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* Encrucijada para el gobierno: la Corte abrió el "corralito" (La Nueva Provincia - 2 de febrero)

La Corte Suprema de Justicia dictó ayer la inconstitucionalidad del decreto que dio vida al "corralito" bancario e invalidó la totalidad de las sucesivas disposiciones tomadas a partir de esa reglamentación.

 

* La cuestionada Corte Suprema de Justicia de la Nación cambió el escenario nacional al declarar inconstitucional el corralito bancario (Rió Negro - 2 de febrero)

El fallo impidió el anuncio de nuevas medidas económicas y obligó a disponer un feriado bancario para el lunes y martes. El gobierno lo interpretó como "un golpe institucional" y una resolución "de imposible cumplimiento". Sectores políticos dijeron que implica una "extorsión" a los otros poderes, principalmente al Parlamento, que comenzaba a analizar los numerosos pedidos de juicio político contra la Corte. Admiten que todos los bancos se verán en graves problemas y muchos quebrarán. Duhalde volvió a hablar de una "bomba de tiempo" y de los riesgos de anarquía que corre el país.

 

La Justicia aguarda, para los próximos días, una avalancha de presentaciones de ahorristas tendientes a que les devuelvan su dinero encorsetado en los bancos por los gobiernos delarruista y duhaldista.

 

La Iglesia estimó anoche que el fallo de la Suprema Corte de Justicia, declarando la inconstitucionalidad del "corralito" financiero, plantea una situación nueva y muy peligrosa.

 

Las nuevas medidas económicas podrían anunciarse mañana. Buscan la manera de flexibilizar el corralito para esquivar el fallo de la Corte. Se descartan la liberación total de las cuentas sueldos y de los depósitos por indemnizaciones. También se podrían fraccionar los plazos fijos y traspasarlos a otras cuentas. Los funcionarios de Hacienda analizaron qué harán con el corralito, podría sufrir modificaciones que lo hagan más flexible y así esquivar el fallo de la Corte.

 

La concentración siguió al discurso presidencial desde Olivos. Esta vez tuvo menor intensidad, tanto en los barrios como en la Plaza. También, hubo menor presencia de fuerzas policiales.

 

Declaró inconstitucional el corralito financiero. El Gobierno postergó los anuncios económicos por temor a una avalancha de reclamos judiciales. Duhalde dijo que era una decisión "muy grave". El gobierno busca un nuevo marco jurídico para retomar la iniciativa

 

La decisión de seis jueces que invalidaron el corralito juntó sólidos argumentos jurídicos con inconciencia política. Y descubrió un conflicto de poderes que se acentuará en los próximos días.

 

El ex presidente español Felipe González sostuvo que en la crisis argentina "el FMI no actuó bien, pero Argentina lo ha hecho peor". Aseguró: "Qué bueno que tenemos al FMI para echarle la culpa de las brutalidades que cometemos. El FMI no lo ha hecho bien, pero Argentina lo ha hecho peor".

 

El ex ministro de Justicia consideró que el Gobierno "tiene la posibilidad" de sortear el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional al "corralito" estableciendo un nuevo régimen que flexibilice la actual restricción bancaria. Asimismo, Arslanián admitió que "la Corte tiene un alto grado de deterioro".

 

La Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) expresó que el fallo emitido por la Corte Suprema "legaliza el legítimo reclamo popular contra ese engendro y le otorga al Gobierno un poder de negociación de gran magnitud frente al sistema financiero interno y externo".

 

El diputado Héctor Polino afirmó hoy que el fallo de la Corte Suprema "justifica aún más la promoción del juicio político" en contra de los miembros del alto tribunal porque "tiene una clara motivación política". Así lo manifestó el legislador del Socialismo Democrático a través de un comunicado.

 

El presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Feletti, y el gerente del Credicoop, Carlos Heller, consideraron que debe haber un plan ordenado para devolver los depósitos porque, de lo contrario, los ahorristas pueden perder su dinero

 

El presidente del FMI, Horst Koehler, señaló que si bien "la decisión de la Corte Suprema complica todo, sigo pensando que lo correcto es levantar las limitaciones" para que a los ahorristas se les devuelva gradualmente su dinero.

