista parece demasiado oportunista como para convencer a los muchos que piensan que la Corte Suprema actual es tan indigna que sus miembros merecen enfrentar un juicio político.

A pesar de que a partir de fines de noviembre las manifestaciones contrarias a la Corte Suprema se han visto impulsadas por el corralito, el desprestigio del organismo se debe menos a su resistencia a emitir una opinión sobre aquella medida desesperada, que a su forma de actuar desde su formación por el ex presidente Carlos Menem. Conforme a sus muchos críticos, siempre se ha comportado como la rama judicial del oficialismo, aprovechando su poder para defender los intereses de sus padrinos políticos y de este modo perjudicando a los demás. También han podido señalar los críticos que en las escasas ocasiones en que la Corte Suprema ha hecho gala de su independencia, lo ha hecho por estar en juego sus propios intereses materiales, no porque haya estado dispuesta a subordinar todo a la Justicia.

El fallo que declara inconstitucional el "corralito" merecería aplauso si fuera evidente que se inspiraba en la voluntad de proteger al ciudadano común contra los atropellos de políticos y banqueros poderosos, pero puesto que pocos creerían que los ministros de la Corte serían capaces de pensar de aquel modo, se parece más que nada a un manotón de ahogado ensayado por personas que no se han dado el trabajo de preocuparse por lo que podría suceder en el caso de que surtiera efecto.

Claro, no serían los únicos que frente a un dilema muy difícil hayan procurado soslayarlo proclamando que nada los haría anteponer la realidad vulgar a un principio elevado: por el contrario el derrumbe de la economía nacional es el fruto de los errores cometidos por generaciones de políticos que, lo mismo que los integrantes de la Corte Suprema, se las han ingeniado para justificar las torpezas más tremendas, atribuyéndolas a su negativa heroica a permitir que "el pueblo" resulte perjudicado por algo tan abstracto como un déficit fiscal o la necesidad urgente de reformar una repartición estatal.

Según dicen varios diputados a cargo de la evidente caza de brujas contra la Corte Suprema - que no es un dechado de virtudes en algunos de sus miembros, pero es mejor que muchos otros jueces federales y la mayoría de los políticos – el principal argumento para expulsarlos sería ¨que evidentemente no poseen prestigio ante la población según se manifiesta en los masivos cacerolazos¨.

O estos diputados no ven la TV e ignoran la prensa, o se burlan de nosotros los ciudadanos. Mucho más fuertes que los gritos contra la Corte, en los cacerolazos espontáneos – que no son los de los jueves, armados por los gremios de abogados laboralistas y la izquierda paleolítica – son los reclamos contra ellos ¨que se vayan todos, todos los políticos, en especial los miembros del congreso¨.

Si embargo no lo sostenemos así ni lo creemos conveniente para la República, no es hora de sumar más irresponsabilidades, no deben renunciar sino asumir sus deberes hasta las próximas elecciones, adonde escucharán tronar nuestros votos ciudadanos; por las mismas razones no estamos de acuerdo en que deba irse la Corte, aunque no sea perfecta sin duda. Si de tirar la primera piedra se tratara, los tres Poderes quedarían acéfalos hoy mismo.

Sr. Director:

Hay un presidente latinoamericano que se niega a llamar "dictador" a Fidel Castro. Es autoridad en un país que no condenó a Cuba en la Comisión de DDHH en Ginebra, a pesar de las evidencias contundentes de que el régimen castrista asesina, tortura, castiga y encarcela a sus opositores políticos.

Es Primer Mandatario de una nación cuyo canciller dijo en varias ocasiones que se denunciaría la falta de democracia y las violaciones a los DDHH fuera donde fuera, pero nunca ha mencionado el caso cubano. Y es la autoridad que prohibió a su embajador en Cuba que permitiera la entrada de disidentes cubanos a su embajada en La Habana.

Este político es presidente de un país que, a pedido de un juez de otra nación (cuyo máximo tribunal se negó a enjuiciar a Fidel Castro por violaciones a los DDHH), tiene detenido a un ciudadano argentino desde hace más de un año. Irónicamente, el "delito" del que se acusa a este Compatriota es haber combatido en nuestra Patria al terrorismo entrenado, financiado y armado por el dictador caribeño.

El presidente al que me refiero es Vicente Fox, de Méjico; el juez, el mediático Garzón, de España; el argentino, el Capitán de Fragata Ricardo Cavallo, quien soporta estoicamente su injusta prisión a manos de los personajes mencionados.

Atentamente,

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