 

Ha sucedido lo único que le faltaba a la caótica Argentina: un intento - por ahora, un intento - de golpe de Estado judicial. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de ayer, que virtualmente levantó el corralito financiero, puede leerse desde la perspectiva del Derecho o, como siempre les gustó más a sus miembros, desde la más cruda práctica política.

La decisión de la Corte de preservar el derecho a la propiedad, que descubrió vulnerado justo dos meses después de perpetrado el atropello, está en el conocimiento de un lego con sólo repasar la Constitución. No está en discusión, por lo tanto, si los argumentos del tribunal son sólidos o no; lo son a la luz de cualquier interpretación de las leyes argentinas.

Desde Domingo Cavallo hasta Remes Lenicov han cometido gruesos errores en el manejo final de la crisis financiera y los propios bancos han hecho su contribución a la razonable irritación de una sociedad demasiado castigada.

Pero a nadie escapa que la Argentina es una excepción cada vez más grave. Los bancos no tienen ahora los 60.000 millones de dólares que los ahorristas le reclamarían en 24 horas y el torbellino social que desencadenaría esa carencia podría desembocar en la quiebra generalizada del sistema financiero. Desde ya, el consiguiente tifón político estaría en condiciones de llevarse en pocos días al gobierno de Eduardo Duhalde.

Todo debe decirse: la acordada de ayer coloca a la crisis política, económica y social en ese punto casi terminal y abre un interrogante sin esperanza sobre el futuro inmediato del país.

Y aún cuando muchas críticas a los bancos pueden resultar justas y consistentes, lo cierto es que ninguna economía - y, por lo tanto, ningún país - puede funcionar si carece de un sistema financiero. El debate consistía en cómo se restablecía su credibilidad pérdida y no en cómo se lo destruía más rápida y eficazmente.

Por una razón o por otra, la acordada de ayer no fue entonces una honesta defensa del derecho a la propiedad, sino una revancha política frente al Gobierno, al que acusan de perseguirlos.

El funcionario más preocupado hasta el mediodía de ayer era Remes Lenicov, que envió mensajes urgentes y desesperados a la Corte. Las respuestas fueron inamovibles: o se alejaba al tribunal de cualquier amenaza de juicio político o la Corte avanzaría en la inconstitucionalidad del corralito.

La advertencia de la Corte ni siquiera era nueva. Hace varias semanas hizo trascender que levantaría las restricciones financieras si se ponía en duda la continuidad de sus miembros. Ayer cumplió su promesa, aunque otra vez la Justicia haya decidido un acto demagógico, sólo de acuerdo con la situación personal de los jueces. Lejos, muy lejos de una sociedad extenuada.

Entre otra razones, defendimos la permanencia de la Corte por pensar – idea que mantenemos - que tenían razón en su posición anterior de que soltar de golpe el corralito era letal para el país y particularmente para los mismos ahorristas encerrados. Una cosa es saber que el corralito fue consecuencia de muchos y graves errores anteriores, otra atacarlo, como si en la emergencia hubiera solución menos dañina. Lo que ha hecho la Corte es algo así como, en lugar de atacar a los que tiran gente por la ventana y evitar que los sigan tirando, decretar que la Ley de Gravedad no existe. La gente seguirá cayendo.

Atacada la Corte por la izquierda desde antes del 1 de diciembre, a lo cual se suman luego los ahorristas encerrados - actuando irracionalmente por su justo enojo -, al gobierno y a los diputados no se les ocurre nada mejor que soltarle ahora la mano a la Corte y sumarse al juicio político.

Algo esquizofrénico: ese gobierno y los diputados que de hecho apoyan el corralito y el 13 % de menos en los sueldos, ahora por miedo antes los cacerolazos agreden a la Corte por avalar esas medidas. Incorregibles como siempre y además, políticamente suicidas.

La Corte avisó que se defenderían , no les hicieron caso y contraatacaron, anulando la constitucionalidad del corralito. Entendible su acción si fuera una lucha entre mafias, inaceptable e indignante en su suprema responsabilidad como Corte; excepto un milagro ahora puede explotar todo.

Para peor, los políticos que avalan el corralito engañan a la gente y mediáticamente le echan las culpas de sus desatinos a los bancos - y esta gente sale a romper bancos, de allí lo de irracionales - es justo el enojo y otra cosa no reaccionar en dirección a la sensatez.

A) El Gobierno diseña un corralito diferente para eludir el fallo o un Plan tipo Bonex; la gente que hoy cree que con el fallo ganó, retoma la violencia, en particular contra los bancos, en otra pueblada violenta.

 

 

B) El Gobierno no hace nada, tras trámites judiciales expeditivos, miles de ahorristas intentan sacar su dinero, el primer 15 % tiene suerte y el resto queda colgado, quebrando casi todos los bancos y reventando el sistema financiero; la gente le echa la culpa a los bancos y tenemos la pueblada.

 

 

C) El Gobierno emite miles de millones y vía redescuentos le da efectivo a los bancos, los cuales pagan todos los ahorros acorralados; hay una inmediata hiperinflación con la subsiguiente pueblada.

La Nación requiere un plan económico estratégico. Y mientras sigamos sin él, la falta de control, la recurrencia de situaciones imprevistas, la inexistencia de guía de acción, la visión de corto plazo y la ausencia de criterios para decidir inversiones y gastos serán una constante en la sociedad toda. Un cuadro así, a la larga, deviene en luchas intestinas y caza de brujas, como bien ya se empieza a observar.

Un plan estratégico exige un adecuado marco institucional y legal apoyado en la aceptación universal de principios generales fijos, derivados de la ética, como medio para crear el orden social que impulsa el crecimiento económico. Cuando las reglas son claras y permanentes, el ahorro interno y la inversión surgen en cantidad suficiente como para motorizar un desarrollo sostenido.

La convertibilidad no cayó por sí misma: lo hizo porque no era sustentable con un esquema de gasto público creciente, financiado con deuda externa e interna. Dada la histórica irresponsabilidad de la dirigencia, la convertibilidad, con sus múltiples inconvenientes, logró que la sociedad creyera en el valor de su moneda.

Así las cosas, si hoy no establecemos un sistema monetario que se apoye en instituciones fuera del control gubernamental, el problema de credibilidad será una bomba de tiempo.

Cuando el público corrió a retirar sus dólares, no los encontró, porque, como en todo sistema financiero que funciona en el mundo, los dólares estaban prestados, con un encaje parcial que no podía responder al deseo casi simultáneo de tanta gente. El corralito fue una salida que apuntó únicamente a lo coyuntural - olvidándose de lo estratégico -, y la desconfianza creció, con lo que se acentuó el problema en el mediano plazo.

Sólo instituciones fiscales creíbles, que imposibiliten un gasto público desbordado, son las que restablecerán la confianza. Reformar el Estado, hacer eficiente el gasto público, alcanzar el equilibrio fiscal (apuntando al superávit), reestructurar la deuda, modificar la coparticipación y rearmar el sistema previsional y de salud son la prioridad, al tiempo que se regulariza la relación con el exterior, para volver a importar con fluidez.

Y un plan se construye con el consenso general. Para eso, lo que se requiere de la dirigencia es una fluida comunicación con la sociedad, sobre la base de la verdad.

Por tanto, como la sociedad quiere como reserva de valor una moneda fuerte, lo que debe evitarse es la pesificación a ultranza. Porque con ella lo que se está estimulando es la desmonetización de la economía, dada la acentuada tendencia de la gente a no desprenderse de dólares.

Dejar en claro cuál es la preferencia de la gente es fundamental. No olvidemos las últimas elecciones. A partir de allí, definir la visión y la misión es la base sobre la cual podrá definirse un plan que rehaga la confianza y trace el cauce para el esfuerzo. De no hacerlo rápidamente, el riesgo para la seguridad de la Nación es muy grave.

El autor es economista. Primer premio ADEPA (Economía) 2001.

En La Prensa del jueves 24 de enero se lee que la Fiscalía de París ha pedido la extradición de un coronel retirado, acusado de la desaparición de un ciudadano franco-chileno el 1 de noviembre de 1975 en Buenos Aires "durante la dictadura argentina", según reza el texto de la información.

En noviembre de 1975 no existía en la Argentina ninguna dictadura militar sino el gobierno caótico y descontrolado de una presidente incompetente (cualidad que no es privativa de ningún partido político argentino), viuda de un presidente fallecido y que tenía por "director espiritual" a un amante apodado "El Brujo", de nefasta memoria.

Considero que las organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras así como los gobiernos escandinavos y europeos y los jueces de esas nacionalidades, que continuamente asedian a los militares argentinos por sucesos ocurridos durante la denominada "dictadura militar", deberían aprender un poco de Historia Argentina (Isabel Perón fue derrocada recién el 24 de marzo de 1976), ya que la imagen que proyectan es la de unos "burrócratas" consumados, ignorantes y poco serios.

La Argentina, en menos de un mes, sufrió la aceleración de un proceso que fue incubándose durante décadas. En una dicotomía permanente que divorció la política de la economía, la Argentina fue, poco a poco, deslizándose hacia el desastre...

...De este modo llegamos a la Argentina de hoy. Con un sistema político completamente colapsado, trabado en su funcionamiento; un sistema en el que la población ya no cree y representado por dirigentes a los que prácticamente el 50% del electorado repudia. Pero, además, con un régimen económico también colapsado y trabado en su funcionamiento, con deudores que no pagan, acreedores que no cobran, bancos que no hacen frente a sus obligaciones y empresas que funcionan prácticamente por inercia. Cuando funcionan...

...Si uno se toma el trabajo de resumir las propuestas que en los últimos diez o doce meses han estado circulando por Internet, es posible obtener un cuadro bastante certero de la percepción que la gente tiene acerca de los hechos. Pero ya un análisis superficial revela que el Pueblo, al igual que su Gobierno, está más dando manotones de ahogado que enfocando el problema de un modo estructural. Porque la lista de propuestas, en realidad, no es una lista de propuestas sino una lista de deseos.

Hay algo que todos deberían entender: ninguno de estos deseos puede ser realmente concretado dentro de la actual estructura política del país. Para poder hacerlo, se necesita reorganizar a toda la Argentina de un modo completamente diferente. La Argentina no ganará nada tratando de hacerle parches al actual sistema. Lo que necesita es otro sistema. El parche es justamente lo que tiene ahora.

...Técnicamente y por más que aúlle de indignación la "clase media" lo único correcto que cabe hacer es liberar al Estado de su corral primero, para poder liberar a la economía del suyo después. La Argentina no tendrá nunca una economía realmente libre si no tiene primero un Estado realmente soberano. Y solamente disponiendo de ambas cosas podrá aspirar luego a tener una sociedad justa. Hay que prestarle atención a las prioridades porque en esto el orden de los factores sí altera el producto.

Lo primero que hay que hacer en la Argentina es ponerla íntegramente sobre nuevas bases políticas. Para ponerlo en los términos que tanto agradan a los que siempre quieren tener ejemplos exitosos de otros países: más que un Pacto de La Moncloa, la Argentina necesita una Quinta República francesa. Una nueva República en dónde el Estado no esté definido en los términos dogmáticos de una democracia liberal anacrónica y obsoleta sino en términos de funcionalidad institucional, eficacia ejecutiva, eficiencia administrativa y responsabilidad personal para sus funcionarios.

Lo que hay que hacer en la Argentina es reconstituir y unificar el Poder político, independizándolo del sistema financiero y restaurando al Estado en sus funciones esenciales de síntesis de conflictos, conducción de proyectos y previsión de adversidades...

...Con un Estado correctamente montado y un Plan Estratégico adecuadamente formulado, lo que hay que hacer en la Argentina es exigir de los dirigentes una responsabilidad personal e indelegable por el resultado de su gestión....

www.geocities.com/prensa_independiente/A-3feb1_2002.htm

Señor Director:

"En la entrevista al presidente Duhalde publicada por La Nación el 13 de enero, página 6, en referencia al papel de las FF.AA., el mismo dice: ..."Acá hace 30 años pasó lo que pasó, hay una herida muy grande en la sociedad, pero desgraciadamente si en las Fuerzas Armadas queda alguna persona sospechada de haber tenido participación hay que sacarla. Tienen que integrarse; son instituciones básicas."...

"Sigo observando en estas expresiones el tratamiento desigual entre los principales actores de la guerra civil de la década del 70 -reconocida como tal por los mismos intervinentes y por cualquier historiador idóneo en el tema de conflictos internos armados de la historia de la humanidad- como si del enfrentamiento armado sólo fueran responsables las instituciones armadas de la República que tenían que defenderla y que además, iniciaron su acción por mandato de un presidente constitucional.

"Debo señalar que la realidad es que toda la dirigencia argentina - en particular la política - fue la responsable de los hechos originados en la década del 50 que culminaron con el enfrentamiento armado de los 70 llevándonos posteriormente al estado de crisis actual. No es posible afirmar que lo ocurrido fue responsabilidad sólo de un sector o de determinadas personas.

"¿Que si hubo errores en la conducción y ejecución de ese conflicto armado? Seguro que los hubo, como en toda guerra y más en ésta, donde la cultura de la violencia que se venía desarrollando en el país contribuyó a que los sectores enfrentados dejaran de lado los derechos constitucionales, las leyes internacionales y la conceptualización de los derechos humanos. La ciudadanía en general (incluyendo a la clase política) convalidó la lucha apoyando a las FF.AA., aunque hay que reconocer que ciertos sectores ideologizados, simpatizaron con los jóvenes revolucionarios que tuvieron, además, importante apoyo del exterior.

"La solución de todo problema se inicia siempre con su reconocimiento y el convencimiento de que sólo unidos detrás de un proyecto serio podremos enfrentar el futuro con éxito.

"Por esta razón, reitero que se atenta contra la reconciliación, al discriminar a los miembros de las FF.AA. que participaron institucionalmente en la lucha contra el terrorismo subversivo, prohibiéndoles que continúen en el ejercicio de su profesión o que no puedan ingresar en la administración pública, mientras que conspicuos ex dirigentes y militantes jerarquizados de las organizaciones ilegales que ejercieron la violencia y el terrorismo, pueden desempeñarse como miembros del poder ejecutivo de la nación, de las provincias y de los municipios, así como de las respectivas legislaturas y más aún, desempeñarse como jueces en las distintas instancias y jurisdicciones.

"¿Es posible que ante la grave encrucijada en que se encuentra la República sólo se piense en los intereses sectoriales? ¿Por qué se sigue alimentando el resentimiento, la venganza y el odio entre los argentinos? ¿Será porque esos elementos de seudos DD. HH. que actúan así, son en su mayoría financiados por instituciones o gobiernos extranjeros que tienen sus propios intereses, los cuales no armonizan con nuestrosbjetivos nacionales? ¿Nuestros políticos no toman conciencia del problema existente y persistente o son parciales?

"Señor Presidente, por favor no se equivoque. No permita que se continúe discriminando. Sólo la unión entre todos los argentinos y la convergencia detrás de un proyecto nacional que se inserte en la realidad mundial, podrá sacarnos de esta crónica crisis evitando que nos acerquemos a un punto peligroso de anarquía y disolución nacional."

Señor Director:

"Primero fue el voto bronca, después el cacerolazo y ahora la indiscriminada agresión verbal y física a los políticos. Me pregunto cuál es el grado de total honestidad y compromiso cívico que podemos exhibir todos, para condenar así, en forma tumultuosa y escudados en el anonimato masivo, a una sola clase y a una sola actividad de nuestra sociedad.

"Los argentinos no podemos ignorar que toda nuestra vida hemos practicado o tolerado pasivamente la avivada, la picardía criolla, "la cometa", la elusión fiscal o la violación de todas las reglas y ordenanzas que intentan encauzar nuestras existencias en comunidad.

"Pero ahora, de pronto, todos nos convertimos en párvulos inocentes, niñitos de salita rosa y lapidamos a los políticos, esos seres corruptos e indignos, quizá llegados de lejanas galaxias que nos han robado nuestro dinero y nuestras ilusiones.

"Me parece que estos procederes, además de extremadamente peligrosos, son de un infantilismo que recuerda al "yo no fui" de nuestros hijos. Reflexionemos serenamente. No bastara con golpear la cacerola a la noche y colgar la bandera en el balcón, si a la mañana no nos comportamos como íntegros y honestos ciudadanos en todas nuestras habituales actividades.

"La exigencia no debería ser para una sola clase social y, lamentablemente, hasta ahora, eso no es lo que he visto en mis largos años de vida en mi país."

A ningún viajero en Buenos Aires deja de impresionarle la arquitectura de antiguos edificios y sus amplias avenidas que recuerdan las capitales más bellas de Europa. Por el contrario, en las primeras décadas del siglo XX, la ciudad de México, Caracas, Lima, Bogotá, etc. eran pueblos grandes, sin más atractivo que las iglesias y las mansiones coloniales.

La inmensa riqueza agrícola y ganadera argentina, la cual hasta la Segunda Guerra alimentaba a medio mundo, despertó la codicia de sus políticos, quienes desde los años 30 se han dedicado casi exclusivamente a redistribuir la riqueza nacional, canalizando hacia sus propios bolsillos una creciente porción del botín.

La triste historia de la Argentina moderna, la causa de la diáspora que nos permite encontrar porteños en todos los rincones del mundo - cuando antes eran los españoles, italianos e ingleses quienes emigraban a la Argentina - ha sido el total irrespeto de sus políticos por la propiedad privada.

El súmmum de tal irrespeto es lo que hoy sucede, cuando a la gente pobre y de clase media se le niega el acceso a sus ahorros, viéndose ellos obligados a regresar al trueque para poder alimentarse. Es realmente sorprendente que tal atraco no provoque un indignado rechazo mundial, pero es que hoy se cree que los gobiernos pueden hacer lo que quieran con la propiedad del ciudadano, como si el dinero, la casa, la finca de Pedro y Juan fuesen tanto menos importantes que el alimento de las ballenas o la supervivencia de las lechuzas.

No menciono a los argentinos ricos porque si siguen siendo ricos hoy es que han tenido la precaución de desconfiar en los políticos y mantienen buena parte de sus fortunas más allá del alcance de éstos, en inversiones y cuentas bancarias en Nueva York, Londres y Suiza. Pero mientras más pobre es la gente, mayor proporción de sus activos está concentrada en el último salario recibido y en la cuentita de ahorros. Esos son los más golpeados por la horrible corrupción y criminal incapacidad de los gobernantes argentinos.

Los socialistas aprendieron bien la técnica de la desinformación, perfeccionada por sus viejos maestros de la Unión Soviética. Leyendo los reportajes de France Presse y de EFE (dos servicios de prensa de propiedad estatal), como también al New York Times, uno pronto queda convencido de que el principal culpable de la tragedia argentina es la llamada caja de conversión o ley de convertibilidad, que a lo largo de una década aseguró un cambio de 1 X 1 con el dólar e impedía que el gobierno imprimiera más pesos que los dólares que ingresaban a las reservas del Banco Central.

La caja de conversión argentina no era perfecta; su falla principal es que el Congreso podía eliminarla cuando le viniera en gana, como en efecto lo hizo. La lección es que cualquier moneda nacional que esté sujeta a decisiones políticas es tan confiable como confiables son los políticos de turno.

Ya pocos parecen recordar que la inflación en Argentina en 1990 alcanzó 2,315%. La situación de entonces era tan caótica como la actual: la gente cobraba su sueldo y salía corriendo a gastarlo para no perder poder adquisitivo. La ley de convertibilidad no fue otra cosa que la admisión por parte de los políticos de que el pueblo rechazaba la moneda nacional y prefería el dólar.

Domingo Cavallo declaró al Wall Street Journal, el 13 de enero de 1995, que ``cada peso es un contrato entre el gobierno y el tenedor del peso. Ese contrato garantiza que cada peso --unidad de valor por el cual el tenedor ha trabajado arduamente-- valdrá tanto mañana como hoy. Si el gobierno incumple ese contrato, estaría quebrantando la ley. El único papel del gobierno en la economía debe ser garantizar la integridad de las transacciones en el mercado''. Pero de eso no se acordó ni Cavallo mismo.

Una moneda sana es sólo uno de varios requisitos para la prosperidad ciudadana. Lamentablemente, la dureza misma del peso le permitió al gobierno argentino endeudarse en 140 mil millones de dólares, una vez que había dilapidado el dinero proveniente de las privatizaciones, las cuales en gran parte se hicieron para favorecer a grandes grupos económicos cercanos al gobierno. El FMI sí corre con la responsabilidad de haberle suministrado licor al borracho que conducía a la nación argentina, empeorando la situación al exigir que a cambio de esos millones adicionales se aumentaran los impuestos, al punto que cayeron dramáticamente los ingresos fiscales y se produjo la cesación de pagos.

La tragedia argentina es el resultado de la flagrante violación de los derechos de propiedad de los ciudadanos por parte de políticos demagogos, ineptos y corruptos, apoyados por la burocracia internacional.

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